En junio la Fiscalía detuvo el proyecto e indicó que el sitio es bosque y que el terreno es parte del corredor biológico de Aguirre.

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda confirmó la suspensión de las obras de un proyecto habitacional de 16 pisos, conocido que como "Condominio Residencial Vista Islas", que se levantaba en Manuel Antonio, Quepos, en una propiedad ubicada en la carretera a playa Playitas.

El pasado 6 de setiembre del 2024 el Tribunal rechazó una gestión de nulidad presentada por la empresa desarrolladora contra la medida cautelar que detuvo el proyecto, y cuyo caso se tramita en el expediente 23-004254-1027-CA, que presentó el abogado Walter Brenes Soto. 

En ese proceso se ordenó el 7 de junio en primera instancia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) paralizar las obras y actividades asociadas al proyecto en la propiedad con plano catastro P-501725-1998, por considerarse que se están realizando en una zona considerada como bosque, con un alto impacto y fragilidad ambiental.

Además, se solicitó al Sinac, en un plazo de un mes, realizar un estudio a efecto de determinar el impacto ambiental causado en la zona. 

Aunado al rechazo de la apelación, el Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Jazmín Aragón Cambronero, Laura García Carballo y Hubert Fernández Argüello agregó una nueva ordenanza al Minae y al Sinac, para que tomen medidas de mitigación en las áreas intervenidas y presenten ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso informes periódicos trimestrales, indicando las medidas de mitigación tomadas y sus avances.

Obra se anuncia como un "un paraíso situado junto a parque nacional rico en biodiversidad".

Fiscalía detuvo el proyecto

El pasado 5 de junio la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, sede Protección de Osa, consiguió frenar el proyecto de construcción en el que se pretende desarrollar una torre de 16 pisos que incluían apartamentos, un restaurante y un club de playa.

En ese momento el Ministerio Público indicó que se trataba de una medida cautelar solicitada por la fiscalía al Juzgado Penal de Quepos, órgano que acogió la petición por el plazo de cuatro meses, a partir del 31 de mayo anterior.

Fotografía del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, la prueba existente permitía sostener que el sitio era bosque y que el terreno era parte del corredor biológico de Aguirre, el cual es de vital importancia en los ecosistemas de esta zona y que incluye al Parque Nacional Manuel Antonio.

La fiscalía compartió que sospecha que el cambio de uso de suelo se materializó a través del aprovechamiento forestal ilegal de la cobertura boscosa que se encuentra en el sitio.

El caso se investiga bajo el expediente 18-000027-0611-PE, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, cambio de uso de suelo, infracción a la Ley Forestal e infracción a la Ley de Aguas.

Posterior a las acciones del Ministerio Público, la administración del proyecto Islas de Manuel Antonio negó que se encuentren en el corredor biológico, por lo que apelaron la decisión en "apego al Estado de Derecho costarricense".

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación define un corredor biológico como un territorio continental, marino-costero e insular delimitado cuyo fin es conectar áreas silvestres protegidas y paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, sean rurales o urbanos. Lo anterior con el fin de asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Costa Rica tiene 44 corredores biológicos; es decir, cerca del 33% del territorio continental.

Sobre este caso una petición impulsada por la Fundación Corcovado para que la empresa denominada Islas de Manuel Antonio detuviera las obras, suma casi 40 mil firmas.

"El proceso de construcción por sí solo causará un daño inmenso al ecosistema, incluida la erosión del suelo y la destrucción del hábitat de muchos animales. Además, este desarrollo tendrá graves consecuencias para las comunidades locales que dependen del ecoturismo como su principal fuente de ingresos. La pérdida de un atractivo natural tan importante conducirá al declive económico y la pérdida de puestos de trabajo en la región”, se indicó en la petición.