El ente defensor solicitó al PANI un reporte de intervención a favor de la niñez con el fin de indagar sobre su bienestar y garantizar sus derechos básicos.
Desde el 20 de febrero de 2025, cuando arribó a Costa Rica el primer grupo de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes ha mantenido una presencia activa como observadora, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes que forman parte de este proceso.
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Ante esta situación, el ente defensor solicitó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) información detallada sobre el estado de salud física y mental de los menores deportados, así como sobre su acceso a alimentación y educación durante su permanencia en el país. "Para esta Defensoría es necesario recalcar que, más allá de los procedimientos administrativos, detrás de cada persona migrante hay una historia de vida y en el caso de las personas menores de edad, requieren atención y cuidados especiales".
Además, consultó si entre los menores hay personas no acompañadas por sus progenitores o responsables legales, cuál es su situación sociopsicolegal y su rango de edad. Asimismo, requirió detalles sobre su identificación, incluyendo la documentación con la que ingresaron al país, como pasaportes o credenciales que indiquen su procedencia, nombres de sus padres y fecha de nacimiento.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al PANI informar si dispone de traductores oficiales proporcionados por el Gobierno de Costa Rica en los idiomas de origen de los menores migrantes. Se tiene conocimiento de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contratado traductores exclusivamente para evaluar el retorno voluntario, por lo que es fundamental esclarecer si este servicio está garantizado para otras necesidades.
Adicionalmente, el ente defensor pidió información sobre la presencia de menores de edad con discapacidad y, en caso afirmativo, informar sobre las coordinaciones con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) para brindarles el apoyo necesario. También se solicitó detallar si entre los menores hay casos de enfermedades físicas o mentales y, de ser así, realizar las coordinaciones respectivas con el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Nacional de Salud Mental u otros centros médicos pertinentes.
Según la Defensoría, dado que se desconoce el tiempo que estos menores permanecerán en el país, el PANI debe informar qué medidas se implementarán para garantizar su derecho a la educación. En esa línea, pidió precisar si cuentan con vestimenta adecuada para el clima de la Zona Sur, y con los insumos de higiene y limpieza necesarios.
Finalmente, el ente defensor consultó si el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) dispone de un profesional en nutrición, así como detalles sobre la alimentación proporcionada a los migrantes, especialmente a los menores de edad, considerando la diversidad de sus países de origen.
