En un importante triunfo para la salud pública, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha anulado por inconstitucional el decreto que facilitaba el registro de medicamentos en Costa Rica con menos controles con el número de voto 2024-21860.
Esta sentencia de la sala, emitida con una mayoría de votos, responde a la acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 22-026589-0007-CO, presentada por la Federación ONGS de Pacientes de Costa Rica, quienes argumentaron que dicho decreto comprometía la seguridad de los pacientes al reducir los estándares de calidad para la aprobación de nuevos medicamentos.
El decreto anulado es el número 43590-S conocido oficialmente como "Requisitos y Procedimiento para la homologación o reconocimiento del Registro Sanitario de Medicamentos", permitía que medicamentos aprobados en otros países fueran vendidos en Costa Rica basándose solo en una declaración jurada del fabricante, sin pasar por los rigurosos controles habituales.
Esta práctica ponía en riesgo la salud de los consumidores al no asegurar de manera independiente la seguridad y eficacia de los medicamentos. La sentencia de la Sala Constitucional es un mensaje claro de que la salud de los costarricenses no puede ser comprometida. La sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de vigencia del decreto, asegurando que ningún medicamento haya sido registrado bajo estas condiciones relajadas sin perjudicar a quienes lo adquirieron de buena fe.
La presidenta de la Federación de ONGs Pacientes Costa Rica, Alexandra Núñez, expresó que “es esencial resguardar la salud de la población asegurando que todos los medicamentos que se distribuyen y consumen en nuestro país sean de la más alta calidad y eficacia. Creemos firmemente que las decisiones del Ministerio de Salud deben ser tomadas con una amplia participación ciudadana, garantizando así que las voces de los pacientes y profesionales de la salud sean escuchadas y consideradas en todos los procesos regulatorios.”
Es crucial que el Ministerio de Salud cumpla su papel de garante de la salud pública, y no permita que procesos acelerados de homologación, basados en declaraciones juradas sin verificaciones independientes de calidad, pongan en riesgo la salud de los costarricenses.
La dependencia en documentos sin una rigurosa constatación aumenta de manera significativa el riesgo para los pacientes, al exponerlos a medicamentos que podrían no cumplir con los estándares necesarios de seguridad y eficacia. La decisión de la Sala Constitucional respalda la preocupación de la organizaciones de pacientes, y reafirma la necesidad de un enfoque cauteloso y bien regulado en la autorización de medicamentos. Es una llamada a fortalecer los procedimientos y asegurar que cada medicamento que llegue a los consumidores haya sido exhaustivamente evaluado y comprobado, protegiendo así la salud de todos los ciudadanos de Costa Rica.
