Fiscalía presume que funcionarios sabían que el agua estaba contaminada y aún así la distribuyeron.

ACTUALIZACIÓN: OIJ confirma arresto de tres funcionarios de AyA por distribuir agua contaminada con xileno

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental lideró este martes 3 de septiembre una serie de allanamientos en el marco de una investigación por el presunto delito de circulación de sustancias envenenadas o adulteradas.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias se desarrollan en tres ubicaciones clave: la Oficina del Centro de Control Operacional de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) y la Oficina de Tecnología e Información en la sede central de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como en la Planta Potabilizadora de Guadalupe, Goicoechea.

De acuerdo con la Fiscalía, el operativo tiene como objetivo principal la recolección de pruebas que puedan vincular a tres funcionarios del AyA, de apellidos Ramírez Sánchez, Quesada Cubillo y Díaz Quesada, quienes, al parecer, tenían conocimiento de la adulteración del agua con hidrocarburos pero, aun así, procedieron a distribuirla entre el 22 y 25 de enero del presente año.

Como consecuencia, aproximadamente 30 personas, incluyendo menores de edad, sufrieron problemas de salud que incluyeron irritación en la piel, malestar en la garganta, dificultad para respirar y problemas gastrointestinales.

Hace cuatro meses la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) condenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por errores cometidos durante la emergencia por contaminación de agua potable en varios cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) con el hidrocarburo xileno.

La Sala Constitucional resolvió a favor de un recurso de amparo presentado por un vecino de Tibás, quien denunció que la contaminación del agua potable ponía en grave riesgo la salud y la vida de los habitantes de la zona. Según la sentencia (voto 2024-935), el AyA carece de un sistema eficiente de prevención contra la contaminación de fuentes de agua potable, lo que facilitó la emergencia y afectó gravemente el derecho a la salud y al acceso al agua potable, garantizados por la Constitución Política.

Los magistrados también criticaron la tardanza en la respuesta del AyA, que, pese a recibir las primeras denuncias el lunes 22 de enero, no confirmó la contaminación por hidrocarburos hasta el jueves 25 de enero, afectando a comunidades en los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás.

Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA recordó en un vídeo suministrado por la oficina de prensa de la institución que su gestión comenzó precisamente en el momento crítico de esa emergencia y que su administración ha estado comprometida a colaborar con las autoridades judiciales.

Desde el 3 de mayo envié al Organismo de Investigación Judicial, sin necesidad de que me lo pidiera, un informe técnico exhaustivo detallado de más de 650 páginas con el propósito de colaborar plenamente con la investigación y con la firme esperanza de que se identifiquen a los responsables de la contaminación. Nos complace ver el progreso de esta investigación y seguiremos apoyando con total transparencia a las autoridades judiciales".