El Ministerio Público repudió la amenaza y calificó como un acto "sin precedentes".
El Ministerio Público descartó la existencia de una bomba en la Fiscalía General de la República.
Al medio día de este 24 de setiembre la institución informó que se encontraba realizando el protocolo de seguridad correspondiente tras recibir la amenaza de una bomba en el inmueble.
Luego de culminar la revisión, no encontraron ningún elemento que confirmara la amenaza. Al sitio se presentaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por existir pesquisas en curso.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía General permanecerá cerrada por la tarde y abrirá sus puertas al público a partir de mañana en horario regular, a partir de las 7:30 a.m.
Lea: Fiscalía alerta a Asamblea Legislativa de amenaza de muerte contra Rodrigo Arias
Repudio
"El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública", detallaron en el mensaje enviado a los medios de comunicación en donde se alertó sobre la amenaza.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien en este momento participa en una misión de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Europa, reiteró que ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe haciendo el trabajo que la ley le encomienda.
El jerarca señaló la importancia de moderar discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia.
Esta amenaza se da luego de que este 23 de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) coordinó 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los que se dio la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez. Además, en los trabajos se detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionario más de la Junta Directiva de la CCSS.
Las personas imputadas se encuentran a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública a la espera de que se realice la audiencia de medidas cautelares.
Tras los operativos, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, arremetió este lunes contra la Fiscalía General de la República. En un vídeo enviado a la prensa, Fernández dio la reacción del gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ante las diligencias judiciales, "luego de una discusión extendida y detallada" con el mandatario.
La ministra calificó las acciones de la Fiscalía como "absurdas y abusivas", sugiriendo que la investigación se trata de un "abuso de poder" con fines mediáticos. "Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral", afirmó Fernández, criticando la rapidez con la que se llevaron a cabo las detenciones.
Fernández también sugirió que las acciones de la Fiscalía podrían estar motivadas por una intención de hostigar al gobierno. "Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno", declaró, añadiendo que el Ejecutivo no cederá ante lo que considera una maniobra para intimidar a sus miembros. Además, enfatizó que el gobierno seguirá enfrentando cualquier abuso de poder y pidió al pueblo costarricense que se mantenga "vigilante" ante esta situación.
