La diputada Kattia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó junto con cinco congresistas de otras bancadas un proyecto de ley para que los créditos fiscales por hijos dependientes y cónyuges sean el equivalente a una pensión del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 24.332, pretende actualizar los irrisorios montos de crédito fiscal vigentes hoy en la Ley del Impuesto sobre la Renta y que son equivalentes a 1730 colones mensuales por hijo (20.760 colones anuales) y 2620 colones mensuales por cónyuge (31.440 colones anuales).
Dato D+: En Estados Unidos el crédito fiscal o crédito tributario por hijos en 2021 era de $3600 anuales para menores de 6 años y de $3000 anuales para menores entre 6 y 17 años. En Costa Rica el monto anual equivale a apenas $40.70 (tipo de cambio de 510 colones), o de $61.64 anuales por cónyuge.
Cuando la Asamblea Legislativa promulgó la Ley del Impuesto sobre la Renta en 1988 estableció montos de crédito fiscal mensuales fijos de 1800 y 2400 colones para hijos y cónyuges, respectivamente, y no fue sino hasta el año 2001 con la promulgación de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, se estableció que los montos serían actualizados, en adelante, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo los montos nunca se trajeron "a valor presente". Si se hubiese hecho el monto anual por hijos dependientes sería de 41.930 colones y el de cónyuges sería de 55.910 colones, aún por debajo del monto que representaría la reforma a hoy, al ligarla a las pensiones del régimen no contributivo de la Caja, que actualmente rondan los 88.000 colones.
"La finalidad última de esta iniciativa es contribuir al bienestar general de la población costarricense, asegurando que las políticas fiscales no solo sean eficientes en la captación de recursos, sino también justas en su distribución y con un impacto positivo en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos", declaró la diputada proponente en un comunicado de prensa.
Además de Estados Unidos otros países con créditos fiscales anuales por cifras muy superiores a las de Costa Rica son Canadá (≈4370-5180 dólares), Reino Unido (≈3580 dólares), Australia (≈2930-3870 dólares), Alemania (≈1680 dólares), España (≈1300 dólares) e Italia (≈2280 dólares).
Para que el proyecto de ley inicie su trámite por la Asamblea Legislativa deberá ser convocado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo o bien, esperar a agosto que el Congreso recupere el control de la agenda.
Breves
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.257 "Tercer Presupuesto Extraordinario de la República y Segunda Modificación Legislativa a la Ley No. 10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2024".
Con este presupuesto se disminuye el Presupuesto de la República en ¢72.186,5 millones, se redistribuye un monto global de ¢11.758,4 millones en 12 títulos presupuestarios, y se disminuye la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna por ¢5076 millones. También se incluyen nuevos gastos en el instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), incluidos más de 6 millones de dólares que fueron confiscados a una empresa vinculada con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, bajo investigación en Costa Rica por legitimación de capitales, específicamente de sobornos presuntamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht.
El 79,3% de la modificación presupuestaria se concentra en el rebajo en cuatro ministerios: Justicia y Paz; Obras Públicas y Transportes; Seguridad Pública; y Comercio Exterior; la Presidencia de la República “cedió” ¢17,4 millones al Ministerio de la Presidencia; el Ministerio de Justicia y Paz “cedió" ¢256 millones al Ministerio de Economía, Industria y Comercio; y el Ministerio de Hacienda y el de Comercio Exterior “cedieron” ¢1000 millones al Ministerio de Cultura y Juventud.
La Comisión de Hacendarios determinó que con este proyecto se cumple con la regla fiscal, pues en caso de aprobarse definitivamente el margen quedaría en ¢36.205,2 millones en gasto corriente y ¢5482,8 millones con respecto al gasto total.
