La Fiscalía cree que los funcionarios distribuyeron el agua a la población a sabiendas de que estaba contaminada.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo esta mañana a tres funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el marco de la investigación por la distribución de agua contaminada con hidrocarburos que afectó a varios cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) a inicios de este año.
Los allanamientos, realizados por agentes de la Sección Especializada en Delitos Ambientales y Bienestar Animal, se llevaron a cabo en las oficinas de la Planta Potabilizadora de Guadalupe y en otras dependencias del AyA en Pavas.
Los detenidos, de 54, 52 y 48 años, están siendo investigados por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, específicamente relacionado con el protocolo de distribución de agua para consumo humano. La contaminación del agua, detectada entre el 22 y 25 de enero de 2024, afectó a comunidades de Goicoechea, Moravia, Tibás y Montes de Oca, después de que varios ciudadanos reportaran un sabor y olor extraño en el agua, lo que posteriormente fue confirmado como la presencia del hidrocarburo xileno.
Aunque no se les acusa de haber causado directamente la contaminación de los mantos acuíferos, el OIJ dijo que a los funcionarios se les investiga por su rol en la planta potabilizadora de Guadalupe, desde donde se distribuyó el agua contaminada a las zonas afectadas. Las autoridades creen que los funcionarios pudieron haber fallado en garantizar el buen funcionamiento y seguridad en la distribución del agua potable.
Los agentes judiciales continúan realizando diligencias en busca de pruebas relevantes para la investigación. Los tres detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que determinará los cargos formales y definirá su situación jurídica.
Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA recordó en un vídeo suministrado por la oficina de prensa de la institución que su gestión comenzó precisamente en el momento crítico de esa emergencia y que su administración ha estado comprometida a colaborar con las autoridades judiciales.
Desde el 3 de mayo envié al Organismo de Investigación Judicial, sin necesidad de que me lo pidiera, un informe técnico exhaustivo detallado de más de 650 páginas con el propósito de colaborar plenamente con la investigación y con la firme esperanza de que se identifiquen a los responsables de la contaminación. Nos complace ver el progreso de esta investigación y seguiremos apoyando con total transparencia a las autoridades judiciales".
