Rodrigo Chaves, Joselyn Chacón y Luis Amador figuran en la causa por delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, allanaron las oficinas centrales del Ministerio de Salud en San José este miércoles. El operativo, que inició a las 8 a.m., está relacionado con la investigación penal que se abrió tras el cierre ilegal que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles efectuó en el año 2022 contra el Parque Viva, una medida que la Sala Constitucional determinó carecía de fundamento legal y violó la libertad de prensa.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el allanamiento se ejecuta en el marco del expediente 22-000049-0033-PE, donde se investigan los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que participaron en la emisión de la orden sanitaria que cerró el centro de eventos, ubicado en Alajuela. La investigación cuenta con la colaboración de las secciones de Anticorrupción y Cibercrimen del OIJ.

En la causa figuran el presidente Rodrigo Chaves Robles; la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal; y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez. Debido a ello, el operativo fue liderado por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez y magistrados de la Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según reportó La Nación, los jueces que asistieron fueron Jesús Ramírez Quirós, Patricia Vargas González, Rosa María Acón Ng, Cynthia Dumani Stradtmann y Miguel Ernesto Fernández Calvo.

Dato D+: De acuerdo con el Tïtulo V del Código Procesal Penal cuando en una causa penal figuran personas de los Supremos Poderes que tienen fuero de improcedibilidad penal, la diligencia debe ser ejecutada por quien ocupe la Fiscalía General de la República o su adjunto; mientras que la Sala III opera durante diligencias u allanamientos vinculados al caso como juez de garantías.

El objetivo del allanamiento era recolectar comunicaciones electrónicas, resoluciones y cualquier documentación vinculada con el cierre del Parque Viva.

El caso se remonta a una denuncia anónima presentada en julio de 2022, que provocó una rápida respuesta por parte del Ministerio de Salud. La orden sanitaria de cierre fue emitida sin contar con un análisis técnico adecuado, según lo señalado posteriormente por la Sala Constitucional en su sentencia 2022-25167. El tribunal criticó la falta de motivación legal detrás de la orden y concluyó que la medida fue desproporcionada, al atribuir al Parque Viva la responsabilidad de problemas viales que, en realidad, recaían en la Municipalidad de Alajuela.

La controversia escaló cuando el grupo empresarial dueño del parque, que incluye al diario La Nación, denunció que el cierre había sido en represalia por una serie de reportajes críticos hacia el presidente Rodrigo Chaves, incluidos reportajes que daban cuenta que Chaves había sido sancionado por el Banco Mundial por acoso sexual, y otras noticias críticas a la gestión de su gobierno, así como al financiamiento presuntamente ilegal de su campaña política. El tribunal constitucional coincidió en que el cierre de Parque Viva representó una restricción indirecta a la libertad de prensa, pues el gobierno de Chaves la emitió con el fin de afectar los ingresos del grupo mediático.

Además, los magistrados destacaron que la decisión de clausurar el recinto coincidió con la publicación de artículos que exponían irregularidades en el gobierno de Chaves. La Sala Constitucional determinó entonces que las acciones del gobierno violaron el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer un precedente de censura velada y restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión.

El fallo también subrayó que el cierre total del parque fue una medida arbitraria, dado que los problemas viales señalados no eran exclusivos del recinto, sino parte de un contexto más amplio de desarrollo urbanístico en la zona de La Guácima. El tribunal dejó claro que, si bien las autoridades deben garantizar la seguridad vial, no era justificado cargar esta responsabilidad exclusivamente a Parque Viva.