Diputada también presento dos proyectos para dar incentivos a cooperativas de mujeres y a empresas que reciban una certificación empresarial en equidad de género.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.730) que pretende reducir a la mitad el Impuesto sobre la Renta que pagan las mujeres trabajadoras independientes, con ingresos inferiores a los 1.7 millones de colones mensuales.
El Impuesto sobre la renta se cobra de forma escalonada, dependiente de los ingresos anuales:
- Sobre el exceso de 4.127.000 de colones y hasta 6.164.000 de colones anuales, se cobra 10%.
- Sobre el exceso de 6.164.000 de colones y hasta 10.281.000,00 de colones anuales, se cobra el 15%.
- Sobre el exceso de 10.281.000 anuales y hasta 20.605.000 de colones anuales, se cobra el 20%.
- Sobre el exceso de 20.605.000 anuales, se cobra el 25%.
La iniciativa de ley propone que para las mujeres trabajadoras independientes que sean jefas de hogar, en los primeros tres tramos el porcentaje a cobrar sea la mitad, es decir, para el primer tramo se cobraría un 5%, para el segundo un 7.5% y para el tercero un 10%, pero para el último tramo se mantendría la tarifa del 25%.
El proyecto señala que el beneficio aplicará para las mujeres que sean identificadas como el principal del sustento de su núcleo familiar, según las bases de datos de instituciones públicas, y que a su vez desempeñe actividades económicas de forma autónoma, debidamente registrada como contribuyente en el Ministerio de Hacienda bajo el régimen de tributación simplificada o general.
El proyecto establece que le corresponderá al Ministerio de Hacienda establecer un formulario digital para que las mujeres puedan solicitar este beneficio, así como de definir el plazo durante el que recibirá las solicitudes de la reducción del impuesto de sobre la renta.
Según señala la exposición de motivos:
La propuesta de reducción fiscal para las mujeres jefas de hogar trabajadoras independientes representa un paso decisivo hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y equitativo”.
Adicionalmente, este mismo miércoles la diputada Carballo presentó otros dos proyectos para fomentar la inclusión de las mujeres en actividades económicas. La primera de las iniciativas (expediente 24.728) crea un “Sello Violeta”, que sería una certificación empresarial en equidad de género, como reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a las empresas que implementen y mantengan prácticas laborales inclusivas con enfoque de género. Las empresas que reciban el “Sello Violeta” recibirían beneficios fiscales como una reducción en el porcentaje del impuesto sobre la renta según.
Dato D+: A pesar de que el expediente 24.728 habla de una reducción del Impuesto sobre la Renta a empresas que reciban el "Sello Violeta", en la reforma propuesta se propone modificar el inciso c) del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092), que aplica a personas físicas con actividades lucrativas.
La otra iniciativa presentada (expediente 24.730) establece una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los bienes y servicios brindados por las Cooperativas de Mujeres, las cuales tendrían una tarifa reducida del 4% por los bienes y servicios que vendan.
En un comunicado de prensa la diputada fundamentó sus propuestas indicando que “según el Estado de la Nación 2023, solamente 4 de 10 diez mujeres en edad de trabajar, buscan o tienen empleo; mientras que en los hombres participan 7 de cada 10. Además, la mayoría de las personas fuera de la fuerza de trabajo son mujeres. El 45% de ellas no pueden trabajar remuneradamente, o al menos buscar activamente un empleo, debido a sus responsabilidades familiares. En los hombres esta razón representa apenas un 3%”.
Los tres proyectos fueron presentados con las firmas de respaldo de las compañeras de bancada del PUSC Daniela Rojas Salas y Vanessa De Paul Castro Mora. Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, de no ser convocado por el Poder Ejecutivo el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero del 2025 para iniciar su trámite correspondiente.