Apertura de caminos hacia la inclusión.

En un país donde la diversidad cultural y lingüística debería ser motivo de celebración, el reciente proyecto de ley presentado por la diputada Luz Mary Alpízar, junto a 41 de sus colegas en la Asamblea Legislativa, se erige como un hito hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de la comunidad sorda en Costa Rica.

La propuesta busca reformar el artículo 76 de la Constitución Política para establecer la lengua de señas costarricense (LESCO) como parte del patrimonio cultural y lingüístico de la nación. 

Este paso no solo es simbólico, sino que también es esencial para el desarrollo integral de una población que, hasta ahora, ha enfrentado numerosas barreras en su interacción con la sociedad.

La importancia de la LESCO como un medio de comunicación natural para aproximadamente 98.000 personas sordas en el país no puede subestimarse.

Reconocerla constitucionalmente implica no solo validar su uso, sino también garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la justicia.

Sin embargo, los avances en esta materia han sido escasos, la falta de intérpretes y traductores capacitados limita gravemente la inclusión de las personas sordas en diversos ámbitos.

A la luz de esta realidad, es fundamental que el sistema educativo costarricense implemente capacitaciones específicas para los docentes en LESCO.

La ANDE ha solicitado que se promueva la formación en esta lengua, asegurando que los profesores estén equipados para enseñar y comunicarse eficazmente con estudiantes sordos.

Esto no solo mejora la calidad de la educación para estas personas, sino que también contribuye a la creación de un entorno más inclusivo y respetuoso de la diversidad.

Es en este contexto que debemos celebrar a líderes como Yordi Soto Mayor, un periodista sordo  ciudadano y presidente de la Asociación Pro Defensa de los Derechos de los Sordos de Costa Rica, que ha sido un pilar en la lucha por los derechos de la comunidad sorda.

Su trabajo y dedicación han sido fundamentales para visibilizar las necesidades y los derechos de las personas sordas en nuestro país.

En el aniversario de su organización, es crucial reconocer los esfuerzos realizados para fomentar un cambio significativo en la percepción y tratamiento de la comunidad sorda en la sociedad costarricense.

El reconocimiento de la LESCO no solo es un derecho de la comunidad sorda, sino que también enriquece nuestra cultura nacional. La lengua de señas es un símbolo de identidad que va más allá de la comunicación; representa un patrimonio cultural que merece ser preservado y promovido.

Así, la inclusión de la LESCO en nuestra Constitución fortalecería el compromiso del Estado con los derechos humanos y la diversidad lingüística, convirtiendo a Costa Rica en un referente de inclusión en la región.

En conclusión, el proyecto de ley presentado por la diputada Luz Mary Alpízar es una oportunidad histórica para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. 

La educación en LESCO y el reconocimiento constitucional de esta lengua son pasos esenciales para garantizar que todas las voces en nuestra sociedad sean escuchadas y valoradas.

Debemos unir esfuerzos y celebrar estos avances, así como apoyar a quienes luchan por un futuro donde todos, sin excepción, tengan acceso a sus derechos y oportunidades.

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