Finalmente, el pasado 27 de febrero de 2024; mediante la Resolución N° 2024001180, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar una demanda que desde el 2019 presentó un grupo de estudiantes de la carrera de Marina Civil en la UCR (incluida mi persona), dándole absolutamente toda la razón a cada uno de los reclamos y condenando a la universidad a indemnizarles por haber promocionado de manera fraudulenta una carrera que no cumplía con requerimientos legales mínimos para ser impartida, ni convenios internacionales que respaldaran su formación; contrario a toda la información divulgada desde el 2011 por la institución.

Entre otras consideraciones, la sentencia cita textualmente: “los siete accionantes habían aprobado satisfactoriamente la totalidad de los cursos más no pudieron concluir con sus prácticas y su proyecto final de graduación por defectos en el planteamiento de la carrera, tal y como fue reconocido por la propia Vicerrectora. El anhelo de continuar con su proyección profesional quedó frustrado por un programa educativo fallido e irregular de la carrera en todas sus fases, desde su ideación, constitución, implementación y conclusión, lo cual era responsabilidad absoluta de la UCR.”

Así mismo:

“[…] ha quedado demostrado que lo ofertado por la UCR fue algo que sabía que no podía entregar: no solamente un título académico, sino una doble titulación internacional que llevaba incorporado un título profesional expedido por una universidad española que les abriría las puertas a un mercado laboral que trascendía los límites nacionales.”

[…] efectivamente se les truncó una posibilidad de obtener una ventaja patrimonial a través de la falsa doble titulación prometida, la cual venía aparejada a la abundante oferta laboral la universidad les promocionaba. Ciertamente, de haber sido cierta toda la oferta académica, las probabilidades de que ellos hubieren obtenido la titulación necesaria para ejercer la profesión, les hubiera generado trabajos con salarios en dólares […]

Recordemos que durante el año 2019 la carrera cerró el ingreso a nuevos estudiantes, sin embargo, para el 2024 la carrera se reabrió nuevamente a pesar de las deficiencias y limitaciones que aún existen para su correcto desarrollo, y que la imposibilidad que tienen sus graduados para insertarse al mercado laboral tanto nacional como internacional con su documentación costarricense sigue siendo una realidad. Actualmente, la nota de corte para el ingreso a la carrera de Marina Civil es el más bajo de toda la UCR (335,86), y de 25 cupos ofertados para el 2024, solamente ingresaron siete estudiantes.

A este punto, es natural que muchos costarricenses se pregunten quiénes son los culpables de toda esta irresponsabilidad que tendrán que reparar con sus impuestos. Como era de esperar, el dictamen de nuestra sentencia ha generado reacciones no tan positivas dentro de la institución, entre ellas las de un docente de apellido Silos que en días pasados publicó el artículo «El incomprensible odio de “marinos” costarricenses a la Carrera de Marina Civil de la UCR», que en realidad demuestra lo cuestionable de su criterio, por encima de todos los logros académicos y profesionales con los cuales se jacta. Al respecto, me encuentro en la penuria de aclarar afirmaciones malintencionadas que nos conciernen a los estudiantes demandantes que menciona en su escrito.

Sobre la insinuación en la que indica que nunca aceptamos cursar la práctica profesional para culminar nuestro plan de estudios, es importante poner en evidencia que sí matriculamos y pagamos por los créditos del curso correspondiente a nuestra segunda práctica de embarque desde el 2019, sin embargo, el mismo docente fue quien solicitó que se nos eliminara del expediente académico mientras era coordinador de la carrera, y esto se hizo mediante los oficios SC-CN-012-2021 (suscrito por él) y SC-CVE-OR-065-2021 (de la oficina de Registro e Información) que presentamos como prueba. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que:

La representación de la universidad ha sostenido que a ellos sólo les falta la Práctica Externa 2 la cual es su responsabilidad gestionar, conforme al artículo 26 del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, rechazando que se atribuya responsabilidad a la UCR. Sin embargo, quedó demostrado que la matrícula de ellos fue eliminada por las propias autoridades universitarias, con lo que se evidencia que sí la gestionaron en su momento y tuvieron la intención de concluir su carrera, quedando desacreditado ese alegato de la defensa.”

Casualmente, los cinco estudiantes a quienes se nos eliminó la práctica profesional del expediente académico mediante dichos oficios, somos quienes demandamos a la universidad en dos procesos contenciosos distintos. Este hecho fue uno de los aspectos determinantes que llevaron a los jueces a fallar a nuestro favor en la demanda, y representa parte de la persecución que enfrentamos dentro de la institución antes y durante el proceso legal.

Así mismo, el 12 de febrero de 2024 (antes de que la sentencia de nuestro proceso contencioso fuera emitida) interpuse un recurso de amparo bajo el expediente 24-003636-0007-CO. En esta demanda, señalé que, a pesar de que la UCR creó en enero de 2023 la comisión “Toda Avante” con el propósito de diseñar planes remediales que promovieran de manera expedita la graduación de los estudiantes de Marina Civil, y de que desde el 1 de junio de 2023 me reuní con dicha comisión solicitando acogerme a un plan remedial a mi favor; la institución no desarrolló ningún plan para mi caso específico, ni ha realizado (incluso hasta hoy) una sola postulación de mis atestados a compañías navieras que me permitieran cursar mi práctica profesional desde que la solicité ya hace más de un año (a diferencia de estudiantes de generaciones más recientes).

Este mismo docente, también es una de las personas señaladas en un estudio de auditoría de la Contraloría Universitaria (OCU-R-190-2020, presentado como prueba en nuestra demanda) como responsables por el fracaso de la carrera de Marina Civil.

Entre las principales irregularidades halladas, se muestra que durante su gestión como coordinador “[…] venía presentando una serie de conductas que afectaron su rendimiento docente y que representan un riesgo para la coordinación de la carrera, para la seguridad de los estudiantes e incluso para sí mismo”, y que incluso al 2014 participó en las negociaciones del supuesto convenio de doble titulación con la Universidad de Cádiz en España que la UCR había promocionado como ya firmado.

Se comprobó igualmente que el primer curso de práctica profesional de embarque que aprobamos (y que él estuvo encargado de coordinar) es inválido profesionalmente, y que no cumple con los requerimientos estrictos del Convenio Internacional STCW (Ley 9418).

También, la Contraloría Universitaria evidenció sus ausencias laborales, acoso y persecución a estudiantes (entre ellas, a mi persona directamente), su desconocimiento de la normativa universitaria que conllevó a la improvisación durante la gestión de la carrera y confusiones administrativas, crisis psiquiátricas combinadas con dependencia al alcohol, el envío de correos electrónicos cuestionables en los que solicitaba a sus estudiantes buenas calificaciones docentes con el fin de lograr la categoría de catedrático y aumentar su salario (que hoy, ya logró), amenazándoles con abandonar la institución por mejores ofertas de trabajo en su país (donde más bien le asignaron una “pensión de retiro por inutilidad” desde 2009, según comunicó la Cancillería de la Republica a la UCR ante una consulta a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de España); entre otros correos electrónicos en los que el docente mismo reconoce y acepta muchas acusaciones y deficiencias, y da por aprobadas las materias que impartía a su cargo “por falta de tiempo” e imposibilidad de cubrir todo el temario. Todas sus comunicaciones las escribía (todavía hasta hoy) desde una cuenta institucional “@uca.es”, que mantiene desde que trabajaba para la Universidad de Cádiz.

Estas y otras situaciones también las denuncié mediante el documento FPB-014-2018 y fueron debidamente comprobadas en el expediente 11-2018-D de la Comisión Instructora Institucional (como en el oficio CII-197-2019). Sin embargo, el caso fue archivado por su forma (no por el fondo), debido a una “preescripción de la potestad disciplinaria” que reclamó el docente en su defensa, dejándome la UCR de lado sin ningún tipo de resguardo. Hasta hoy, sigue laborando para la institución en la carrera de Marina Civil, y solamente fue apartado del cargo de coordinador.

Con todo esto, me pregunto: ¿Cómo es posible que una persona tan “comprometida con su trabajo”, tan enterada de cómo funciona el mundo marítimo y la carrera académica, tan “preparada” y doctorada; sin ser cómplice desconociera o se hiciera de la vista gorda ante tantas situaciones que estaban ocurriendo dentro de la institución (como el caso del convenio de doble titulación con la UCA), con una carrera que se suponía coordinar?... Un barco que se hubiera terminado de hundir más rápidamente de continuar bajo su mando. Más aún, ¿cómo es que la universidad aún condona que estas personas ya señaladas por su dudosa reputación y responsabilidad en el caso continúen dentro de la institución? Saquen sus propias conclusiones, pero a mí, me resulta repugnante.

Aún después de aprobar las asignaturas posibles de mi plan de estudios, tuve la dicha de aplicar con los debidos requisitos y ganar una beca de estudio en la Universidad de Cádiz (España) durante el 2019, donde, además de estudiar nuevamente el temario de curso que no pude abarcar en la UCR con las deficiencias de ese momento, y de cursar adicionalmente otras materias extracurriculares; tuve la oportunidad de conocer una pincelada de lo que es una verdadera educación náutica y profesorado de calidad.

A pesar del ensueño, esta experiencia no me permitiría certificar mi formación en la UCR ni obtener la tan anhelada doble titulación con la que la institución nos ilusionó falsamente para ingresar a la carrera. Así mismo, aunque la UCA permitía tres espacios anuales para que los estudiantes de la UCR aprovecharan esta experiencia, no hubieron más personas que se postularan a la convocatoria que se divulgó para ese año. Sin embargo, sin ningún tipo de prueba, el docente español también me acusó públicamente en redes sociales de “haberme ido a pasear a España”, y de obtener la beca “de manera irregular”, luego de que se enteró que ganamos la demanda... Una persistente obsesión suya que solo justifica el por qué era necesario que lo expusiéramos a él y a toda la institución.

Más allá de la indemnización, experimento una profunda satisfacción y paz al constatar que la justicia, especialmente la divina; haya intervenido de manera fehaciente en un caso de tan vasta complejidad. Durante estos últimos 12 años, nuestras afirmaciones y reclamos no fueron meras invenciones, ni tampoco simples chismes; no actuamos impulsados por la locura, el dramatismo o la exageración. Nos enfrentamos a numerosas injusticias, engaños, difamaciones, amenazas y represalias dentro de la institución, contrarias a nuestra democracia costarricense; muchas que nadie se llegaría a imaginar, y algunas que solamente Dios y pocas personas conocerán. No obstante, decidimos asumir la lucha hasta hoy, una a la que muy pocos se han atrevido a someter a pesar de desearlo. Sin embargo, hoy con la frente en alto logramos ser vindicados.

Aunque la idea del “noble capitán” puede inspirar el sentido de deber y sacrificio, en la vida real hay situaciones en las que abandonar el barco puede ser la decisión más sabia y valiente, sobre todo si nuestra seguridad y bienestar personal están en juego. En muchas ocasiones, enfrentamos desafíos que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos o controlarlos.

En esas circunstancias, persistir obstinadamente puede llevar a un mayor sufrimiento y daño, tanto para uno mismo como para los demás a nuestro alrededor. Reconocer cuándo es el momento de retirarse, recalcular el rumbo y buscar nuevos horizontes, puede ser el mayor acto de inteligencia y sabiduría. La clave es saber distinguir entre vivir con los pies sobre la tierra y sobre la cubierta de un barco.

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