La diputada jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para crear en Costa Rica un sistema de avisos de desaparición de mujeres similar a la "alerta Amber" que existe en otros países ante la desaparición de menores, o el equivalente nacional de la Ley Yerelin que se promulgó en el año 2015.
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 24.311, se denomina "Ley de alerta y rápida acción ante la desaparición o no localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica" y además la suscriben sus compañeras socialcristianas María Daniela Rojas Salas y Melina Ajoy Palma.
Según el texto del proyecto, su objetivo es el establecimiento de acciones inmediatas y procedimientos para la debida coordinación interinstitucional que permita lograr de manera eficiente y eficaz la prevención, atención, resolución y seguimiento de cada caso de desaparición o no localización de mujeres mayores de edad en Costa Rica, mediante un procedimiento de alerta para la búsqueda que deberá ser desarrollado por medio de los protocolos articulados entre el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de la Mujer.
La diputada Carballo señaló que el proyecto de ley surgió después del femicidio de Kimberly Araya Granados, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado semanas atrás en el cerro Zurquí y cuyo principal sospechoso es su esposo, quien se encuentra en prisión preventiva por hasta un año.
"Presentamos un proyecto de ley que crea un protocolo con rango de ley para que el OIJ pueda generar una alerta cuando se dé la desaparición de una mujer y permita agilizar su búsqueda e investigación del caso. La alerta deberá ser difundida a la población por los medios de comunicación, redes sociales y telefonía móvil, de manera que a la ciudadanía le pueda llegar un mensaje con el nombre, la foto y otros datos de la mujer desaparecida", puntualizó la legisladora.
Según el proyecto, el protocolo deberá establecer que una vez el Organismo de Investigación Judicial sea notificado de la denuncia de desaparición o no localización de una mujer, deberá solicitar y enviar la información necesaria para emitir una alerta al respecto a través de todos los medios de comunicación posibles, incluidas redes sociales, telefonía, radio y televisión.
La alerta deberá tener el nombre completo de la mujer desaparecida, fotografías, última vestimenta y último lugar donde fue vista y el sitio a donde comunicarse para brindar información.
Además, se enviará la alerta a todas las autoridades en las fronteras, puertos, aeropuertos, servicios de guardacostas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para evitar la salida de la persona o de quienes exista sospecha o tenga información relevante para determinar la localización de la mujer.
El proyecto también establece que un juez penal podrá autorizar el registro, secuestro y examen de documentos privados, así como la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones de quienes exista sospecha razonable de que cuenta con información relevante para determinar la localización de la persona.
Esta iniciativa también permitirá al juez la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones sin que medie un proceso penal. El femicidio de Kimberly, la muerte de mujeres por su condición de género, nos dice que no es suficiente lo existente para la protección de las mujeres y que se necesitan mayores y mejores herramientas para resguardar la vida de ellas, de todas. El Estado, entiéndase los tres poderes de la República, tienen el deber de legislar al respecto.
Por otro lado, el proyecto dispone que el Organismo de Investigación Judicial deberá mantener un registro nacional actualizado diariamente de mujeres desaparecidas al que pueda acceder la ciudadanía; y que de registrarse como caso no resuelto, la alerta mencionada pasará a difundirse al menos una vez cada 30 días naturales.
Según datos de la diputada señalados en el proyecto de ley y cuya fuente es el OIJ, entre julio del año 2021 y julio del 2023 se contabilizaron 3334 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales más de 1500 corresponden a mujeres mayores de edad.
Para ser tramitado el proyecto deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo a las actuales sesiones extraordinarias.
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El plenario realizó este lunes el primero de los dos días de análisis del mensaje presidencial del pasado 2 de mayo, con críticas a la propuesta de Rodrigo Chaves de llamar a un referéndum y señalando falencias tanto en su discurso como omisiones o una mala contextualización de los datos que suministró al país.
Luis Fernando Mendoza, diputado del PLN, le dijo al mandatario que lo que mantiene su barca a flote, son "sus broncas, las que alimenta y promueve para ocultar su incapacidad e inutilidad para resolver las broncas del país".
Como bien lo dice el periodista y escritor Miguel Martí, usted transmutó su método, ahora en vez de comerse la bronca, provoca sus propias broncas. Lo tenemos claro, señor Presidente, usted descubrió finalmente que, la mejor forma de mantener y alimentar su planificada bronca es convocar a un referéndum, ahí cierra su círculo. Y por supuesto, ya comenzaron a sonar las voces que piden utilizar el referéndum para la revocatoria del mandato de los diputados y también para la reelección continua del Presidente de la República, eso lo veremos.
Alejandra Larios Trejos, subjefa de los verdiblancos, señaló que la amenaza con la aplicación de un instrumento constitucional (el referéndum) es una excusa ante la incapacidad de gobernar, ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo en la solución de las necesidades de la población, pero además es una falsa expectativa porque los requisitos, el trámite y hasta el presupuesto para llevar a cabo un referéndum no se lograría en los dos años que le quedan a este Gobierno "y eso sería para que una vez más eche las culpas a otros".
Por su parte Kattia Rivera Soto, también del PLN, dijo que el discurso de Chaves desconoce que mucho de lo positivo que efectivamente tiene Costa Rica ha sido construido por gobiernos anteriores y por alianzas público–privadas; y que el discurso del mandatario mentía, usaba medias verdades y ocultaba datos para olvidar las enormes fallas de su gestión en inversión social, en educación, en salud, en vivienda, en asistencia social, seguridad ciudadana y combate al narcotráfico.
Mientras tanto, la diputada Gloria Navas Montero dijo que rechazaba las críticas de Chaves contra la Asamblea y que lo que el presidente estaba intentando hacer era doblegarlos, además de advertir que "sobre la democracia pasarán sobre mi cadáver, ¡sobre mi cadáver! estoy dispuesta a defender a este país en todos los lugares que se requiera pero hay que trabajar con los instrumentos democráticos".
Por su parte, Carlos Felipe García del PUSC criticó la falta de reconocimiento del presidente hacia la labor legislativa y la administración anterior, mencionando contradicciones en sus declaraciones sobre temas como el proyecto del marchamo, el cual Chaves recriminó en su discurso del 2 de mayo pero destacó su aprobación cuando este se votó; además de que el oficialismo también dio sus votos afirmativos.
Mientras tanto, Daniela Rojas Salas expresó su decepción y preocupación por el discurso del presidente, acusándolo de provocar, amenazar y usar un tono altanero, en lugar de ofrecer soluciones y colaboración. Asimismo, criticó la falta de reconocimiento del presidente hacia la labor legislativa y que omitiera problemas importantes como el aumento de homicidios y la falta de acceso al crédito formal. Finalmente, la diputada hizo un llamado a la unidad y la madurez dentro de la Asamblea Legislativa, instando a no caer en provocaciones y mantener el foco en los temas importantes para el país.
Luis Diego Vargas Rodríguez, jefe del Liberal Progresista, señaló que, al igual que el jaguar, los ciudadanos costarricenses están en peligro y enfrentan amenazas como el aumento de la tasa de homicidios y las brechas educativas. Además, criticó la falta de atención a la conservación de la biodiversidad y el potencial de la bioeconomía en el discurso del presidente y en las políticas gubernamentales.
Por su parte, el diputado Gilberto Campos Cruz del PLP presentó una serie de datos sobre la situación socioeconómica y de seguridad en Costa Rica, destacando la existencia de dos realidades contrastantes en el país, en un lado de ellas el alto índice de desempleo, la creciente informalidad laboral, los índices de pobreza y pobreza extrema, así como el cierre de empresas y microempresas.
La diputada Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio expuso una serie de críticas contundentes, destacando varios aspectos en los que considera que ha fallado en su gestión el gobierno de Chaves, incluida disminución de la inversión social afectando programas como el FODESAF, el BANHVI y las becas del programa Avancemos, así como el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP); la suspensión de la aplicación del decreto que regula los parámetros de ciberseguridad para el desarrollo de la red 5G en Costa Rica, lo que ha detenido los concursos para la implementación de esta tecnología; un incremento significativo en la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); la pérdida de un crédito destinado al proyecto Orosi II, lo que ha llevado a recortes de agua en varias comunidades de la Gran Área Metropolitana (GAM); y la caída en los decomisos de cocaína así como la reasignación de escáneres de la Policía de Control de Drogas para tareas administrativas.
Finalmente, el diputado Jonathan Acuña Soto acusó a Chaves de mantener la misma línea de gobierno servil a las élites económicas, señalando que su administración no representa un cambio real en este sentido; y la falta de traducción del supuesto crecimiento económico en bienestar para la población, señalando que se han sacrificado programas sociales, becas, inversión en educación y otros aspectos que afectan directamente a las personas más vulnerables.
Asimismo, Acuña acusó al gobierno de Chaves de ser cómplice de la corrupción, mencionando casos específicos de corrupción y nepotismo que han ocurrido durante su mandato; sumada a la actitud del gobierno de deslegitimar toda forma de oposición y su intento de acumular poder de manera iliberal.
