Hace pocas semanas, el 3 de junio, publiqué en este generoso espacio mi columna “Ciudad Gobierno y Terminal de Cruceros y Marina”. Empecé indicando "son dos proyectos importantes y convenientes". Y lo justifiqué.  Entonces propuse una solución que los hechos subsiguientes dejaron atrás.

Como sigo creyendo en la bondad de esas obras en la Ciudad Capital y en Limón hoy vuelvo a las andadas.

El referéndum es una solución lenta, compleja e innecesaria

La solución propuesta con el referéndum es complicada y lenta. Prácticamente impediría a este gobierno iniciar su construcción. Y hay soluciones más eficientes y rápidas que, además, nos permitirían constatar la capacidad de nuestras instituciones para resolver problemas y desentrabar soluciones.

El gobierno ha propuesto un referéndum tanto por la vía de un acuerdo legislativo como por la que depende de iniciativa ciudadana. Lo justifica con estos dos proyectos, pero es una propuesta de modificación permanente que afecta las leyes Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), de Control Interno, de Contratación Administrativa y de JAPDEVA.

Juristas connotados han levantado la objeción de que el proyecto incurre en inconstitucionalidades. El Tribunal Supremo de Elecciones lo ha sometido a consulta de la Sala IV. También señoras y señores diputados han sometido consultas a la Sala IV, una que no fue admitida por razones de procedimiento, y otra que igual que la del TSE está en trámite.

La resolución del tribunal de constitucionalidad determinará si se da alguna violación a la normativa constitucional, que de darse impedirá la celebración del referéndum. No se resolvería ninguno de los problemas actuales que impiden la realización de esas dos importantes obras. Y no habría un plan B.

De no darse ninguna inconstitucionalidad vendrá el período de recolección de firmas y de su verificación en el caso de la iniciativa popular, para después someterlo a la consulta popular. En el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo si fuese aprobada por mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa, seguiría después la fijación de plazo para la ejecución del referéndum. Esta resolución del Congreso se dará hasta después de resueltas las consultas de constitucionalidad.

De seguir adelante el proceso no se contará con el resultado sino dentro de varios meses que podrían incluso atrasarlo para después de las elecciones de 2026.

Sí, como yo creo, estas dos obras en San José y Limón son convenientes y urgentes ¿Para qué dejarlas sin solución y en el mejor de los casos posponerlas?

Una alternativa rápida, constitucional y sin portillos a la corrupción

Se podría empezar pronto con los procesos si se aprueban las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo a esas leyes, pero sin inconstitucionalidades y sin abrir portillos para que pueda meter sus sucias manos la corrupción.

Un proyecto con esas características ya circula entre algunos y algunas diputadas. Lo conveniente es tramitarlo. Eso resolvería los problemas del ejecutivo y garantizaría que se pueda iniciar esas construcciones.

Lo verdaderamente necesario para ello es dejar claro:

  • Que se puede utilizar la figura de un arrendamiento en terrenos del estado para que un tercero construya los edificios y luego de un período de pago de alquileres pasen a propiedad del estado las construcciones que en esos terrenos se edifiquen.
  • Que JAPDEVA puede usar la figura de alianza estratégica pero sujeta a concurso público competitivo para determinar de acuerdo con las normas de contratación administrativa cual es la mejor oferta.

Para facilitar la aceptación de esta alternativa por el Poder Ejecutivo en ese posible proyecto de ley que circula se mantienen otras reformas de la propuesta de ley que se desea someter a referéndum. Eso sí, ajustadas para cumplir con los dos objetivos mencionados de evitar posibles inconstitucionalidades y no abrir portillos a posible corrupción.

Con transparencia señalo que me parecen de recibo algunos cambios para evitar la interferencia de la CGR con la administración activa en temas de oportunidad y conveniencia, pero no para crear portillos a posible corrupción, ni para caer en inconstitucionalidades que las tornarían de todos modos inaplicables. Como en otros escritos he indicado, siempre se debe dar campo a la competencia que es un importante valladar frente a la corrupción.

Lo cierto es que el Ejecutivo y el Legislativo, con un proyecto de ley como el que circula, podrían avanzar rápidamente para dar inicio a la construcción de la Ciudad Gobierno y de la Terminal de Cruceros y Marina en Limón. Y además se mejoraría la legislación que regula a la CGR. Y eso sin inconstitucionalidades ni portillos para la corrupción.

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