Son dos proyectos importantes y convenientes.
Desde hace casi 60 años cuando tuve el gran honor y la oportunidad de servir en la administración de don José Joaquín Trejos he visto ir y venir la idea y algún semi proyecto de la necesidad de construir un conjunto de edificios, que permita ubicar cerca unas de otras las dependencias del Gobierno; que sean expresamente diseñados para ese propósito lo que permitiría una más eficiente gestión de sus recursos; que facilite a los ciudadanos acceder a los servicios que brindan; que disminuyan los costos de alquileres y que además promuevan la obra pública tan venida a menos.
También desde hace muchos años se vienen proponiendo algunos proyectos urbanos en la ciudad de Limón —e incluso algunos se han ejecutado— para facilitar el desarrollo de esa importante zona del país y generar empleos para su población. Hacerlo ahora es aún más importante y urgente por el gran incremento en la criminalidad que se ha dado en esa zona, y por la necesidad de proveer a los jóvenes limonenses de alternativas sanas, efectivas y provechosas para su desarrollo.
La verdad es que esas ventajas de estos programas del Gobierno no ameritan mayor discusión. La verdad es también que efectuarlos es ahora muy oportuno, pues en este tiempo la inversión pública ha disminuido muy sustancialmente y se hace necesario generar empleo para personas que se ocupan de tareas constructivas.
También es verdad que realizar proyectos de la magnitud de estos dos con el procedimiento habitual dificultaría contar con las ventajas de gozar de esta solución por muy largo tiempo. Además, los sometería al viacrucis de las modificaciones y atrasos que desdichadamente se generan con los cambios políticos.
Tomaría un muy prolongado período que el Gobierno diseñe los proyectos con todo el detalle de planos constructivos, busque financiamiento y luego licite las obra, pues ese es un proceso muy largo, lleno de trámites y atrasos.
Los ejemplos abundan. ¡Cuántos años tomó simplemente construir el edificio de la Asamblea Legislativa! ¡Cuántos gobiernos han pasado cambiando el proyecto de construir un tren urbano para el Área Metropolitana sin que ninguno se efectúe!
Ambos proyectos se encuentran estancados.
El Poder Ejecutivo ha planteado procedimientos que no cumplen con las obligaciones constitucionales y legales que rigen la contratación pública y la Contraloría General de la República los ha frenado.
Es necesario, conveniente y urgente efectuarlos. Y se debe proceder con respeto a la normativa y a la institucionalidad.
Se han planteado dos soluciones. Una son proyectos de ley específicos para cada caso que cambian las leyes de contratación. Otra es incluirlos en un referéndum multipropósito que los incluiría.
Ambas ofrecen dificultades y además y es tardada su aprobación.
Ingenuamente propongo al Gobierno y a la Contraloría una tercera opción. La solución costarricense.
Establecer una comisión de muy alto nivel con un representante del Gobierno, otro de la Contraloría, uno del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otro del Colegio de Abogadas y de Abogados que trabajen a tiempo completo y en un plazo de un mes propongan una vía expedita que permita de conformidad con las leyes de contratación pública seguir adelante con los proyectos, para construirlos en un breve plazo.
Buscando un acuerdo todos podemos ganar. Se trata simplemente de poner a trabajar buena voluntad y conocimientos.
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