La propiedad fue inscrita con el número de finca madre y no con la segregación, lo que ahora está obligando al instituto a desalojar.

Debido a un error material en la Municipalidad de San José a la hora de inscribir la donación del terreno en el que operan, la Fundación Instituto Andrea Jiménez está a punto de ser desalojada de la propiedad en la que atienen a personas con discapacidad desde hace más de 30 años.

Así lo confirmó la directora ejecutiva de la fundación, Silvia Mora Monge, en una conversación sostenida con Delfino.cr esta semana, en la que expresó la preocupación del instituto, ahora que "no tenemos a dónde ir":

La escuela tiene 48 años de existir, de dar una oferta para educación especial y tiene 33 años de estar acá en esta edificación. El terreno donde está la edificación fue donado por la municipalidad de San José pero resulta que a la hora de hacer la inscripción hubo un error en el número de finca, un error material, porque se inscribió todo el número de finca madre y no la segregación que tenía que hacerse de la parte nuestra, lo cual ha desencadenado muchísimas situaciones hasta la fecha".

La Fundación Andrea Jiménez es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada en 1974 por la Familia Jiménez Beéche, con el propósito de llenar el vacío educativo que afrontaban (y afrontan aún) las personas con discapacidad en la educación pública.

La fundación, coordinadora del Instituto Andrea Jiménez, ofrece a partir de este, dos tipos de programas escolares: el primero dirigido a personas de cero a 21 años, donde se imparten clases de preescolar, primer ciclo, segundo tercero y cuarto ciclo; y el segundo para personas de 21 a 65 que tienen un programa especializado para adultos.

Dentro de sus funciones, y según indicó Mora, la oferta educativa no es solamente de un programa escolar si no que encierra programas de terapia como la asistida con perros, la equinoterapia, la natación, la terapia de lenguaje, la terapia ocupacional y la terapia física, entre otros, los cuales según la directora, se ven seriamente comprometidos con esta decisión:

Nosotros decimos que somos únicos porque los horarios y servicios que aquí reciben los chicos difícilmente nos encuentren en otro sistema. Además, también hablamos de 50 personas que damos nuestros servicios aquí en el instituto, con una gama riquísima de profesionales desde terapeutas, profesores de educación especial, musical, artes plásticas, vida en familia, todo un área psicosocial, trabajo social, sociología, psicología, la parte administrativa... En fin es un equipo pues muy consolidado durante tantos años. Los testimonios de los papás, señalan que su mayor preocupación es que ellos no quieren volver al sistema público donde no les van a lo que reciben aquí. Por eso, y aunque por supuesto somos respetuosos de la resolución nuestra preocupación es que ahora ¿para dónde cogemos? ¿Dónde vamos a irnos en este momento si no tenemos nada?"

Error material

En el año 1987, mediante la Ley No. 7089, la Asamblea Legislativa desafectó la naturaleza del terreno en cuestión, ubicado en San Francisco de Dos Ríos, con lo que se autorizó a la Municipalidad a que donase el lote a la fundación, lo que permitió la construcción del edificio escolar donde se opera desde hace tres décadas.

Lo que pasa, como indicamos más arriba, es que a la hora de inscribir la donación, la Municipalidad inscribió todo el número de finca madre y no la segregación, una situación que ha desencadenado una serie de problemas y procesos judiciales cada vez más serios, desde el año 2012, cuando para proteger al edificio del riesgo de vandalismo y suciedad que implicaba no tener una tapia al frente, se empezó a dar cuenta del problema.

Según Silvia Mora:

Nosotros decidimos hacer una tapia perimetral para salvaguardar la seguridad de los estudiantes pero cuando se hace esa tapia se acrecientan los problemas con los vecinos y empiezan una serie de procesos legales desde contenciosos y denuncias y así sucesivamente hasta que se llega al último proceso de casación. Ese proceso de casación duró su tiempo y ahora nos llegó una resolución que indica que nosotros, a pesar de que nunca actuamos de mala fe y nos liberan de cualquier costa en términos legales, debemos devolver el terreno completo a manos de la municipalidad, lo que indica que viene un proceso de ejecución".

A partir de la resolución anterior, la número 001427-F-2022 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la Municipalidad de San José emitió la resolución ALCALDIA-01863-2022, fechada el 3 de agosto pasado, en la que señaló que se ponen a disposición de la fundación "para coordinar todo lo necesario para la entrega formal de dicho inmueble a favor de esta municipalidad", al tiempo que indican donde empezar el trámite "ya que somos conscientes que dicha entrega conlleva toda una logística por parte de ambas instituciones".

Al respecto, Mora Monge señaló que "¿y ahora nosotros qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos?":

Nosotros le preguntamos ese día en la reunión a la alcaldía que qué hacemos, que para dónde cogemos o que por qué no vuelven a plantearse la posibilidad de una donación y los señores de la alcaldía nos dijeron que no se puede. Cuando yo les pregunté qué va a pasar con el edificio, ellos dicen que va a haber una demolición y aunque incluso planteamos la posibilidad de ir al Consejo Municipal, ellos dijeron que no, que nada vamos a hacer al Consejo Municipal", agregó.

Según Monge, la operación de la Fundación depende de aportes como el de la Junta de Protección Social (JPS), de las donaciones de familias o de particulares y empresa privada, "pero eso no es para decir que ya tenemos un terreno y ya. Nos hemos dado a la tarea de buscar por aquí cerca porque es lo que le queda bien a las familias que atendemos, y los terrenos llegan incluso a los cinco millones de dólares".

Si bien en la resolución no se indica plazo de desalojo, Mora insistió en que la logística que esta exige "es gigantesca" al tiempo que pidió, por lo menos, que se les permita finalizar el curso lectivo 2022, mientras encuentran otra solución ya sea en instituciones como la JPS o similares, donde el camino, a su vez, es incierto pues una donación de este tipo puede durar años y depende, por supuesto, de un tema presupuestario que es cambiante constantemente:

Nosotros lo que exponemos aquí es que nos preocupa muchísimo esta situación: que sea tan a la brevedad y donde tenemos que luchar para, por lo menos, terminar con dignidad este curso lectivo. Somos una organización sin fines de lucro, no tenemos otro terreno, no tenemos medios para construir y nuestra mayor preocupante es terminar el curso lectivo porque ahora son casi 90 chicos entre pequeños y grandes, los que están distribuidos en dos programas escolares y que se quedan sin el servicio".