Pilar Cisneros dijo que "a dedo o no" hay que resolver el tema de obra pública en el país

La Contraloría General de la República (CGR) alertó a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que el Poder Ejecutivo pretende crear un mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública en el que no tenga que hacer concurso alguno.

La jerarca del ente auxiliar del Congreso, Marta Acosta Zúñiga compareció este miércoles ante el foro legislativo para referirse a los expedientes 24.099 y 24.100 que la administración Chaves Robles presentó tras las advertencias que hizo la Contraloría respecto a la aplicación inadecuada de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.

Acosta acogió y expuso los criterios negativos dados a ambos proyectos por Roberto Rodríguez Araica y Amelia Jiménez Rueda, gerentes de la División de Contratación Pública y de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.

Respecto al expediente 24.100 que el Ejecutivo presentó como una propuesta de "interpretación auténtica", la Contraloría señaló que la propuesta es improcedente y excede la naturaleza y los límites de la interpretación auténtica según resoluciones de la Sala Constitucional, pues los artículos 67 y 77 no son ambiguos como para requerir ser interpretados por parte del Congreso y porque la interpretación no es el mecanismo para resolver las discrepancias que tiene el Ejecutivo ante los criterios emitidos por la Contraloría.

"En la exposición de motivos no se cita ni un solo elemento objetivo o extracto de alguna discusión legislativa que se refiera a los aspectos incluidos en la interpretación, luego no existe parámetro objetivo al respecto. Los aspectos que se pretenden aclarar modifican el texto de ambas normas, exceden su alcance y como tal contravienen los límites dispuestos por la Sala Constitucional para la interpretación auténtica, que por su alcance y efecto retroactivo debe tramitarse con total apego a las condiciones requeridas", señaló la institución.

Respecto al expediente 23.099, el criterio de la Contraloría alerta que el proyecto pretende ampliar el alcance del artículo 67 de la ley más allá del mero procedimiento para regular diferentes tipos de contratos y otros aspectos relacionados, pues en su lugar, el Ejecutivo pretende un cambio significativo en la manera en que se llevan a cabo los procesos de contratación pública, ya que pasaría de seleccionar directamente el objeto a contratar (como un bien inmueble) a seleccionar al contratista.

La reforma propuesta incluye la posibilidad de establecer un nuevo mecanismo de contratación para el desarrollo de obras públicas en terrenos públicos, sin necesidad de concurso, lo que implicaría la concesión de derechos de uso a diferentes tipos de sujetos (públicos, privados, nacionales o internacionales) sin especificar un límite de tiempo ni si estos derechos serían gratuitos u onerosos. Además, se contempla el arrendamiento de bienes por construir, el diseño y la construcción de obras por parte del arrendatario, el financiamiento y la explotación comercial hasta que se recuperen las inversiones realizadas por el beneficiario del derecho de uso.

En cuanto a los plazos y prórrogas contractuales, se establece que se aplicaría la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, permitiendo la renovación automática del contrato por periodos iguales de manera indefinida y se menciona también la posibilidad de realizar diseño y construcción de obras públicas en terrenos privados, nuevamente sin necesidad de concurso, por parte de diferentes tipos de sujetos, permitiendo también el arrendamiento de bienes por construir.

La Contraloría destacó que esta reforma, que aparentemente se presenta como una simple "aclaración", tiene un impacto significativo en el sistema de contratación pública, modificando los principios, procedimientos y tipos contractuales establecidos anteriormente. Además, señala que la falta de definición de criterios mínimos, límites o parámetros para su aplicación genera incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta nueva forma de contratación y sobre los controles internos y externos necesarios para garantizar el buen uso de los fondos públicos.

Acosta hizo particular énfasis en advertir a la comisión legislativa de que la propuesta le permitiría al Ejecutivo seleccionar oferentes sin concurso previo pese a que la licitación es el mecanismo más apto para el control de la hacienda pública pues promueve una sana administración de los fondos.

Inclusive la jerarca presentó un gráfico que señala que la licitación favorece que se obtenga el mejor valor por el dinero en la adquisición de servicios de infraestructura pues el análisis de los datos a partir de hechos tangibles arroja que en esos servicios, al aumentar la cantidad de oferentes participantes, se mejoran los precios de los bienes adjudicados.

Para un mismo bien, al tener tres oferentes, se generan ahorros de 262 colones por cada 1000 gastados. El ahorro asciende a 335 colones si se reciben tres ofertas. Incluso hubo descuentos de un 60% en casos donde participaron hasta 10 oferentes. Estos ahorros posibilitan la redistribución del gasto e inversión en otros bienes y servicios necesarios.

Ante consultas de diputados sobre si ese mecanismo de contratación propuesto por el Ejecutivo podría usarse para hacer aeropuertos, a raíz de la cuestionada adjudicación a MECO para rehabilitar la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, Acosta confirmó que sí. Más adelante, inclusive, Pilar Cisneros Gallo dijo (haciendo ver de que sería algo positivo) que el mecanismo también podría aprovecharlo la Caja del Seguro Social para construir hospitales para los cuales no tiene financiamiento actualmente.

Más adelante y después de haber escuchado las objeciones de la Contraloría, la diputada inclusive llegó a decir que "a dedo o no", se debía resolver el problema de desarrollo de obra pública en el país:

Acosta también advirtió que con este proyecto el Ejecutivo pretende realizar una desafectación genérica de terrenos del Estado, algo que no puede hacer pues la competencia constitucional de ello es del Congreso y debe hacerse para cada caso concreto.

El criterio de la Contraloría concluye señalando que la reforma planteada por el Ejecutivo además de ser poco comprendida en su alcance, tiene un "impacto devastador en el sistema hasta hoy basado en el principio de licitación, de competencia y transparencia":

Se convierte la reforma en un texto poco comprendido en su alcance pero con un impacto devastador en el sistema, hasta hoy basado en el principio de licitación, de competencia y transparencia, al permitir que infraestructura pública se encargue a cualquier tercero, de manera directa, sin criterios de selección, ni posibilidad de presentar objeciones en contra de las condiciones, o bien revocatorias o apelaciones, y con un marco normativo incompleto que por esa razón genera incertidumbre. La vaguedad de la reforma llega al punto de permitir cobijar tipos de contratos bajo premisas genéricas, como por ejemplo, los “arrendamientos alternativos”.

Los dos proyectos de ley continuarán bajo estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual tiene previsto dictaminar los textos el 22 de abril de este año. Ambos proyectos están siendo analizados por una subcomisión integrada por el oficialista Manuel Morales Díaz, el liberal Jorge Dengo Rosabal y el liberacionista Danny Vargas Serrano.