La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un informe suscrito por la oposición que acusa al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de haber cometido ilegalidades en las solicitudes de información que hizo a distintas entidades con el fin de obtener información crediticia de los costarricenses, sin anonimizar, para desarrollar un indicador sobre "riesgo hidrológico" solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento de 32 páginas fue votado afirmativamente por Carolina Delgado Ramírez, Dinorah Barquero Barquero y Francisco Nicolás Alvarado de Liberación Nacional, Kattia Cambronero Aguiluz del Liberal Progresista, Vanessa de Paul Castro de la Unidad y Fabricio Alvarado Muñoz de Nueva República.
La diputada Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio presentó un informe separado de minoría al que sumó el respaldo de la diputada Ada Acuña Castro y del diputado Daniel Vargas Quirós del oficialismo.
De acuerdo con el informe que ahora deberá conocerse en el plenario, el Banco Central no cumplió con los criterios definidos por la Procuraduría General de la República en sus solicitudes de información, y la justificación que dio para requerir datos crediticios de los habitantes junto con su número de identificación carece de validez, ya que no reconoció adecuadamente la propiedad de los datos por parte de los usuarios.
Según la mayoría, la defensa del Banco Central se basó en una opinión limitada de la Procuraduría, ignorando la extensión de la información a la que realmente tenía acceso, lo cual afecta la percepción de privacidad de los datos.
Asimismo, la comisión acusó que el hecho de que el Banco Central no requiriera autorización a las personas para tratar sus datos personales, constituye una violación de la legislación vigente, particularmente del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos, lo que evidenciaba una falta de diligencia en su actuación.
Además el informe critica las denuncias penales presentadas por el Banco Central contra la cabeza de la Superintendencia General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya, y del entonces gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, debido a que esas instituciones no entregaron información requerida por el Central de la forma en que ésta la solicitó. El acto de la denuncia, según los congresistas, fue precipitado, no agotó los procesos de comunicación institucional y reveló un "enfoque autoritario" por parte del Banco Central.
Este órgano legislativo estima que las actuaciones del Banco Central no solo han generado una tensión innecesaria entre las instituciones responsables de salvaguardar la estabilidad económica y financiera del país, sino que también han ocasionado un considerable perjuicio reputacional y de confianza. Este perjuicio se evidencia mediante una aparente falta de pericia y un comportamiento temerario en la dirección del Banco Central, concretamente por parte de su Presidente, Róger Madrigal López, comportamientos nunca antes vistos en ningún presidente en el Banco Central.
El documento pide al plenario darle trámite prioritario al informe y acoger las recomendaciones, así como trasladar una copia fiel del expediente de investigación al Ministerio Público para lo que estime procedente en el ejercicio de sus facultades. También se pide al Congreso analizar posibles cambios a la legislación asociada a este tema, en particular los proyectos de ley que se tramitan bajo los expedientes 23.097, 23.980 y 24.023 y cualesquiera otros que se presenten para delimitar el ámbito de información que pueden solicitar las instituciones públicas y para que se genere una mayor defensa de la intimidad ciudadana, extendiendo si fuese necesario el concepto de datos sensibles para incluir a los créditos como elemento fundamental para determinar la condición socioeconómica de las personas y así evitar que, en el futuro, se vuelvan a presentar situaciones similares.
Por otro lado se solicita a la Sala Constitucional que resuelva con prontitud las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la solicitud de datos del Banco Central, a fin de clarificar el marco jurídico y poder tomar las acciones necesarias para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
A la persona que ocupe o llegue a ocupar el cargo de la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y a su Junta Directiva en pleno se les pide respetar los principios de privacidad y confidencialidad en las peticiones que realice el Banco, en general asegurarse de que sus solicitudes de información presentes y futuras respeten los principios legales de privacidad y confidencialidad establecidos por la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales (ley 8968); y recomendó que cualquier solicitud de información garantice que no incluya datos sensibles, que se precise claramente su fin estadístico y que se cumplan los requisitos de confidencialidad, calidad y seguridad de la información.
Adicionalmente se le pide ajustar sus prácticas para cumplir con la Ley de Protección de Datos y reconocer expresamente la condición socioeconómica como un dato sensible, requiriendo las autorizaciones necesarias de los titulares de la información; y revisar los procesos de obtención de datos, considerando que estos no son "bienes de difunto" ni propiedad de las instituciones, sino de los usuarios.
La obtención debe basarse en el consentimiento informado de los titulares de la información.
Por otro lado el informe pide al Central "respetar la tradición del diálogo y la colaboración entre las instituciones involucradas en lugar de recurrir a acciones judiciales precipitadas", así como "una revisión interna de las actuaciones temerarias por parte de la gerencia del Banco Central, a cargo de la señora gerenta del BCCR, Hazel Valverde, especialmente en relación con la denuncia penal interpuesta contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras".
La prudencia y el diálogo deben ser prioritarios antes de recurrir a acciones legales que desgastan y ponen en entredicho la capacidad de los jerarcas para diligenciar las instituciones que tienen a su cargo. El presidente del BCCR debe supervisar de cerca la conducta de la gerencia, especialmente en situaciones delicadas como la presentación de denuncias penales. Teniendo el deber de asegurar que todas las decisiones estén respaldadas por un análisis cuidadoso y no temerario.
Finalmente el informe pide a la directiva del Banco que tome medidas para restaurar la confianza y la reputación dañadas, absteniéndose de llevar adelante peticiones de información sin cumplir con las exigencias que la ley contempla, comprometiéndose a mejorar las prácticas para evitar futuros conflictos y arbitrariedades en el manejo de los datos sensibles.
Mientras tanto, el informe recomienda al Presidente de la República que atienda la "urgencia y la necesidad ineludible" de destituir a Roger Madrigal de su cargo, al sostener que "las razones que sustentan esta recomendación son de una gravedad incontestable, reflejando una serie de irregularidades que comprometen seriamente la integridad y el buen funcionamiento de nuestra institución financiera más importante":
Las acciones del señor Madrigal López han generado un impacto significativo y preocupante en la credibilidad del país, en su seguridad jurídica y por ende en su estabilidad económica. La falta de apego a las normativas legales y éticas en la obtención de información es alarmante, especialmente cuando dicha información concierne a los ciudadanos. Además, la adopción de decisiones precipitadas y temerarias para obtener la información no solo socavó la confianza en el Banco Central, sino que también representa hoy un riesgo latente para la estabilidad económica del país.
Para los firmantes del informe, la permanencia de Madrigal López en su cargo no solo perpetuaría ese riesgo, sino que también comprometería irreversiblemente la integridad y la credibilidad de las instituciones financieras, con especial énfasis en el Banco Central de Costa Rica.
"La gravedad de la situación demanda una acción inmediata y decisiva por parte del presidente de la República, reconociendo el daño reputacional infligido a una de nuestras instituciones más importantes. Es fundamental comprender que la confianza en el Banco Central y en el sistema financiero en su conjunto es un pilar fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad. El deterioro de esta confianza debido a las acciones del actual presidente de la entidad y sus declaraciones ante esta comisión y los medios de prensa es simplemente inaceptable", agrega el informe.
Finalmente, el informe pide a la Procuraduría de la Ética que intervenga ante los hechos investigados, "con el objetivo de esclarecer cualquier posible irregularidad y promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública".
Tras la aprobación del informe el banco emitió un comunicado de prensa afirmando que su ley orgánica le asigna como función la promoción de condiciones favorables al robustecimiento, liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional, y que las solicitudes de datos que ha hecho a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a las entidades financieras "tienen como fin último asegurarse de que las personas no van a sufrir un menoscabo de sus ahorros provocado por un manejo inadecuado de los riesgos en el sistema financiero nacional".
La única forma de validar que el sistema financiero no está generando sobreendeudamiento en las personas es a través de la determinación de la deuda total que un usuario tiene, por ello es necesaria la información de deudores, codeudores y fiadores.
El Central agregó que ya se han visto experiencias a nivel mundial, tal como la crisis financiera global del 2008, donde la falta de claridad con respecto a las concentraciones de riesgo que estaban acumulando las instituciones financieras y los vínculos entre los diferentes sectores, provocaron que los supervisores no se dieran cuenta, hasta que ya fue muy tarde, que los niveles de capitalización de los bancos eran insuficientes para atender los riesgos que esas entidades estaban tomando.
Finalmente el banco indicó que "las crisis no afectan solo a las entidades financieras sino a la economía como un todo y, por lo tanto, a los residentes en el país. Esto hace que el tema sea importante para el BCCR".
Breves
— Con 35 votos a favor y 6 en contra (Frente Amplio) se aprobó "condenar los violentos ataques de Irán al lanzar alrededor de 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos desde su propio territorio hasta el de Israel; hacer un llamado a la comunidad internacional para que interpongan las sanciones que correspondan en contra del Gobierno de Irán por su programa armamentístico y que declaren organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní; exprese su solidaridad con el gobierno de Israel, el pueblo civil de ese país y todas las víctimas inocentes, sin importar su nacionalidad, que sufren las atrocidades de este conflicto".
— Con 13 votos a favor y 27 votos en contra se rechazó "condenar los ataques realizados en los últimos días por parte de todas las naciones involucradas, dado que estas acciones han puesto en peligro la vida de personas civiles inocentes y, por lo tanto, escalado la ya existente tensión en la región; hacer un llamado vehemente a la comunidad internacional para que el flujo de armas de guerra y el financiamiento de estas sean detenidas y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes sobre aquellas naciones que han actuado contrario al Derecho Internacional Humanitario; expresar solidaridad con los pueblos que han sufrido pérdidas y afectaciones a su población civil, víctimas de una escalada violencia sin precedentes en la región en la historia reciente".
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.695 "Ley de prevención, detección temprana y respuesta de la violencia contra la niñez y adolescencia".
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.342 "Ley de Vivienda Productiva".
— Las jefaturas de fracción de los partidos Liberal Progresista, Nueva República y oficialismo anunciaron en la reunión de jefaturas de fracción de este jueves que no apoyarán prorrogar el plazo de la Comisión Especial Investigadora sobre el Sinart, lo que obligaría al foro a cancelar las audiencias pendientes y avocarse a redactar el informe final que deberá ser presentado al plenario.
— La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó afirmativamente el expediente 23525 "Concesión especial a la Universidad Técnica Nacional para facilitar la difusión del conocimiento y universalizar el acceso a la educación técnica mediante la radio, la televisión y las nuevas tecnologías" y por el contrario rechazó el expediente 23.560 "Reforma a Ley Educación y Formación Técnica Dual".
