Por segunda vez en la historia parlamentaria de Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una moción de censura contra la ministra de educación, Anna Katharina Müller Castro.
A las 6:08 p.m. el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez anunció que para aprobarse la moción requería recibir el voto de dos terceras partes del total de los miembros presentes, que en ese momento eran 49; dos minutos más tarde, Arias anunció que con los 33 votos a favor y 16 en contra que fueron emitidos, la moción había sido aprobada, sin posibilidad de interponer recurso de revisión, y ordenó al Departamento de Secretaría del Directorio comunicar la decisión del parlamento a la ministra, así como al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
La moción de censura listó varios actos imputables a la ministra: negarse a cumplir con pagos salariales al personal del magisterio, lo que la llevó a ser llamada a rendir cuentas por la Defensoría de los Habitantes, y cita a la que no asistió; los más de 60 mil reclamos salariales pendientes de resolución, afectando a 37 mil personas funcionarias del MEP; apoyar un recorte presupuestario de 65 mil millones de colones para 2025, alejándose del 8% del PIB para educación; la falta de un documento técnico de la "Ruta de la Educación"; y la persistencia de los problemas en la gestión educativa de la ministra, como el debilitamiento del bilingüismo, deficiencias en las Pruebas Nacionales y deterioro de la infraestructura educativa.
De previo a la votación la Asamblea realizó un debate reglado de noventa minutos para expresar la posición de las distintas bancadas. Liberación Nacional designó a tres educadores para exponer las razones para censurar a Müller.
Geison Valverde Méndez dijo que la ministra "en un acto de humildad y responsabilidad patriótica" debía renunciar al cargo y dar paso a alguien que enrumbara el sistema educativo de manera eficiente y acorde a las necesidades urgentes del momento.
El legislador arremetió además contra un documento que se entregó en las curules de todos los diputados defendiendo la gestión de Müller, y preguntó retóricamente si el gobierno usaba "algún tipo de droga que los haga alucinar". Asimismo, anunció que si el gobierno persiste en su intención de rebajar el presupuesto educativo, no contarán con su voto a la hora en que se deba votar el plan de gastos del gobierno central para el 2025.
La diputada Sonia Rojas Méndez dijo que votar en contra la moción de censura contra Müller no sería congruente con su formación educativa y con su responsabilidad de legislar por los desfavorecidos; y alegó que Müller sí había cometido actos inconstitucionales, como lo demanda la Constitución Política para aprobar una moción de censura, debido al incumplimiento de destinar el 8% del PIB para educación.
Nunca había estado tan mal la educación costarricense como en esta administración de la señora ministra Katharina Müller. Ha sido, lamentablemente, la administración más nefasta, más desastrosa en la educación costarricense. No lo digo yo: lo repiten los educadores y lo repiten los estudiantes que visito los fines de semana que voy a trabajar a las comunidades y a visitar centros educativos también como parte de mi gestión".
Rojas agregó que si alguien seguía defendiendo la administración de Müller era porque no habían salido del edificio de la Asamblea Legislativa, al tiempo que dijo que no era posible que docentes, directores y estudiantes estuvieran siendo impactados por recortes presupuestarios inconstitucionales permitidos por la ministra, y el Congreso le fuera a aplaudir.
Por su parte la diputada Rosaura Méndez Gamboa criticó a la ministra por su gestión y señaló que Müller ha debilitado el sistema educativo al no pagar correctamente a los educadores y dejar sin resolver cerca de 60 mil reclamos salariales.
Además, expresó su indignación por los recortes presupuestarios en educación, mencionando que estos afectan severamente a los estudiantes y docentes, y criticó que se esté incumpliendo con la inversión del 8% del PIB y que los recortes impacten áreas esenciales como becas y transporte.
El oficialismo designó a Paola Nájera Abarca, a Pilar Cisneros Gallo y a Daniel Vargas Quirós como quienes defenderían a la ministra.
Nájera, de la provincia de Cartago, afirmó que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles tiene una mayoría antigobierno en la Asamblea Legislativa que estaba usando el voto de censura para sacadas de clavo y con cálculos electorales porque les urgía "tirar abajo la popularidad del presidente y su gestión para ver si ganan algunos puntos para las próximas elecciones".
No les importa si presentar una moción de censura cumple o no con los lineamientos que la propia Constitución Política deja bien claros. Es decir, se utilizará este instituto parlamentario cuando a juicio de la Asamblea los ministros fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales que aquí no está demostrado absolutamente nada, no hay pruebas; o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos".
Nájera causó controversia cuando acusó a miembros de la oposición, sin individualizar nombres, de por un lado pretender censurar a la ministra de Educación, al tiempo que pasaban pidiéndoles giras y sesiones de trabajo para luego tomarse fotos y salir bien sonrientes en redes sociales, así como de pedir nombramientos de "gente de sus partidos en algunos puestos".
Algo que por ejemplo ninguno de los que ha hablado menciona: que muchos de sus partidos... nos llegan denuncias, nos llegan rumores de que le pasan solicitando al Ministerio de Educación Pública que les nombre urgentemente gente de sus partidos en algunos puestos, ¡pero eso no lo mencionan! ¿Verdad? Pues hoy, junto con mis compañeros de bancada desmentiremos algunos de los aspectos que argumenta esa moción porque la ministra no ha incurrido en ningún error o acto que perjudique al sistema educativo costarricense".
Daniel Vargas Quirós, subjefe del oficialismo, dijo que el acto legislativo era un nuevo intento de desacreditar a alguno de los ministros de gobierno, y que los "datos matan mentiras".
El legislador resaltó que la "Ruta de la Educación" había sido elaborada con la participación de diversas entidades educativas y que no era improvisada, además de destacar los logros de la ministra, incluyendo la implementación de diagnósticos y pruebas nacionales estandarizadas, la graduación de miles de estudiantes mediante programas de bachillerato para la empleabilidad, y la incorporación de nuevas carreras técnicas. Además, mencionó mejoras en infraestructura educativa y un incremento del presupuesto en este ámbito.
La jefa de los oficialistas, Pilar Cisneros Gallo, defendió a la ministra destacando su capacidad de haber utilizado el 98.1% de los fondos asignados, al tiempo que argumentó que los problemas de pago a los trabajadores del MEP no son culpa de la ministra, sino de complicaciones externas, como la implementación de la Ley de Empleo Público y la falta de automatización en procesos administrativos.
Cisneros también subrayó los logros de la ministra, incluyendo la conexión de la mayoría de los centros educativos a Internet, la introducción de nuevas carreras técnicas, y la reducción de órdenes sanitarias en las escuelas. Además, destacó la reintroducción de la obligatoriedad de que los niños aprendan a leer y escribir en primer grado y el éxito de programas de bachillerato para adultos.
El debate se interrumpió momentáneamente debido a que varios congresistas exigieron a la diputada Paola Nájera Abarca que revelara la identidad de los diputados que estaban pidiendo nombramientos de partidarios en el MEP.
Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio señaló que Nájera había dejado constando en actas que ella conocía de un delito, y que era su obligación denunciarlo: "Si un diputado conoce de un delito y es funcionario público, tiene el deber de denunciar. Diputada, diga quienes son, diga los nombres y dígalo ahora. Cuando ahí nos ofrecieron embajadas, diputados de su fracción, lo denunciamos y la Fiscalía abrió inmediatamente un caso. Usted tiene el deber legal de decir quiénes están pidiendo esos favorcitos".
Hay un delito aquí de por medio, señor presidente, es algo severo y no puede pasarse a la ligera porque si no, nos embarrialan a todos: 'Ah, es que ustedes se oponen a la ministra porque como todos piden favores', no señora. ¿Quién le pidió un favor? Dígalo aquí y ahora para que la Fiscalía abra el caso. Dígalo, porque si se lo guardan, es estar chantajeando, es estar presionando 'si Fulanito no vota como quiero entonces lo canto'. No, no, no, así no funciona la lucha contra la corrupción. Dígalo aquí y ahora que hay una ley y un Código Penal que nos obliga a denunciar. Queremos nombres y apellidos".
En similar sentido se expresó Johana Obando Bonilla del Liberal Progresista, quien calificó de "grave" la denuncia de Nájera y dijo que era coacción a los diputados que iban a votar a favor de la moción de censura.
"Por favor sostenga su palabra o retráctese en este momento, le exige el pueblo y le exige su cargo en este momento. Yo no sé si será que es parte del Ejecutivo y que también se les está pegando a ustedes como diputados oficialistas, que como lo hace el presidente, que en conferencia de prensa acusa a diputadas, ¿también están haciendo este papel de acusar a diputados sin prueba alguna? Porque si usted tiene las pruebas le exigimos como diputados de la República que presente las pruebas en este momento, y no se escude por favor, usted lo dijo abiertamente, háblele al pueblo así como se atrevió a decirlo ahora", dijo Obando.
A ellas se unió el jefe de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo Sandí, quien pidió a Nájera denunciar en las instancias correspondientes esas intenciones o acciones de nombramientos irregulares en el MEP: "En nombre de la fracción de Liberación Nacional le solicitamos respetuosamente que dé los nombres, que los dé ahora mismo, porque supongo que cuando dijo que eso se estaba dando, es porque tiene las pruebas en la mano".
El presidente interino, Carlos Felipe García dejó constando que a pesar de las solicitudes hechas por varios miembros, ningún representante del oficialismo se anotó en el uso de la palabra, y que lo reportaba así para que, retomado el orden del debate reglado, no salieran a alegar que no se les dio espacio de réplica.
La Unidad Social Cristiana prosiguió razonando el voto que darían a la moción de censura.
El educador Leslye Bojorges León, de la provincia de Alajuela, empezó su discurso señalando que algunos diputados diciendo que era imposible que él apoyara el voto de censura porque "le debía" a la ministra el nombramiento de sus hermanos, esposa y madre en el MEP: "Permítanme decirle al pueblo de Costa Rica que nunca he ido a pedirle a la ministra de Educación que nombre a nadie de mi familia. Toda mi familia estaba en educación y trabaja en educación por méritos propios y además de eso antes de que yo fuera diputado de la República".
Aunque Bojorges cuestionó el razonamiento de que el acto inconstitucional imputable a la ministra, que habilitaba el voto de censura, era el incumplimiento de inversión del 8% del PIB en educación; sí podían señalarse "errores graves" como el apagón educativo, no haber hecho reformas estructurales importantes en el MEP, el mal estado de la infraestructura educativa, la ausencia de tecnificación en los procesos de aprendizaje (usar pizarras con tiza), y la ausencia de acciones para atender la saturación al personal docente por preparar informes que el Ministerio les pide.
He de reconocer que la ministra ha hecho esfuerzos para tratar de sacar la educación adelante, pero esos esfuerzos han sido insuficientes. Mi recomendación, señora ministra, es salga de Torre Mercedes. A mí me parece que no conocer el sistema educativo costarricense no es un delito, pero no ir a los centros educativos a reunirse con las conserjes, con las secretarias, con los docentes, con el director, con las cocineras, con la bibliotecaria es lo que permite que usted no pueda conocer el sistema educativo costarricense y no pueda tomar decisiones atinadas para el sistema educativo costarricense de este país".
Por su parte, la diputada Vanessa de Paul Castro Mora destacó que el PUSC había acordado por unanimidad apoyar el voto de censura y que ese acto legislativo era un fuerte llamado de atención y un voto de desconfianza porque a lo largo de dos años lo único que había hecho la ministra era cometer errores.
"Ese voto de censura que significa voto de desconfianza se la podemos dar hoy, pero realmente muchos costarricenses se la estamos dando desde ya. Señora ministra: no tiene nuestra confianza para dirigir la educación costarricense", agregó.
La diputada Paola Nájera Abarca del oficialismo volvió a interrumpir el debate para afirmar que ella no había guardado silencio y que mucho menos se iba a retractar, "porque yo estoy diciendo la verdad".
Las personas que se me han acercado a dar sus denuncias las he instado a que vayan a las instancias correspondientes, que es lo que yo debo hacer, les he solicitado copia de la denuncia para desde mis competencias poder darle un seguimiento, además me indican que han venido a mí porque ya se han comunicado con otras diputaciones pero no han recibido respuesta. Entonces eso es lo que yo mantengo y sostengo y le pido a la ciudadanía que se ha acercado a mí por los diferentes medios o que por medio de asesores me ha hecho llegar información, les reitero: preséntense a hacer la denuncia al lugar correspondiente".
Nueva República prosiguió en el debate con Fabricio Alvarado Muñoz justificando las razones que tenían para no apoyar la moción, a pesar de señalar varias críticas hacia la ministra.
Según Alvarado las mociones de censura son meros espectáculos políticos sin consecuencias reales y que no abordan los problemas fundamentales de la educación (a pesar de que su grupo de diputados afines en el anterior periodo constitucional intentó censurar al ministro Edgar Mora Altamirano por un tweet sobre el suicidio). Asimismo, criticó el uso de la moción como un show mediático y destacó la importancia de utilizar el tiempo y los recursos de la Asamblea Legislativa para soluciones constructivas.
Alvarado señaló que las censuras debían ser una herramienta excepcional, utilizada solo en casos de actos inconstitucionales, ilegales o errores graves, según lo establece la Constitución, y que sí se debió haber censurado a ministros de gobiernos anteriores, como a Leonardo Garnier Rímolo y Giselle Cruz Maduro, por su gestión y la introducción de lo que él denominó "agenda progre".
La diputada Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio defendió el voto de censura contra la ministra subrayando que no se trataba de un show mediático, sino de una herramienta legítima y necesaria de control político en una democracia. Afirmó que el objetivo del voto era exigir responsabilidad y transparencia en la gestión educativa, y que una ministra censurada debería considerar seriamente dar un paso al lado para permitir a otras personas capacitadas asumir el cargo.
Alfaro criticó la gestión de la ministra Müller, destacando problemas como el pago atrasado de salarios a los trabajadores del magisterio, las pésimas condiciones de trabajo y la opacidad en la administración. Además, argumentó que el gobierno no ha mostrado resistencia a los recortes presupuestarios en el sector educativo y que la falta de transparencia impide un verdadero registro de la situación educativa del país.
Finalmente, y por el Partido Liberal Progresista, la diputada Johana Obando Bonilla señaló que la crisis educativa en Costa Rica es una emergencia nacional que requiere atención urgente, y que la calidad de la educación está en una situación crítica debido a la inacción y decisiones erráticas del gobierno actual, lo que ha dejado a la niñez y juventud en una posición desfavorable.
Obando presentó datos como la pérdida de vidas adolescentes en situaciones de violencia y el alto porcentaje de menores viviendo en pobreza; criticó la falta de inversión efectiva en educación pública y el olvido institucional que ha dejado a los jóvenes desprotegidos y vulnerables, y subrayó que casi el 50% de los jóvenes viven en condiciones de pobreza, lo que impide su desarrollo pleno.
La diputada condenó la desconexión entre el Ministerio de Educación Pública y la realidad del país, mencionó el rechazo de la ministra a fondos destinados a material tecnológico y la grave situación de infraestructura educativa, con numerosos centros educativos en condiciones críticas, y señaló que el presupuesto destinado a educación ha alcanzado un mínimo histórico y que la ministra ha apoyado recortes que afectan directamente a becas, infraestructura y alimentación escolar.
Esta fue la primera vez que una moción de censura se aprueba con votación pública. La anterior, hecha en diciembre de 1995 por 51 de 56 diputados presentes contra el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro Fernández, se realizó con voto secreto empleando bolas blancas para expresar apoyo, y bolas negras para expresar oposición.
La resolución adoptada este miércoles por los diputados no es de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, pero constituye una sanción moral significativa dado el hecho de que es la segunda vez que un ministro recibe una "amonestación" de ese tipo, y que equipara a Müller con el exministro Castro, que fue reprendido por haber encabezado un desfile de policías armados hacia el Congreso en reproche por la lentitud legislativa en aprobar reformas necesarias para que los tribunales tuvieron más armas para combatir la delincuencia.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, manifestó el apoyo del Poder Ejecutivo a la gestión de la ministra de Educación Pública tras la aprobación de la moción:
Lo sucedido hoy en la Asamblea Legislativa es irrelevante para el Gobierno de la República. Ratificamos el apoyo a la ministra de Educación Pública, Ana Katharina Müller, quien continuará en su cargo al frente del Ministerio de Educación Pública".
