Régimen no contributivo inició el año con déficit financiero de 8 mil millones.
La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio ante la lista de espera para el trámite de una pensión por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que son las que reciben las personas más económicamente vulnerables del país y llegan a personas adultas mayores que no lograron cotizar para tener una pensión por vejez, así como a personas con discapacidad severa.
Datos del 2024 indican que la Defensoría ha recibido a la fecha un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática. Cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indican que hay 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.
Desde la Defensoría señalaron que, tras una serie de consultas la Gerencia de Pensiones de la Caja, contestó que la situación del incremento de solicitudes pendientes obedece a que el otorgamiento de estas pensiones está sujeto al financiamiento disponible, y en los últimos años, no ha sido suficiente para atender la demanda.
Según indicaron desde la Defensoría en 2023 el fondo de pensiones recibieron recursos adicionales provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); sin embargo, estos fueron trasladados en los últimos días de diciembre, lo que imposibilitó su ejecución, por lo que fue registrado como superávit y debe reintegrarse parcialmente al Fodesaf.
Desde la Defensoría añadieron para este año las reflejan un déficit presupuestario de 8.147.4 millones de colones, por lo que señalaron que se requiere con urgencia la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) del Ministerio de Trabajo, traslade recursos para cumplir con las obligaciones del Régimen, y poder asignar —al menos— las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las reasignaciones de pensión.
Dato D+: La meta del Plan Nacional de Desarrollo es que entre 2023 y 2026 se asignen, anualmente, 5.000 pensiones nuevas al régimen no contributivo, y que para 2026 hayan 161.633 personas cubiertas por ese régimen.
La Defensoría le solicitó a la Desaf la información del por qué hay un atraso en el traslado de los fondos, a lo que indicaron que “al parecer todo se debe a que hace falta la firma de un convenio de cooperación y aporte financiero con las instituciones ejecutoras de los recursos del Fodesaf”.
Sobre estos datos la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, señaló:
La Defensoría mantiene una alta preocupación respecto a la inversión social y el presupuesto que tiene la Caja para atender este programa por lo cual analiza la saturación que se está presentando con el propósito de girar las recomendaciones que permitan disminuir los plazos de respuesta”.