Más de 3000 kilómetros de carreteras nacionales se trasladarían para ser atendidas por las municipalidades. 

La Defensoría de los Habitantes investigará la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de trasladar la atención de más de 3000 kilómetros de carreteras nacionales al régimen municipal. 

La defensoría envió al MOPT 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT el próximo 10 de julio. 

El objetivo de la Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos.

Dentro de las dudas, la defensoría solicitó al jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, aclarar si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.

Se le consultó también si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario

En un comunicado a la prensa emitido este 8 de julio, la Defensoría señaló que es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si el ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.

Además, al MOPT se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.

También, el jerarca de Obras Públicas deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como Lanamme u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.

Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.

Por este caso días atrás la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) manifestaron su molestia con la decisión y solicitaron al Poder Ejecutivo dar marcha atrás con el decreto.