El proyecto pretende que la CCSS reconozca a la familia homoparental conformada por dos mujeres.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) objetó, en la sesión de este jueves, el proyecto de ley que propone crear licencia de co-maternidad.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.715, pretende reconocer la licencia por comateridad entendiendo a esta como una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, por lo que busca cambiar el artículo 95 inciso c del Código de Trabajo y el 41 de la Ley Marco del Empleo Público para que, en caso de muerte de la madre gestante, esta licencia pueda ser utilizada por la pareja de la mujer fallecida, beneficio que ya existe actualmente para las parejas heterosexuales.
Dato D+: la Sala Constitucional ya ha condenado a la Caja en el pasado por no reconocerle a parejas de homoparentales, los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales.
Adicionalmente, el proyecto propone que a las mujeres cónyuges o mujeres convivientes de hecho se les otorgué una licencia de comaternidad, con goce de salario, por un mes calendario, contado a partir del nacimiento de su hijo o hija.
Para la Caja, sin embargo, la propuesta "generaría para la institución un incremento en los egresos por concepto de pago de licencias, incrementando no solo la población que recibe el derecho a un mes con goce de salario (sector público), sino que se deberá financiar una nueva licencia de comaternidad para las mujeres conyugues o convivientes de hecho que laboren en el sector privado, y superior a la que tienen actualmente los padres, que consta de 8 días con goce de salario".
Lo anterior, señala la Junta:
Resultaría inviable, por cuanto su aprobación afectaria directamente las finanzas de la institución, debido a que la ampliación de la población que recibiría una licencia por el nacimiento de un hijo o hija supondría financiamiento extraordinario con recursos del Seguro de Salud, representando una extensión de la actual licencia por maternidad, lo que implicaría la búsqueda de una nueva fuente de financiamiento para esta erogación, lesionándose así el principio constitucional de especificación de gastos".
La Gerencia Administrativa agregó que la Dirección de Administración y Gestión de Personal, así como la Dirección de Bienestar Laboral de la institución, señalaron que si bien la propuesta "favorecerá la no discriminación contra las parejas de mujeres no heterosexuales", el problema radica en el plano económico.
El acuerdo aprobado señala que:
Se considera loable el objeto del proyecto de ley, no obstante, se objeta el mismo, por cuanto no se define una nueva fuente de financiamiento que permita garantizar el cumplimiento de la licencia pretendida con la iniciativa, de lo contrario, según criterio técnico de la Gerencia Financiera se pone en riesgo el equilibrio financiero y las obligaciones que tiene actualmente la institución. Se remiten las observaciones de la Gerencia Financiera oficio GF-3352-2023 y Gerencia Médica oficio GM-13195-2023".
A favor del acuerdo votaron la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez; los representante del sector patronal ante la Junta, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y Jorge Araya Chaves; la representante de los trabajadores, Martha Rodriguez González; y el del Estado, Jorge Porras López.