A los sospechosos se les señala de conformar una organización criminal.

El Juzgado Penal de San José ordenó un año de prisión preventiva en contra de 20 personas sospechosas de conformar una organización criminal, a la cual se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho por el caso conocido como Madre Patria. 

La oficina de prensa del Ministerio Público detalló en un comunicado a la prensa que la resolución del juzgado fue comunicada a las partes la mañana de este 10 de julio. 

Otras nueve personas deberán cumplir medidas cautelares distintas, mientras avanza el proceso en su contra, puntualizaron.

Estas personas fueron detenidas en los allanamientos que comandó la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, el 25 de junio anterior y que luego fueron presentadas a la audiencia de solicitud de medidas cautelares, la cual inició el 27 de junio y finalizó el 5 de julio. La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.

En los trabajos se realizaron casi medio centenar de allanamientos en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas para desarticular la estructura criminal dedicada al fraude registral y que, en apariencia, habría sustraído hasta 300 propiedades.

En los operativos se decomisaron 38 vehículos y 13 unidades de autobús de las líneas de Tambor de Alajuela, Barrio San José de Alajuela y Caldera de Puntarenas, puntualizó el día de los allanamientos el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López.

Según el director de la OIJ, la investigación logró determinar que en la estructura criminal había cinco componentes importantes:

  • Los cabecillas, que se dedicaban a buscar las propiedades para cometer los ilícitos.
  • Un equipo importante de 13 notarios, todos detenidos.
  • Un equipo dedicado a las criptomonedas que, en un solo día, tranzó 13 millones de dólares en Bitcoin.
  • Un componente de buses en el que se detuvo a cinco policías de tránsito y un funcionario del Consejo de Transporte Público. 
  • Cinco funcionarios judiciales, incluido un juez de la República del Juzgado de Desamparados que asesoraba al grupo criminal y facilitó sus empresas tipo outlet para legitimación de capitales.

El funcionario explicó que los policías de tránsito en apariencia generaban partes o infracciones a líneas de autobuses rivales para que el grupo criminal, posteriormente, pudiera adueñarse de esas líneas, en contubernio con el funcionario del CTP.

Además del juez detenido, el director del OIJ afirmó que también figura un técnico del Archivo Criminal, un Técnico Judicial del Juzgado de la Unión que trabajaba con el juez de ese despacho que fue detenido la semana pasada por otra causa; así como otro técnico de la Defensa Pública, quien había hecho diferentes consultas sobre el caso.

Según explicó el funcionario, el grupo criminal está comandado por dos personas de nacionalidad española, por lo que lo denominaron "Madre Patria", un sujeto de apellido Gómez de 42 años de edad, y otro de apellido León de 41 años, quienes en apariencia se dedicaban al fraude registral.

Los apellidos personas imputadas y las respectivas medidas cautelares son las siguientes:

  • Un año de prisión preventiva:

León Muñoz (nacionalidad española), Jiménez Arias, Arrieta Solano, Rodríguez Hidalgo, Fernández Gustavino, Gómez González (nacionalidad española), García Núñez, Prenda Matarrita (abogado y notario), González Araya, Herrera González, Chaves Arias (abogado y notario), Rojas Rojas, González Pinto (abogada y notaria), Venegas Marín (funcionario judicial), Marín (de nacionalidad colombiana), Loaiza Bolandi (abogado y notario), Barrientos Campos, Herrera Vega y Pérez Barboza.

  • Un año de arresto domiciliario e inhabilitación para ejercer notariado.

González Jiménez y Aguilar Zúñiga.

  • Un año de inhabilitación para ejercer notariado y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.

Fernández Bonilla.

  • Un año de suspensión del cargo y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.

-Oficiales de tránsito: Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños.

-Funcionario del CTP: Rosales Apu