Contralora planteó posibilidad de que exista un expediente paralelo con información no dada a esa institución

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga expuso ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa cinco incongruencias en el discurso del Poder Ejecutivo respecto al proyecto Ciudad Gobierno y la información que consta en el expediente de esa iniciativa y que fue estudiado por el ente auxiliar del Congreso.

Acosta, compareció por segunda vez ante ese foro legislativo para referirse a los expedientes 24.099 y 24.100 que la administración Chaves Robles presentó para pasar por encima de las advertencias que hizo la Contraloría respecto a la aplicación inadecuada de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.

El pasado 20 de marzo la jerarca alertó a la comisión que el Ejecutivo pretendía crear un mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública en el que no tuviera que hacer concurso alguno, lo que generó posteriormente un video de respuesta por parte de la ministra de Planificación, Laura Fernández contradiciendo a la contralora y criticando los alquileres que hacen instituciones del gobierno.

Ante consulta del diputado José Francisco Nicolás de Liberación Nacional, Acosta señaló cinco incongruencias entre el discurso de la ministra Fernández y el contenido del expediente del proyecto de infraestructura que fue analizado por la Contraloría.

En primer lugar mencionó incongruencias respecto al monto de los presuntos ahorros en alquileres una vez esté construida la obra, al señalar que esos montos no pueden ser precisos porque ni siquiera está hecha la fase de preinversión.

Nosotros hemos encontrado incongruencias en el expediente oficial al que ha tenido acceso la Contraloría General de la República y puedo decirle que el proyecto aún se encuentra en fase de elaboración de su perfil. No hay aún una preinversión y por supuesto que esto nos llama la atención; pero también hemos encontrado incongruencias documentadas en relación con los montos de los ahorros que se dice se van a generar, que de todas maneras, pues no, no debe ser un monto preciso porque no está la preinversión.

En segundo lugar Acosta mencionó las incongruencias respecto a si el proyecto Ciudad Gobierno pasará a manos del Estado o no, pues aunque la ministra y el Ejecutivo sostienen que sí lo hará una vez se termine de pagar el arrendamiento, un documento del propio Banco Centroamericano de Integración Económica que está aportado al expediente dice que no habrá tal transferencia.

Hay incongruencia también con la selección del proveedor que se dice que ya está seleccionado, lo ha dicho la ministra en un video, pero por otro lado, no conocemos que haya habido un concurso.

Como cuarta incongruencia la contralora señaló que aunque la ministra de Planificación dijo el 21 de marzo que hubo un concurso internacional que fue informado a la Contraloría, esa institución no tiene información alguna en ese sentido.

Además, en reunión del 19 de enero, afirmó que no se escogió a dedo al BCIE, sin embargo, no conocemos que haya habido algún concurso.

Finalmente, Acosta destacó que mientras la ministra manifiesta que los riesgos del proyecto los asumirá en su totalidad el BCIE, no existe información en su poder con la que puedan verificar y confirmar tal aseveración, particularmente si aún no está hecha la fase de preinversión.

También se dice que el modelo de alquileres actual no promueve la transparencia, la búsqueda de mejores precios, etcétera, pero el artículo 67, que es el tema que regula los alquileres, sí manda que se cumpla con ciertos requisitos que están establecidos en la ley, y eso ustedes lo pueden ver en el SICOP, cómo es que las instituciones públicas están tramitando este tema de los alquileres.

Acosta puso en tela de duda si existe un expediente paralelo del proyecto Ciudad Gobierno con información a la que el ente contralor no haya tenido acceso, pues la ministra hace afirmaciones sobre información que aunque es importante, ellos no conocen.

La contralora reiteró que los proyectos de ley planteados por Zapote para llevar a cabo Ciudad Gobierno constituirían un retroceso importante en materia de contratación pública, particularmente el haber cerrado el portillo para que el Estado contratara a dedo a organismos públicos de derecho internacional (como lo es UNOPS), porque supone una afectación a la competencia, al valor por el dinero y a la transparencia.