"Todos esos papeles y todas esas cosas son irrelevantes al punto principal", dijo el mandatario.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, rechazó referirse a los informes técnicos de distintas áreas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que recomendaron no adjudicar a ninguna cooperativa la administración de 138 Ebáis debido a que los precios que ofertaron eran excesivos, y que fueron desoídos por miembros de la Junta Directiva de la CCSS, quienes realizaron una adjudicación parcial que terminó en su arresto, este lunes, por el caso que el Ministerio Público ha denominado como "caso Barrenador".
El mandatario realizó una conferencia de prensa especial este miércoles con su gabinete ampliado en la que se dedicó a atacar al Ministerio Público por los 28 operativos realizados el lunes y el arresto de ocho altos funcionarios de la institución, incluidos directivos actuales y anteriores, insistiendo en reiteradas ocasiones que —según él— no se cometió delito alguno y que no hay pruebas de que haya ocurrido.
Durante el espacio de preguntas de la prensa el periodista Jeffrey Naranjo de Extra TV preguntó al mandatario qué respondía él ante los informes técnicos que la Junta Directiva de la CCSS evaluó que advertían sobreprecios ofertados por las cooperativas, así como del oficio que indicaba que la Dirección de Proyección de Servicios de Salud no tenía potestad de emitir criterios como el que rindió a los directivos y que fue usado por ellos para realizar una adjudicación parcial.
A pesar de que destinó más de una hora en atacar la hipótesis fiscal del Ministerio Público sobre los posibles hechos delictivos cometidos por los directivos de la CCSS que ignoraron esos criterios técnicos, el mandatario rechazó referirse a esos documentos:
Vea, todo eso está en discusión y en análisis. Yo no me voy a referir a reportes que cada uno tiene cientos de páginas. ¿Pero cuál era la instancia? Alguien de buena intención y de buena fe y respetuoso de nuestras leyes, debió haber esperado a que la Contraloría General de la República hiciera ese análisis y dijera "sí, la licitación es correcta y la pueden adjudicar" que es una de las opciones que pueden ocurrir, o que la Contraloría dijera, "no, no, aceptamos el recurso que presentó otro de los participantes y entonces se elimina la adjudicación". ¿Por qué don Carlo [Diaz, fiscal general] no se esperó?".
El 22 de junio de 2024 la junta de la CCSS sesionó y conoció tres documentos: un compendio de los antecedentes de la licitación conformado por más de 900 páginas, incluidas las evaluaciones de las ofertas y su conclusión de que el precio de todas era "excesivo", el oficio del gerente Vega de la O suscrito tres días antes en el que se insistía que ninguna de las ofertas era elegible por su precio, y una presentación en PowerPoint que expuso Arturo Herrera Barquero, asesor de la Gerencia Médica de la institución con tres escenarios de toma de decisión, sus riesgos, impacto y observaciones: declarar infructuoso, adjudicar parcialmente y adjudicar totalmente.
Todos esos papeles y todas esas cosas son irrelevantes al punto principal que está haciendo su servidor y el gobierno: aquí actuaron de mala fe, con abuso, y para intimidar y amedrentar".
Los directivos de la Caja ordenaron crear en dos ocasiones "comisiones independientes intergerenciales" que analizaran la forma en que las áreas de la institución llegaron a la conclusión de que los precios ofertados por las cooperativas eran excesivos, sin embargo, dichas comisiones no rindieron los resultados que ellos deseaban. Posterior a ello, el 5 de julio, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud y una de las detenidas el lunes, remitió a la Junta Directiva el oficio GM-DPSS-0331-2024 recomendando adjudicar a varios de los oferentes tras haber confeccionado las bandas máximas y mínimas que le habían ordenado.
En la sesión de junta directiva del día siguiente, Gutiérrez explicó cómo confeccionó dichas bandas: el mínimo era el dato del costo del área de salud suministrado por la Gerencia Financiera, y el máximo era el costo para la CCSS de atender una persona, multiplicado por el número de personas que atiende una cooperativa.
David Esteban Valverde Méndez, asesor legal de la Junta Directiva, pidió a Gutiérrez aclarar si lo que estaba planteando era que, pese a que el expediente tenía una recomendación técnica de no adjudicar, dada la irrazonabilidad de los precios, se confeccionó una metodología de bandas inferiores y superiores que hacía que esos mismos precios fueran razonables, ante lo cual la directora respondió afirmativamente.
— Lic. David Esteban Valverde Méndez: Me permite una pregunta doña Marta, a ver si entiendo bien doña Marielos y don Arturo, el expediente tiene una recomendación técnica cuyo elemento de razonabilidad de precios indica, verdad, un resultado X, en este caso precios irrazonables y por lo tanto una recomendación, digamos, diferente a la que ustedes ahora están planteando. Lo que están diciendo es que con base en esta metodología se construyen dos bandas, una inferior y una superior, que esos mismos precios los hace estar en un nivel razonable. Eso es lo que, eso es lo que entiendo, ¿Es así?
— Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes: Es así.
La Junta Directiva votó ese día por acoger la recomendación de Gutiérrez y adjudicar a Coopesana las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio por 1088 millones de colones al mes (13.059 millones por año durante diez años); a la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco) las áreas de salud de La Carpio y San Sebastián-Paso Ancho por 708.132.579 millones de colones al mes (8497 millones de colones por año durante diez años), a Coopesalud las áreas de salud de Pavas y Desamparados por 1199 millones de colones al mes (14.391 millones de colones por año durante diez años) y a Coopesiba las áreas de salud de San Pablo y Barva por 604 millones de colones al mes (7251 millones de colones por año durante diez años).
El costo mensual total ascendería a 3929 millones de colones, 47.155 millones de colones por año durante diez años.
La única ausente de esa votación fue la representante de los sindicatos, Martha Rodríguez González, quien se encontraba incapacitada.
