Funcionarios son investigados por el aparente delito de circulación de sustancias envenenadas o adulteradas.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental consiguió que se ordenaran medidas cautelares por un año en contra de los tres funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) detenidos por el caso de contaminación de agua con Xileno que afectó algunas zonas de San José en enero del presente año.
Los funcionarios de apellidos Ramírez Sánchez, Quesada Cubillo y Díaz Quesada son investigados por el aparente delito de circulación de sustancias envenenadas o adulteradas.
A los imputados, que fueron arrestados el día de ayer, se les ordenó no acercarse, hablar, perturbar, amenazar a los testigos de la causa, ya sea de forma personal o a través de terceras personas, o por medios de comunicación escritos o digitales.
También se ordenó la reubicación inmediata de los imputados Ramírez Sánchez y Quesada Cubillo de la Planta Potabilizadora de Guadalupe a otro centro de trabajo, donde no tengan influencia con los testigos de la causa.
Las medidas cautelares llegaron luego de que este martes la Fiscalía realizara una serie de diligencias en la Oficina del Centro de Control Operacional de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) y la Oficina de Tecnología e Información en la sede central de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como en la Planta Potabilizadora de Guadalupe, Goicoechea.
La contaminación del agua, detectada entre el 22 y 25 de enero de 2024, afectó a comunidades de Goicoechea, Moravia, Tibás y Montes de Oca, después de que varios ciudadanos reportaran un sabor y olor extraño en el agua, lo que posteriormente fue confirmado como la presencia del hidrocarburo xileno.
Aunque no se les acusa de haber causado directamente la contaminación de los mantos acuíferos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dijo que a los funcionarios se les investiga por su rol en la planta potabilizadora de Guadalupe, desde donde se distribuyó el agua contaminada a las zonas afectadas. Las autoridades creen que los funcionarios pudieron haber fallado en garantizar el buen funcionamiento y seguridad en la distribución del agua potable.
