Fracciones del Frente Amplio y Liberación Nacional hicieron la solicitud a la Contraloría General de la República.
Diputaciones de la Asamblea Legislativa solicitaron a la Contraloría General de la República investigar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por abrir una licitación de emergencia para empresas que lucran con la medicina privada, con el objetivo de suplir la negativa de médicos especialistas de hacer horas extras.
Tanto las fracciones del Frente Amplio (FA) como del Partido Liberación (PLN) señalaron que la CCSS aparentemente pudo haber incurrido en una serie de irregularidades durante el proceso de contratación.
Desde el pasado 1 de abril, médicos especialistas de la Caja no laboran horas extras como modo de protesta con el objetivo de que la institución apruebe un salario global definitivo y mejoras en sus condiciones laborales.
Según el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) las malas condiciones laborales han provocado la fuga de 244 médicos especialistas de la institución.
Ante esta situación, que afecta a 29 centros médicos, la Caja tomó la decisión de abrir un concurso en la página oficial de SICOP, invitando a oferentes de empresas que lucran con la medicina privada a participar en la licitación de emergencia.
Diferentes medios de comunicación detallaron que de 10 centros médicos que presentaron oferta, los adjudicados fueron la Clínica Montespino (Mediluke S.A), Raque Sociedad Anónima (Centro Quirurgico Ambulatorio RQ), Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Clínica Bíblica), Hospital Unibe y el Instituto Centroamericano de Medicina I.c.e.m S.A (Hospital Metropolitano).
Las especificaciones de la contratación señalan que el objeto es la adquisición, bajo demanda, del servicio integral de atención de emergencias calificadas médico-quirúrgicas y procedimientos médicos especializados - radiología, durante los días lunes a jueves, de 4 pm a 7 a.m., los viernes de 3 p.m a 7 a.m. y las 24 horas los sábados, domingos y feriados. Para ello, se destinó un presupuesto estimado de ¢12.583.339.112, amplió ese medio informativo.
Los frenteamplistas indicaron que la licitación de emergencia tendría vicios de nulidad e incluso conductas delictivas. Agregaron que el Siname alertó de la improcedencia de catalogar la situación como emergencia, al tenor de indicaciones mismas de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Según aportó el FA en el documento enviado a la Contraloría, el 20 de marzo la Dirección Jurídica advirtió al Centro de Atención de Emergencias y Desastres y a la Gerencia Médica de la CCSS, como en encargados de la licitación de emergencia, que:
"No se puede catalogar la situación de emergencia que se generará de materializarse la suspensión transitorio de tiempo extraordinario de especialistas, como imprevisible, por cuanto conforme con los elementos aportados en el escrito de consulta se desprende que a "mediados de marzo se materializa la entrega de las mencionadas boletas a las jefaturas médicas y las direcciones de los hospitales", lo que evidencia que ya era un tema previsible, que si bien no en toda su dimensión, era esperable que se formularan escenarios que pareciera ahora son inminentes".
En el caso de los liberacionistas la solicitud de investigación también se basa en el criterio de Dirección Jurídica y en que las normas de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, señalan que un procedimiento de emergencia es aplicable ante una situación imprevisible.
La proponente de la la investigación por el lado del PLN, Montserrat Ruiz Guevara, expresó su preocupación ante estos posibles incumplimientos legales:
Esta situación ha generado preocupaciones en relación con el uso de un procedimiento especial de urgencia, habilitado en circunstancias que podrían no cumplir con los requisitos legales establecidos para su aplicación".
Y continuó:
Es fundamental que se esclarezcan estas investigaciones para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública y asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la ciudadanía. Esperamos que la Contraloría General de la República realice una investigación exhaustiva y que, de encontrarse irregularidades, se tomen las medidas correspondientes".
Cámara Costarricense de la Salud se posiciona
Al respecto del tema la Cámara Costarricense de la Salud indicó que la semana pasada firmó un "Convenio de Cooperación" con la Caja para atender la emergencia institucional por la protesta de médicos especialistas.
En un comunicado a la prensa aseguraron que como parte del convenio la selección final se realizó de manera transparente buscando los centros de salud que cumplían con los criterios necesarios para la atención inmediata de los pacientes.
"Estos centros participaron de una licitación de acuerdo con un cartel desarrollado por la CCSS en un proceso formal en el cual al final quedaron adjudicados 5 centros de salud mediante el sistema de compras públicas, (SICOP)", compartió la cámara en un comunicado a la prensa.
Además afirmaron que los centros de salud que fueron escogidos participaron en un "proceso riguroso de selección y apegado a la ley". Este se desarrolló en las siguientes etapas descritas por la Cámara:
- En convenio con la CCSS, la Cámara realizó una amplia convocatoria a 24 centros de salud privados, de los cuales el 42% no son miembros de esta entidad, sin embargo, fueron considerados por su experiencia, capacidad y tipo de especialistas, entre otras consideraciones.
- Se realizó una comunicación formal a la CCSS sobre los 18 centros que manifestaron interés en participar y que cumplían con los requisitos establecidos por la institución, uno de los principales, su registro previo al SICOP.
A partir de esta etapa la Cámara de la Salud no participó en el proceso de adjudicación, la cual fue responsabilidad de la CCSS, justificaron.
