Texto reconoce que propuesta fue presentada sin conocer la sentencia completa de la Sala Constitucional sobre el tema.

El diputado de Nueva República (NR), Fabricio Alvarado Muñoz, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.788) que pretende “tutelar” la objeción de conciencia en el país. El proyecto presentado propone que la objeción de conciencia pueda ser presentada de forma escrita o verbal y no amerite de la verificación documental posterior.

La exposición de motivos de la iniciativa de ley reconoce que la Sala Constitucional falló recientemente sobre este tema, al rechazar cuatro recursos de amparo presentados contra los decretos ejecutivos 40.422 y 38.999, que buscan erradicar la discriminación hacia la población LGBTI en instituciones del Poder Ejecutivo, y a pesar de que todavía no se conoce esa sentencia completa, indica:

La Sala Constitucional señaló que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto, sino que debe armonizarse con otros derechos fundamentales, por eso este proyecto es fundamental debido a que viene a brindar seguridad jurídica a las personas que consideren la igualdad y la no discriminación en cualquier ámbito, sin demitir el credo, religión o creencias”.

El proyecto presentado establece que al aplicar la objeción de conciencia se presumirá “la sinceridad” de la persona “por la disposición a cumplir una presentación alternativa razonable”, o por la “existencia de una norma obligatoria por la confesión religiosa a la que pertenezca de modo comprobado el objetor”.

Además, la propuesta introduce el concepto de "objeción de ideario", que permitiría a las personas jurídicas la posibilidad de abstenerse de “celebrar contratos, realizar cualquier tipo de actos o prestar servicios que atenten o nieguen sus creencias, valores ideológicos, morales y principios religiosos que rigen su pensamiento y conciencia”.

Finalmente, el texto presentado establece que, para los servicios públicos esenciales donde personas funcionarias manifiesten alguna objeción de conciencia para brindar su servicio, “el Estado deberá suplir la eventual carencia de personal en servicios públicos esenciales con personal que no encuentre lesionados sus derechos humanos y que no sean objetores de conciencia”. Para estos casos el proyecto señala que las instituciones públicas deberán contar con un protocolo para garantizar la prestación de estos servicios.

El proyecto de Alvardo fue presentado con las firmas de respaldo del resto de la bancada de Nueva República.