El Poder Judicial defendió la resolución del juez de Ejecución de la Pena de Limón, mientras el ministro Gerald Campos lo acusa de favorecer actividades que propician la criminalidad.
El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para reclamar la decisión del juez de Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, quien suspendió una circular que regulaba las operaciones de los comisariatos (pulperías al interior de los establecimientos penitenciarios) para limitar los productos disponibles y controlar las dinámicas de comercio.
Según aseguraron en un comunicado de prensa desde el ministerio, “al asumir esta administración, se encontró un esquema irregular de "comisariatos" en los centros penitenciarios, en manos de privados de libertad sin respaldo legal. Este descontrol fomentaba actividades de poder y comercio ilegal dentro de las cárceles, generando riesgos para la seguridad interna”.
El ministro Campos aseguró:
Resulta que los privados de libertad de Limón se quejan. Van ante el juez de Ejecución de la Pena de Limón, con el apoyo de la directora de la cárcel de Limón, en total desacato a las directrices que habíamos enviado, en una absoluta desobediencia, y diciendo más o menos, "pobrecitos estamos afectando a los privados de libertad". Entonces este señor juez de ejecución de nombre Wilbert Granado Monge, el 20 de noviembre de este año le da la razón a los privados de libertad y ordena que suspendamos el efecto de esa circular".
Desde Justicia aseguraron que la decisión del juez Granados:
- Ignora las irregularidades y riesgos asociados al comercio dentro de las cárceles, que incluyen extorsiones, violencia y lucro.
- Debilita el control y la seguridad, fortaleciendo a grupos de poder dentro de los centros.
- Contraviene los principios fundamentales de administración penitenciaria y pone en riesgo a los funcionarios y la sociedad en general.
Durante la conferencia de prensa Campos señaló, que ante esta situación, ordenaron un proceso administrativo contra la directora del Centro Penitenciario, Giovanna Clealand Colwille, y sobre el juez Granados señaló:
Señor juez, usted nos amenazó a nosotros con abrirnos un expediente penal por desobediencia si no cumplimos. No, no. Ayer a usted lo denunciamos por abuso de autoridad ante el Ministerio Público y ya la denuncia está presentada. Nosotros no amenazamos, nosotros hacemos y la denuncia ya está interpuesta. También presentamos una denuncia ante la inspección judicial contra él por lo que consideramos una conducta irregular en favor de actividades que propician la criminalidad".
Dato D+: Desde el Poder Judicial indicaron que, a la tarde de este miércoles, la Inspección Judicial no había recibido una denuncia en contra del juez Granados.
Posterior a la conferencia desde Zapote el Poder Judicial emitió un comunicado de prensa defendiendo el accionar del juez e indicando:
La resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón) se apega a criterios constitucionales y legales al anular una circular del Ministerio de Justicia que prohibió la comercialización de productos en una pulpería del centro penitenciario de la provincia, pero no prohibió el ingreso de los mismos a ese recinto”.
Adicionalmente, el comunicado del Poder Judicial añade que “al resolver un incidente de queja presentado por personas privadas de libertad se razonó que la prohibición carecía de criterio técnico, y por el contrario podía establecer a lo interno del centro desigualdades en el acceso de esos productos. Sin criterio técnico alguno se limitó a la población de los privados de libertad acceso a varios artículos que no implican un riesgo para la salud o para la misma convivencia, además resultan contrarios a la proporcionalidad y violentan los derechos humanos”.
Finalmente, el Poder Judicial señaló que “la restricción de productos contradice el principio de igualdad ante la ley, ya que no toma en cuenta las condiciones particulares de cada centro y las necesidades básicas de los internos, como la adaptación a climas extremos, y por ende condiciona la estancia dentro del centro penal de cada persona sentenciada de manera digna”.
