Sindicato calificó las acusaciones del Poder Ejecutivo como lesivas para la organización.

El sindicato Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Industria de Telecomunicaciones y Energía (FIT) rechazó las declaraciones emitidas ayer, 10 de julio, por el presidente Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogante Zamora.

En la conferencia de prensa semanal las autoridades Poder Ejecutivo señalaron a esa agrupación por oponerse al decreto ejecutivo No.44196-MSP-MICITT, "Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones soportados en tecnología móvil de quinta generación (5G) y superiores".

Ese decreto que firmó el gobierno deja fuera de posibilidades de desarrollar la tecnología 5G a empresas de países que no han ratificado el Convenio de Budapest, que incluye a la gigante china, Huawei.

El sindicato interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo la cual fue admitida de manera provisionalísima en febrero de este año, por lo que el decreto quedó suspendido.

Chaves Robles dijo que se trata de un caso de "captura de sindicatos" por "intereses multibillonarios", además de la intromisión del Poder Judicial y de empresas extranjeras en las decisiones del gobierno.

Es verdaderamente avergonzante que como nación haya grupos que no quieren que progresemos por intereses particulares".

Bogantes Zamora por su parte dijo que "tenemos un proceso donde, por lo sospechoso de su evolución, queremos llamar la atención de todos los costarricenses". La jerarca y el presidente cuestionaron que el juez del Contencioso Administrativo, Johel Beausejour Chaves, aceptara la medida con celeridad.

Bogantes comentó:

Nos preocupa que en dicho proceso hemos logrado constatar una serie de inconsistencias y conductas por parte del juez asignado. Me refiero a ellas. Por ejemplo, en primer lugar, llama la atención actuado con suma, celeridad, con mucha velocidad a la hora de que se presenta la medida cautelar".

Y continuó:

Al día siguiente de que los sindicatos presentan esta medida cautelar, el juez le da curso. Pero no solamente le da curso, sino que aplica la medida provisionalísima. ¿Qué significa esto? Que suspende el decreto de manera inmediata. Esto lo hace sin haberle siquiera dado la oportunidad al gobierno  para lograr justificar la razón del decreto".

Además señalaron que han transcurrido casi seis meses de esa decisión y siguen sin resolver la medida. La jerarca también señaló a las diputadas Vanessa Castro Mora y Johanna Obando Bonilla por coadyuvar a favor del sindicato. 

Para el sindicato las palabras dadas en la rueda de prensa no se ajustan a la realidad ni a las actuaciones del FIT dentro del proceso judicial, "ni mucho menos, a la verdad que se demostrará finalmente, cuyos argumentos han sido respaldados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)".

En un mensaje a la prensa indicaron:

Tales apreciaciones de la Presidencia de la República son lesivas para nuestra organización, poniendo en tela de juicio, sin fundamento alguno, la honorabilidad de la FIT".

Agregaron que la ciudadanía y a lo interno del ICE pueden estar seguros de que "nuestro único interés es la protección de los usuarios y del patrimonio del ICE, al que no vamos a permitir que destruyan". 

Afirmaron que siguen de cerca el avance de la tecnología mientras algunos grupos de poder buscan desmantelar la institución.

Asimismo, señalaron que la Presidencia Ejecutiva del ICE ha sido la única responsable de que hoy el ICE no disponga de servicios de tecnología 5G para el público costarricense.

En atención al debido proceso, procedimiento y respeto a las instancias judiciales, nos abstendremos de hacer comentarios específicos sobre los detalles del caso, por estar en curso un proceso judicial. No obstante, se manifiesta nuestra plena confianza en la capacidad e imparcialidad del Poder Judicial y del Juez a cargo para dirimir este asunto conforme a derecho".

Además la agrupación instó a los jueces para que no se dejen "amedrentar por amenazas antidemocráticas y contrarias a la ley".