El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley de la diputada liberal, Johana Obando Bonilla con el que se pretende evitar que el Ministerio de Hacienda haga cobros injustos del impuesto sobre la renta a los asalariados cuando estos reciban pagos retroactivos, situación en la que se encuentran en este momento miles de empleados públicos a quienes se les ha empezado a depositar el aumento salarial acumulado desde el año 2020.
La iniciativa tramitada bajo el expediente 24.140 recibió 39 votos a favor y 6 en contra, estos últimos provenientes del oficialismo. Su segundo debate quedó programado para este jueves, última día habilitado para aprobar proyectos de ley antes de que el Congreso salga a receso de Semana Santa.
El proyecto dispone reformar el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que contiene la escala de tarifas del tributo que el empleador o patrono debe retener a favor del Ministerio de Hacienda, para añadir un nuevo texto en el que se señale que las rentas retroactivas deberán tributarse en el periodo en el que se han devengado, para lo cual el patrono deberá en caso de ser necesario rectificar la declaración del impuesto respectiva, y que dicha declaración rectificativa no generará intereses.
La diputada Obando señaló en su proyecto de ley que en la actualidad cuando un trabajador recibe salarios retroactivos, la Administración Tributaria puede calcular el impuesto sobre la renta sobre el salario devengado, sin tomar en cuenta que el ingreso extra al salario real corresponde a un pago retroactivo y no al salario bruto real, pues Hacienda suma el monto del pago retroactivo al salario líquido, gravando de manera indirecta manera ambos ingresos.
Por ejemplo, un trabajador que percibe un salario líquido mensual de ₡608.000 recibe un ingreso por efectos retroactivos de ₡500.000 sumando en total ₡1.108.000 por lo que para efecto del impuesto sobre la renta estaría sujeto al rebajo de un 10% correspondiente a todo salario superior a ₡929.000, en este ejemplo se demuestra que los ingresos por concepto de salario y/o retroactivo no superan el monto mínimo establecido por ley, lo cual no debe estar sujeto a la reducción del impuesto, a pesar de la sumatoria de ambos ingresos sea mayor al mínimo establecido.
Una vez en firme esta reforma y al menos para este año, el pago del impuesto sobre la renta aplicará únicamente en situaciones en que el monto obtenido por concepto retroactivo sea mayor a ₡929.000 y no por la sumatoria del total obtenido ese mes.
Actualmente miles de funcionarios públicos están recibiendo retroactivamente el pago del aumento salarial del 2020 que había sido retenido por la pandemia de COVID-19 y Hacienda señaló que el cobro del impuesto sobre la renta también se realizará de manera retroactiva, es decir, de forma proporcional al impuesto por cada mes y no de forma acumulada.
Pese a ese anuncio la Asamblea Legislativa aceleró el trámite del proyecto de ley de la diputada Obando, dispensándolo de trámites y dándole primer debate este lunes.
Breves
— Con 45 votos a favor la jueza María Rosa Castro fue electa magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Aún queda pendiente el nombramiento de un segundo cargo del mismo tipo para esa sala, sin embargo, el resto de nominados por la Corte Plena no alcanzó los 38 votos requeridos para ser electo en ninguna de las tres rondas hechas, por lo que el asunto se volverá a conocer este martes.
— La Comisión de Infraestructura aprobó abrir un expediente de investigación sobre todo el proceso de contratación por emergencia 2023PX-000239-0006500001 para realizar las obras de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós; así como todos los actos previos y posteriores involucrados que pudiesen contemplar irregularidades.
Para esto se llamará en audiencia a las siguientes instancias:
- Director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (LANAMME)
- Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
- Henry Villalobos Solís, Ingeniero Fiscalizador de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE
- Presidente de la Empresa Constructora MECO S.A y personas encargadas del proceso de licitación
- Presidente del Consorcio Pedregal y personas encargadas del proceso de licitación
- Director y subdirector de la Dirección General de Aviación Civil
- Señor Luis Miranda Muñoz, subdirector general del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
- Funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil: Ing. Ignacio Acuña Fallas, Ing. Carlos Rojas Molina, Ing. David Rojas Alfaro, Ing. Fabián Brenes Arce, Ing. Daniel Calderón Mata, Ing. Alexander Sánchez Mora (jefe de la Unidad)
- Silvia Jiménez Cascante, jefa Departamento de Aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil
- Luis Amador Jiménez, exministro del MOPT
- Fernando Naranjo Elizondo, exdirector de la Dirección General de Aviación Civil
- Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia
— Los diputados de Liberación Nacional presentaron mociones de fondo vía artículo 137 al proyecto de presupuesto extraordinario que contiene los recursos del empréstito del BCIE por $700 millones destinados a atender infraestructura en riesgo inminente, tras el escándalo de la adjudicación del contrato de arreglo de la pista del Daniel Oduber, mediante el mecanismo de excepción de la Ley Nacional de Emergencia. El proyecto ya estaba en Plenario pero ahora deberá volver a la Comisión de Asuntos Hacendarios para conocer de las mociones presentadas, que según el PLN tienen como fin fortalecer mecanismos de control a los fondos del empréstito.
— El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte compareció ante la Comisión Especial de Guanacaste donde ofreció una versión diferente a la proporcionada por el presidente de la República sobre la contratación para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto en Liberia. Según Picado, la CNE sí tuvo participación en la elaboración de los términos de referencia para el contrato, aunque no especificó los nombres de los funcionarios involucrados, declaración que contradice las afirmaciones de Chaves, quien había afirmado que la CNE solo ejecutó el proceso de contratación basado en los términos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de Aviación Civil.
Picado destacó que la CNE no recibió ningún criterio técnico de la Dirección General de Aviación Civil que respaldara la relación causal entre la tormenta Bonnie y los daños en la pista de aterrizaje y que tampoco conocían el informe que señaló que los daños en la pista precedían a la tormenta, desafiando la conexión causal requerida.
— La Comisión Especial de Infraestructura dictaminó afirmativamente los siguientes proyectos de ley:
- Expediente 23629: Autorización para financiar el urgente mejoramiento de la infraestructura del Puerto de Caldera
- Expediente 23664: Ley para el fortalecimiento de la coordinación entre el MOPT y los gobiernos locales para la atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal
- Expediente 23665: Ley para el uso más eficiente, eficaz, óptimo y oportuno de los recursos generados por el sistema de peajes
- Expediente 23865: Reforma de varios artículos y adición de un artículo 37 bis a la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Ley N° 3663 del 10 de enero de 1966 y sus reformas
