El Poder Ejecutivo presentó una tercera versión del proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica a la consideración de los jefes de fracción. Aún no ha sido presentado formalmente, pero considero importante que los ciudadanos opinemos sobre la conveniencia de esta propuesta.

Ya lo hice en esta misma columna Horizonte Abierto el pasado 14 de agosto. En ese artículo con transparencia recordé que yo había propuesto esa venta en mi Programa de Gobierno Soluciones para el Futuro y que estaba a favor de hacerlo.

Resumen de mis argumentos anteriores

Indiqué: “En mi opinión potencialmente mejora la distribución de recursos en favor de las tareas prioritarias del estado, mejora las finanzas públicas y si se le introduce una importante modificación disminuye los costos de operar con el sistema bancario”.

1.- Las tareas que cumple el BCR las cumplen otros dos bancos del estado, el Nacional y el Popular. De manera que no pierde capacidad de acción el estado al venderlo. Queda siempre con dos bancos.

No es una actividad esencial y ni siquiera es una actividad importante que un estado tenga y administre tres bancos. ¿Están tan adecuadamente cumplidas las tareas estatales de seguridad ciudadana, educación pública, atención de las personas y familias con graves dificultades por carencias económicas, salud, infraestructura, justicia y previsión social que debemos dedicar el estado a tareas redundantes?

2.- Ciertamente la ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas y su buena aplicación por los dos últimos gobiernos ha mejorado sustancialmente la situación de la hacienda pública. Pasamos de una situación de desembocado crecimiento de la deuda pública en su relación con el tamaño de nuestra producción, a una de continuada mejoría en los resultados de los déficits primario y financiero y de reducción en la relación de deuda pública al producto interno bruto (PIB). Ha mejorado la calificación de riesgo país, han disminuido los intereses que el gobierno debe pagar comparados con las tasas internacionales para los países con menor riesgo.

Pero la situación fiscal está lejos de ser la adecuada. La relación de deuda pública a PIB del año pasado fue de 61,1%, y aún es mayor a 60% que es la tasa mayor de endeudamiento que la regla fiscal consideró para limitar el crecimiento del gasto.

En estas condiciones sería muy conveniente acelerar la disminución de la deuda pública respecto al PIB dedicando para ello los recursos de vender el BCR. Ello nos permitiría atender necesidades de los ciudadanos que están a cargo del estado, y que en las actuales condiciones no pueden ser satisfechas.

3.- La apertura del monopolio estatal de las cuentas corrientes aumentó la eficiencia del sector bancario y bajo el margen de intermediación, es decir la diferencia entre la tasa de interés que los bancos cobran por sus créditos y lo que pagan por los depósitos que reciben.

Pero el margen de intermediación aún es muy alto. Vivimos un confortable equilibrio entre la eficiencia relativa de la banca estatal y las ganancias de la banca privada.

Por eso sería ahora muy conveniente la irrupción de un banco que asuma las operaciones del BCR con una visión de banca al detalle, buscando obtener depósitos a la vista y dando crédito a empresas pequeñas y medianas y a personas, no concentrándose en el sector corporativo. Ello pondría nueva competencia que disminuiría el costo de intermediación con los beneficios señalados.

Otra razón para aprobar la venta del BCR

Gobernar en mucho es priorizar. Con nuestros recursos siempre limitados (tiempo, geografía, conocimientos, capital, recursos naturales) debemos escoger a que dedicamos nuestros esfuerzos.

La realidad actual nos enfrenta con enormes y urgentes problemas:

  • Seguridad ciudadana, los homicidios aumentaron proporcionalmente mucho en 2022, se dispararon el año pasado y son aún mayores este año.
  • Educación, a baja cobertura en secundaria y terciaria y a pobres y decrecientes resultados constatados internacionalmente en pruebas de habilidades, se agregó el “apagón educativo”.
  • Familias con carencias, tenemos menos personas empleadas que antes de la pandemia, y el promedio de los ingresos laborales es menor.
  • Salud, una población que envejece e incrementa los costos se agrega a un manejo ineficiente acumulado y a la necesidad de cambiar el financiamiento para que no recaiga sobre los salarios.
  • Programas sociales, de 2019, último año antes de la pandemia, hasta 2023 el gasto social disminuyó en colones corrientes. En términos reales, o sea en colones con el mismo poder de compra, el gasto social ha caído casi un 9%. En educación la reducción es del 10,4% y en asistencia social del 7%
  • Infraestructura, a pesar de esfuerzos no alcanzamos ni siquiera a cubrir el mantenimiento que requiere la estructura ya construida. Ni que decir de las obras nuevas. Ni la carretera a San Carlos, ni la carretera a San Ramón, ni las ampliaciones en la interamericana, la carretera a Cartago y a Caldera están cerca de ser terminadas, y algunas ni se han iniciado.

En esas condiciones lo razonable es vender activos no esenciales, bajar pasivos y así disminuir la razón de deuda a PIB por debajo de 60% para poder, de conformidad con la regla fiscal, acelerar el crecimiento del gasto corriente que pasaría de crecer un 65% del crecimiento del PIB en los 4 años anteriores, a un 75% y además, el gasto de capital no tendría límite para su aumento y se podrían ajustar los salarios de los servidores públicos por la inflación.

Esto es priorizar las acciones públicas en favor del bien común.

Enmiendas al proyecto de venta

Para obtener todos estos beneficios considero necesarios algunos cambios al proyecto de ley.

En primer lugar, el mencionado en mi artículo de agosto del año pasado.  Incluir una provisión para que en la venta se dé preferencia a un banco de primer orden que se comprometa a dedicar el Banco de Costa Rica a trabajar al detalle en cuanto a busca de cuentas corrientes y a su concesión de crédito. Esto no debería afectar significativamente el precio de venta.

En segundo lugar, el total de los ingresos por la venta deberían aplicarse a abonos extraordinarios a la deuda pública, por encima de las amortizaciones que correspondan al año en curso, y sin que se puedan usar para el pago de intereses.

Y en tercer lugar el aumento en el crecimiento del gasto corriente que permita esta reducción extraordinaria de deuda pública debe emplearse al menos por un período de años establecido en las cinco áreas esenciales: seguridad, educación, servicios sociales, salud e Infraestructura.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.