Jupema recordó que 193 centros educativos privados le adeudan 4.786 millones de colones, afectando directamente a 2.457 trabajadores de dichos centros.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que prioricen el avance del proyecto de ley que sanciona como delito la evasión al pago de cuotas obrero-patronales (expediente 23.956).

Desde Jupema señalaron que el no pago de las cuotas obrero-patronales causa un perjuicio al derecho humano de pensión de los trabajadores, poniendo en riesgo su sostén en la etapa de retiro, pero además incumpliendo una obligación legal.

El director ejecutivo de Jupema, Carlos Arias Alvarado, explicó:

En el caso del sector educativo privado, pese a las multas, procesos de cobro judicial y la existencia del delito de retención indebida de las cuotas obreras, pareciera que hay un grupo de estos centros que nada los asusta porque recurren a mecanismos como una especie de “modus operandi” para no pagar las obligaciones con la seguridad social, esto requiere ser considerado como una conducta delictiva en detrimento de la seguridad social. Esta medida sería de beneficio para los trabajadores de todos los regímenes de pensiones que sufren la misma situación”.

Jupema indico que, bajo ese “modus operandi”, han detectado en casos relativos a las planillas, formas de contratación de sus trabajadores, así como en la condición laboral de una manera que no corresponde a la realidad. También algunos centros han recurrido a crear varias razones sociales que no están ligadas a la acreditación, dejan de pagar las planillas o bien no responden a los procesos administrativos y/o judiciales de cobro sin importar las consecuencias.

Según datos revelados por Jupema la semana anterior, actualmente de 193 centros de educación privados activos y cerrados en todo el país que adeudan 4.786 millones de coloes, afectando directamente a 2.457 trabajadores de dichos centros.

De estos 193 centros de enseñanza privados morosos, diez acaparan el 59% del total de esa deuda, es decir 2.830 millones de colones de los cuales 1.869 millones están en cobro judicial, 802 millones en mora mayor a 90 días; y 158 millones en mora entre 1 y 90 días.

Desde Jupema destacaron que la gestión de cobro les ha permito recuperar al mes de julio, por concepto de planillas morosas y arreglos de pago 332.5 millones de colones. Por otra parte, durante el 2023 se recaudó por planillas morosas 242,5 millones de colones y se realizaron arreglos de pago por 316,2 millones de colones, recuperándose un total de 558,7 millones de colones por estos conceptos.

Actualmente, la ley faculta el cobro de multas, donde también existen centros educativos privados activos en mora a los cuales se les ha cobrado 249,4 millones de colones (de este monto 86,6 millones son de los 10 principales deudores activos). En el caso de los centros privados cerrados en mora, el monto asciende a 181,6 millones de colones. Estos rubros aumentan al doble, transcurrido un año de la primera multa, en caso de reincidencia.

Con respecto al cobro judicial, existen 264 expedientes para los centros educativos privados activos, y 145 expedientes para los centros educativos privados cerrados de los cuales 76 corresponden al grupo de los 10 principales morosos por una suma de 1.893,7 millones de colones.

Finalmente, desde Jupema recordaron que la Ley 10.078 ya introdujo el delito penal de retención indebida de las cuotas obreras cuya sanción es de 6 meses a 10 años de prisión, para los casos en que los patronos deduzcan las cuotas, pero no las transfieran a Jupema, la cual puede elevarse en un tercio dependiendo de la gravedad del dolo.

Adicional a lo anterior, el expediente 23.956 incluiría como delito, con la misma sanción, aquellos casos en que un patrono no realice las contribuciones que le corresponde, y la sanción se ampliaría cuando sea con cualquiera de las instituciones de la seguridad social del país.