Recortes en la inversión social acrecientan las desigualdades y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables, según la Defensoría.

El día de hoy, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento sobre el debilitamiento de la inversión social y el retroceso que esta genera en los derechos de las poblaciones más vulnerables; desde el ente defensor recalcaron que este ha sido uno de los temas que ha sido prioritario a lo largo de la presente gestión.

Y que, además, vienen advirtiendo de esta situación desde diciembre de 2023, principalmente centradas en el "impacto de sectores de la población y áreas del Estado como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud, los derechos laborales, la seguridad económica de las personas adultas mayores, la niñez y la adolescencia, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en condición de calle, la población en condición de pobreza, las personas afrodescendientes e indígenas y la seguridad alimentaria, entre otros temas de gran complejidad en la garantía y respeto de los derechos de los y las habitantes".

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En materia de salud, para la Defensoría se requiere explorar soluciones estructurales en el manejo de las listas de espera, infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención, dotación de recurso humano especializado, medicamentos, fortalecimiento del régimen de pensiones y abordaje integral de situaciones relacionadas con la atención de la salud mental, así como la situación con la lista de espera de personas en pobreza para optar por una pensión por el Régimen No Contributivo de la CCSS.

En educación, el ente defensor ha hecho hincapié en la seguridad a un financiamiento adecuado así como una ampliación de la cobertura del bilingüismo, la educación técnica, la ampliación de los centros educativos que imparten el currículum educativo completo y la calidad de la educación, infraestructura, derechos labores de docentes y administrativos, entre otros. 

Con respecto al tema de seguridad, ha realizado gestiones para apoyar procesos tendientes a la prevención de delitos, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal, y ha solicitado la formulación de una adecuada Política Nacional de Seguridad, así como han hecho denuncias por cansancio del personal penitenciario.

A raíz de lo anterior, la Defensoría ha realizado una serie de advertencias relacionadas con:

  • La urgencia que el país aborde la seguridad económica de las personas adultas mayores.
  • La sostenibilidad de medidas ante la crisis migratoria en la región, generando un impacto importante en nuestras comunidades fronterizas, donde se garantice un tránsito seguro, ordenado, regular y digno.
  • La urgencia de resolver la problemática de tener un Estado desarticulado y sin garantías efectivas para una protección integral de la niñez.
  • La priorización de acciones y proyectos que permitan garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y medidas efectivas y oportunas para evitar la contaminación del preciado líquido.

El ente defensor detalló que ha venido ejerciendo control de legalidad o de seguimiento en temas relacionados a:

  • Inversión social (atención de la niñez y adolescencia en vulnerabilidad).
  • Posibles efectos de la aplicación de la Regla Fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto, y cómo ha generado rigideces presupuestarias, impactando programas sociales cruciales como salud y educación.
  • Sector agrícola, quienes sienten la ausencia de mecanismos de sana competencia de mercados, la enorme afectación de las importaciones de producción agrícola, entre otros.

La Defensoría añadió en su pronunciamiento:

Es importante indicar que del último análisis preliminar realizado por la Defensoría de los Habitantes a un grupo de programas sociales se evidencia una carencia de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población. Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada".

Y concluyó el mismo indicando que "subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social".