Irene Cañas negó que el PH Diquís hubiese evitado los racionamientos, pues aún estaría construyéndose.
Irene Cañas Díaz, expresidenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) salió al paso de los señalamientos hechos por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que endilgó a la administración Alvarado Quesada la responsabilidad por la crisis energética que tiene al país a solo días de iniciar racionamientos eléctricos, una medida no vista desde hace 17 años.
A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), Cañas afirmó que es "completamente falso" que los cortes de electricidad sean responsabilidad del gobierno anterior, o de quienes estuvieron a cargo del ICE entre el periodo 2018-2022.
"Todas las decisiones que tomamos en esos años fueron de carácter técnico y se sustentaron en datos que provenían del propio ICE", afirmó la exjerarca.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, acusó este miércoles en conferencia de prensa que el gobierno Alvarado Quesada "predicó durante muchos años" que la demanda eléctrica del país estaba cubierta y que por eso no se necesitaba más generación, incluido el megaproyecto hidroeléctrico Diquís, que generaría más del doble de la electricidad que produce el proyecto Reventazón.
Cañas rechazó las afirmaciones del mandatario señalando que "ni el anterior Gobierno, ni ningún otro, se inventa los datos de la demanda eléctrica del país para "predicarlos". Eso es información técnica que generan departamentos especializados del ICE y que se actualiza periódicamente porque la demanda puede aumentar o disminuir por distintos factores".
Todos estos datos se publican en un documento llamado "Plan de Expansión de la Generación", y que cualquier persona puede consultar. En todos los Planes de Expansión que se publicaron durante mi período, se decía claramente que el país tenía la demanda cubierta por el momento y fue con base en ellos que tomamos todas las decisiones en materia de inversión y compra de energía.
La exfuncionaria señaló que durante su periodo vigilaban "con lupa" el comportamiento de la demanda para activar los protocolos que fueran necesarios para así evitar llegar a un escenario de cortes eléctricos.
"Creo que hicimos muy bien nuestro trabajo porque durante el período 2018-2022 nunca se habló de apagones de ningún tipo", recordó Cañas, quien agregó además que "probablemente, si ahora el país se enfrenta a esta situación es porque ese seguimiento feroz no se ha estado haciendo".
Para la expresidenta del ICE corresponderá a la prensa y a las autoridades políticas determinar si los embalses de las represas hidroeléctricas se manejaron de forma correcta y si se exportó electricidad a Centroamérica en exceso, a sabiendas de que se avecinaba un año con fenómenos climáticos como "El Niño", así como determinar si se activaron las directrices de manejo de la demanda y ahorro de energía en el momento oportuno.
Nada de esto es nuevo para las personas profesionales del ICE, pero dependen de decisiones que toman, en última instancia, las autoridades.
Cañas también salió al paso de la afirmación hecha por el presidente de la República de que su gobierno "revisitará" los planes de construir el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, el cual fue suspendido "indefinidamente" durante el anterior gobierno.
Según la expresidenta, es falso y no tiene lógica que el gobierno culpe a la anterior administración de que los apagones se deban a que no se desarrolló ese proyecto, porque cuando se decidió suspender el PH Diquís la obra no contaba con factibilidad ambiental, ni se había realizado la consulta indígena obligatoria.
Dato D+: En enero de 2022 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló por inconstitucional el Decreto Ejecutivo 34312 firmado durante la administración Arias Sánchez, con el cual se declaraban "de conveniencia nacional e interés público" los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, por violar el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, al trasgredir las disposiciones de la Ley Indígena.
"Obtener esta factibilidad ambiental y social por parte de SETENA, hacer la consulta indígena, obtener financiamiento y construir la represa tomaría aproximadamente 6 años o más. Es decir, suponiendo que todo esto se hubiera logrado a tiempo, Diquís aún estaría en construcción, y no habría podido solventar esta situación", agregó Cañas.
Finalmente la exfuncionaria señaló que sería difícil asumir que la consulta indígena hubiera arrojado un resultado positivo debido a la oposición que los pueblos originarios ya habían manifestado públicamente.