El Estado costarricense se apropió de más de 6 millones de dólares que fueron confiscados a una empresa vinculada con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, bajo investigación en suelo nacional por legitimación de capitales, específicamente de sobornos presuntamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Según informó el Ministerio Público, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó el 28 de abril anterior a la empresa costarricense Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de $6.635.267,90 tras determinar que no tenían causa lícita.

La sentencia se enmarca en el proceso de "capitales emergentes", una figura que le permite al Estado confiscar y apropiarse de bienes y valores sobre los cuales existen sospechas razonables sobre su procedencia, o que fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas o ilícitas. En estos procesos no se juzgan personas ni se imponen condenas penales, sino que se impactan patrimonios de apariencia ilegal.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, este proceso fue presentado en contra de Ecostate Consulting Group S.A, la cual estaba representada por el empresario israelí Sabih Saylan, quien en marzo de 2013 reemplazó a la suegra de Toledo como presidente de Ecoteva.

El Ministerio Público recordó que desde el año 2013 las autoridades costarricenses abrieron investigación penal por el aparente delito de legitimación de capitales en contra del expresidente de Perú; su suegra de apellido Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, de apellido Dan On. A este caso se le conoce como "Ecoteva".

De acuerdo con la investigación, empleados del banco privado costarricense Scotiabank habrían ofrecido facilidades en la tramitología para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente $20.000.000, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, dentro del marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos.

Sobre la investigación penal, la Fiscalía informó que el proceso en contra de Toledo, Fernenbug y Dan On se mantiene abierto y, a su vez, también son procesados en Perú.