Proyecto impone sanciones a funcionarios del Gobierno que no cumplan con el deber de reglamentar leyes emitidas por el Congreso.

El Poder Ejecutivo vetó el decreto legislativo correspondiente al expediente 23.192 que fue aprobado el pasado 13 de febrero y que impone sanciones a los funcionarios del Gobierno que no cumplan con el deber de reglamentar las leyes emitidas por el Congreso.

En el documento firmado por el ministro interino de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, y el presidente Rodrigo Chaves Robles, se explica que la decisión es tomada por razones de "oportunidad, conveniencia y constitucionalidad", aunque el veto solo enumera razones constitucionales.

Las justificaciones del veto

En las justificaciones del veto, el Ejecutivo indicó que el documento no fue fue consultado con las instituciones autónomas, municipalidades del país y la Corte Suprema de Justicia, tal como lo indica los artículos 167, 168 y 190 de la Constitución Política, y los artículos 126 y 127 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Según el Ejecutivo, esa omisión vulnera los principios de publicidad y participación política, derechos de enmienda y principio democrático.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que esta iniciativa debía consultarse a esas instituciones, pero en el Sistema Integrado Legislativo no figura que las consultas se hayan realizado a esas instituciones.

Otra situación alegada por el gobierno es que los artículos 1 y 2 del decreto legislativo contienen lesiones constitucionales de fondo.

En el caso del artículo 1, se establece un plazo de seis meses para reglamentar las leyes, pero las autoridades de gobierno indican que no todas las leyes requieren reglamentación, lo que según ellos genera incertidumbre en los procesos y viola el principio de seguridad jurídica.

"La falta de claridad derivada de la mala técnica legislativa utilizada violenta el principio de seguridad jurídica", afirma el veto.

Por otro lado, el artículo 2 del decreto legislativo detalla una sanción penal para los funcionarios que no cumplan con la obligación de reglamentar las leyes, lo cual el gobierno calificó de desproporcionado e irracional.

"No contempla la existencia de suficientes herramientas de control administrativo, disciplinario e incluso jurisdiccional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del ejercicio de la función pública. Ignora la naturaleza propia del derecho penal, pues convierte una falta administrativa o de gestión administrativa en un delito, sin considerar si hubo dolo, culpa grave o negligencia en la omisión de reglamentar", especifica el veto y agrega:

La conversión de esta omisión en una conducta penalizable conlleva una acción a todas luces desproporcionada en la respuesta del legislador, quien recurre al derecho penal sin considerar las alternativas sancionatorias ya disponibles en el ordenamiento jurídico nacional".

El veto hace énfasis en que la pena de inhabilitación de uno a cuatro años para los funcionarios que no cumplan con la obligación de reglamentar las leyes, no guarda relación con la gravedad del delito.

"La falta de emisión de un reglamento dentro del plazo establecido, sin evaluar circunstancias objetivas que pudieran justificarla, es sancionada con el mismo rigor que delitos que efectivamente lesionan bienes jurídicos fundamentales", añadió el Ejecutivo.

Desde el gobierno afirmaron que la criminalización de la omisión de reglamentar una ley puede
generar efectos adversos en la administración pública. Las autoridades mencionaron que la "amenaza" de una sanción penal podría incentivar la emisión apresurada de reglamentos sin el debido análisis técnico y jurídico, afectando la calidad normativa, la seguridad jurídica y generando incertidumbre en la aplicación de las normas.

Para el Ejecutivo, el decreto legislativo 10.656 también viola el principio de separación de poderes, ya que al imponer al Poder Ejecutivo la obligación de reglamentar las leyes en un plazo determinado, se interfiere en su autonomía y facultades constitucionalmente asignadas.

Reacciones

El proyecto fue aprobado con 36 votos a favor y solo siete en contra, todos provenientes de la fracción oficialista. Tras el veto, la socialcristiana y proponente de la iniciativa, Daniela Rojas Salas, afirmó que este proyecto es de gran importancia para el país, ya que existe un exceso de burocracia a la hora de reglamentar.

En ocasiones, incluso porque a algunos jerarcas no les gusta cómo quedó la ley, se demoran en reglamentar para que así no se pueda implementar. No es posible que la Asamblea Legislativa haga su trabajo de aprobar los proyectos de ley y el Ejecutivo no reglamente en tiempo. Si una ley se aprueba, no es para que se engavete, es para que se pueda aplicar y buscar un Estado más eficiente para todos".

La legisladora indicó que, junto con su fracción, revisaran el veto para decidir las acciones a tomar. Además ironizó con que "pareciera que el presidente quiere implementar una moda de vetos", en referencia a que la semana anterior se dio el veto al proyecto de vuelos baratos y ahora se menciona uno parcial a la propuesta para reducir impuestos a los trabajadores independientes.