La organización pide acelerar el segundo debate y la eventual publicación en La Gaceta del proyecto de ley.

La Fundación Andrea Jiménez solicitó que el trámite del proyecto de ley que le donará el terreno en el que el instituto que lleva el mismo nombre (y que ha sido sujeto de pleitos legales con la comunidad del Residencial La Cabaña por casi 34 años) finalice antes del próximo 18 de abril, a fin de evitar la orden de desalojo que ya pesa sobre la edificación.

Según indicó la presidenta de la Asociación de Padres de Familia del instituto, Sandra Cascante, "estamos a dos semanas de un desalojo" por lo que es están pidiendo a la Asamblea Legislativa que apruebe el segundo debate del expediente 23.941 este mismo lunes.

El tema con la Andrea Jiménez es de larga data: debido a un error material a la hora de inscribir la donación del terreno en el que operan, la fundación, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, corre el riesgo de ser desalojada de la propiedad en la que atienden.

El abogado de la fundación, Adrián Alvarenga, detalló semana atrás que el error procede del año 1987, cuando se promulgó la ley que autorizó a la Municipalidad de San José a donarle un inmueble a la Fundación pero en el que, por error, se especificó mal la matrícula de la finca.

Las autoridades de aquel momento consignaron la matrícula 259968- 000, que se trata de la finca madre, en lugar de consignar la finca segregada matrícula 336718-000 que es el terreno donde la fundación construyó el edificio.

Este tema ha desencadenado una serie de problemas y procesos judiciales desde 2012 y, con el objetivo de hacer frente al proceso de ejecución, en la Asamblea Legislativa la diputada Carolina Delgado Ramírez presentó el proyecto de ley que buscar desafectar del uso y dominio público este terreno propiedad de la Municipalidad de San José, para se autorice a ese gobierno local a donar el espacio a la fundación.

Este proyecto fue aprobado en primer debate el pasado jueves 4 de abril pero, mientras eso sucedía, la organización era notificada nuevamente del desalojo, el cual ya está en proceso para ejecutarse.

Según indicó Wendy Araya, una de las madres del instituto, a Delfino.cr:

La orden de desalojo fue redactada con la fecha del 8 de marzo pero a nosotros nos notificaron el 18 de ese mes, por lo que a partir de ese momento empezó a contar el mes que tenemos de tiempo para desalojar y por eso es el 18 de abril que tenemos plazo máximo para desalojar. Nosotros no podemos irnos para otro lugar porque no existe otro lugar físico a donde ir, el Estado no nos ha dado ninguna opción y no hay nada viable para ello porque requerimos de un lugar que tengan las condiciones necesarias para recibir a nuestros chicos y que esté habilitado, pero esa opción en este momento no existe".

La orden de desalojo contra el edificio se consumó en setiembre de 2022; sin embargo, la organización se ha negado a desalojar debido a que, como señalaba Araya, no tienen forma de seguir operando. Esto ocasionó que la Asociación Específica para el Mantenimiento del Residencial La Cabaña presentase un proceso formal de Ejecución de sentencia el 12 de setiembre de ese año, la cual fue contestada por la Municipalidad de San José el día 29 de ese mes.

Así, y en vista de los resuelto por el Tribunal de Ejecución, la Municipalidad notificó, nuevamente, a la Andrea Jiménez el 6 de noviembre de 2023, bajo el oficio ALCALDIA-03468-2023, la orden de entregar dicho inmueble, ante lo que la Fundación presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de traerse abajo esa disposición. Ese recurso fue resuelto el pasado 1 de marzo y con él quedó el firme el desalojo.

La Municipalidad de San José, por su parte y por medio de su apoderado general para el tema, Roberto Arias Olivares, solicitó una audiencia ante el Contencioso para tratar la negativa del instituto a desalojar, un requisito que es parte del trámite previo a un desalojo forzado por parte de la administración.

Segundo debate y publicación en La Gaceta sin ir a consulta

Debido a lo anterior, las familias del Instituto están solicitando que el proyecto de ley reciba segundo debate el día de hoy y que el texto, posteriormente, se firme en Zapote a la brevedad posible.

Según indicó Sandra Cascante, ha un temor de parte de la organización a que bancadas como la del Frente Amplio (que había planteado una treintena de mociones que bloqueaban el proyecto) enviaran la iniciativa a consulta a la Sala Constitucional, lo cual dilataría aún más el proceso.

Según señaló Cascante:

Si el proyecto de ley no se vota, se rechaza o se envía a consulta, nos van a desalojar y si eso sucede ¿qué vamos a hacer con todos estos niños, adolescentes y adultos que atendemos en este lugar? El único camino para evitar el desalojo es que el proyecto de ley se vote y se apruebe".

El proyecto de ley está en agenda para su discusión en segundo debate, la tarde de este lunes.