Acojud exigió al Poder Ejecutivo el respeto debido al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunció que ataques recientes del presidente Rodrigo Chaves Robles al Poder Judicial faltan a la verdad.

La agrupación detalló que el mandatario en afirmó que un solo juez tiene poder absoluto sobre la población penal ubicada en la zona de Occidente y más recientemente, con ocasión de la resolución de un incidente de queja que interpuso la población penal de Limón, arremetió contra el juez de ejecución de esa localidad.

El pasado 27 de noviembre en la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo, las autoridades de gobierno reclamaron la decisión del juez de Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, quien suspendió una circular que regulaba las operaciones de los comisariatos (pulperías al interior de los establecimientos penitenciarios) para limitar los productos disponibles y controlar las dinámicas de comercio.

Para Acojud, esto irrespeta su investidura, "denigrando su función y en clara afrenta a la independencia judicial, ejerciendo presión indebida contra el resto de jueces y juezas y faltando con ello a su obligación de no intromisión hacia los demás poderes de la República".

Recordaron que la función del juez o jueza de ejecución de la pena, es asegurar el cumplimiento del castigo impuesto jurisdiccionalmente, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y penitenciarios de la persona sancionada.

Les corresponde por competencia de ley, controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades de la pena, además de asegurar a la población penal su derecho de acceso a la Justicia".

Adicionalmente, explicaron que la intervención del juez de ejecución no otorga control absoluto alguno sobre las cárceles ni sobre las personas privadas de libertad, únicamente resuelve sobre beneficios legalmente establecidos -como libertad condicional, incidentes de enfermedad, sustitución de pena por condiciones de vulnerabilidad, etc.- y realiza un control de la legalidad de las actuaciones de la autoridad penitenciaria, siempre con la participación de representantes del Ministerio Público y la defensa, ya sea pública o privada.

"En el conocimiento de las causas, las actuaciones y resoluciones de los jueces y juezas no son antojadizas, ya que también como funcionarios públicos están reguladas por la ley y sometidas al control de los sujetos procesales, además de que en caso de disconformidad, las resoluciones son revisables mediante impugnación ante el tribunal sentenciador", ampliaron.

Acojud exigió al Poder Ejecutivo el respeto debido al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la independencia judicial, "sin el uso de narrativas que tienden a deslegitimar indebidamente a un poder de la República".