La legisladora aseguró que "una consecuencia altamente posible" del decreto "es una quiebra o un debilitamiento fatal" en el ICE.

La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando Bonilla aseguró esta semana que el Decreto Ejecutivo 44.196 firmado por la Presidencia de la República y por los ministerios de Seguridad y de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) que excluyó a las empresas chinas como proveedoras para redes y soluciones 5G, "afecta la competitividad del país y podría acabar con el ICE”.

Obando hizo esta declaración en el marco de la discusión que se está llevando acabo en el país sobre el tema, sobre el proceso de apertura del servicio en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), permitiendo que hasta ahora solo empresas privadas hayan podido empezar a lanzar el servicio, valiéndose del espectro radioeléctrico con el que ya cuentan.

Según aseguró Obando en una entrevista concedida a este medio, hasta agosto del año pasado, "previo a la publicación del decreto, el ICE se mantenía actualizado" pues la infraestructura de telecomunicaciones con la que contaba le permitía brindar una oferta de servicios de 4G al igual que los operadores privados con quienes compite.

Sin embargo, el escenario actual es diferente:

El decreto de 5G que impulsa el gobierno obliga a construir una red que es muchísimo más costosa y que además tomaría muchísimos años para alcanzar la cobertura existente, mientras que los operadores privados optan por las opciones más costo efectivas que les ha permitido, por ejemplo, desplegar el 5G en unos pocos meses. La consecuencia inevitable es que el ICE estará compitiendo por algunos años en un mercado de redes que ya son de 5G pero ofreciendo servicios de 4G, y lo que es peor, con precios altos ante la inminente necesidad de hacer una red nueva.  Los clientes tendrán una oferta de 5G a un menor costo y una oferta de mayor costo en el 4G del ICE. Una consecuencia altamente posible es una quiebra o un debilitamiento fatal de la institución".

La legisladora señaló que el mercado de las telecomunicaciones "siempre ha sido y será un mercado fundamentado en criterios técnicos", donde cada empresa debe "ser libre de tomar las decisiones que impacten al desarrollo de la infraestructura y por ende a los servicios que ofrece sobre la base de factores objetivos", por lo que resaltó el papel de entes reguladores como la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en Costa Rica, la cual ha "permitido a los operadores seleccionar las estrategias específicas que mejor se adapten a las condiciones y requerimientos específicos del mercado, mientras que la dependencia estatal sólo gestiona el uso del espectro".

Ahora, asegura:

La intromisión del gobierno con el decreto de 5G impacta negativamente, sobre todo al mercado, porque genera estrés y complejidad innecesarias en los operadores, en las empresas, lo que va en detrimento del libre mercado, la libre competencia y sobre todo, a quien afectará gravemente al usuario. Lamentablemente, el ICE se está convirtiendo en un ejemplo perfecto de la incompetencia del Estado, del gobierno y lo más preocupante es que el Ejecutivo y la ministra del Micitt, a pesar de haber sido advertido en múltiples ocasiones por esta diputada y diferentes actores relevantes dentro del mercado de telecomunicaciones, ha tomado el camino de no escuchar las múltiples observaciones y mantener un decreto que todo el mercado de telecomunicaciones adversa y que obstaculiza el desarrollo ágil del 5G".

La legisladora también aseguró que, de no ser por Liberty que empezó a ofrecer el servicio el mes pasado, Costa Rica sería uno de los últimos países en implementar 5G, frente a haber sido el primero en implementar la 4G, por lo que sostuvo que:

Ya lo he venido diciendo en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Este tipo de decreto del 5G viola de muchísimas formas el principio de neutralidad tecnológica que prevalece en el mercado mundial de telecomunicaciones y que explícitamente se incluye en nuestra Ley General de Telecomunicaciones. No habría forma justificada de hacer caso omiso a este principio de neutralidad tecnológica, pero sí se está haciendo y en forma incoherente".

A su vez señaló que:

El Ejecutivo justifica el decreto en el tema de los ataques cibernéticos del 2022. Ninguno de los operadores de telecomunicaciones fue objeto de estos ataques y, sin embargo, el gobierno opta por ponerles camisas de fuerza a ellos, en lugar de atender integralmente las vulnerabilidades de las instituciones que fueron afectadas. Los requerimientos del decreto han sido ampliamente rebatidos y descalificados por su inoperancia, desproporción y carencia de fundamento técnico, como lo hizo ver Sutel. Asimismo, el gobierno muestra claramente un sesgo político hacia países específicos y no intentan ocultarlo. Lo hace de una forma bastante torpe con medidas discriminatorias y empujándonos hacia un terreno de disputas geopolíticos que no le conviene para nada al país".

Para la diputada, además, las consecuencias del decreto inciden "directamente sobre el atractivo que tiene Costa Rica para que cualquier empresa instale y opere desde nuestro país en lugar de otro":

Nosotros, al tener este decreto creamos una percepción terrible de inseguridad jurídica, nos resta competitividad en el mercado internacional. La plataforma de 5G permite el lanzamiento de una nueva gama de servicios corporativos en muchísimos niveles. Su carencia nos quita atractivo para las inversiones y eso afecta el empleo y la activación productiva del país.  La imagen actual que proyectamos es de atraso tecnológico y eso es grave".

En ese sentido, la legisladora hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de esta, la cual preside, para que soliciten al Micitt la derogatoria de ese decreto, al tiempo que aseguró que "trabajamos en el proyecto de la Ley de Ciberseguridad, que brinda herramientas para el fortalecimiento" de ese tema en el país:

Instamos a la ministra Bogantes a pasar a la historia como la persona que impulsó el 5G en Costa Rica y no la persona que lo obstaculizó".