La Fundación Instituto Andrea Jiménez corre el riesgo de ser desalojada de donde opera debido a un error material.
Este 11 de marzo, en una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado Ramírez, llamó a las diputaciones a aprobar el expediente 23.941 que tiene como objetivo el apoyar al Instituto Andrea Jiménez, organización que atiende a personas con discapacidad.
Debido a un error material a la hora de inscribir la donación del terreno en el que operan, la Fundación Instituto Andrea Jiménez, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, corre el riesgo de ser desalojada de la propiedad en la que atienen y que ofrece una opción educativa a niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
El abogado de la fundación, Adrián Alvarenga, detalló que el error procede del año 1987, cuando se promulgó la ley que autorizó a la Municipalidad de San José a donarle un inmueble a la Fundación pero en el que, por error, se especificó mal la matrícula de la finca.
Las autoridades de aquel momento consignaron la matrícula 259968- 000, que se trata de la finca madre, en lugar de consignar la finca segregada matrícula 336718-000 que es el terreno donde la fundación construyó el edificio.
Este tema ha desencadenado una serie de problemas y procesos judiciales desde 2012. En setiembre de 2022, funcionarias del instituto relataron a este medio de comunicación que tras un proceso de casación se ordenó que, a pesar de que quedó claro que la fundación no actuó de mala fe, esta debía devolver el terreno completo a manos de la municipalidad.
Con el objetivo de hacer frente al proceso de ejecución, en la Asamblea Legislativa la diputada Delgado Ramírez presentó el proyecto de ley que buscar desafectar del uso y dominio público un terreno propiedad de la Municipalidad de San José, matrícula 00336718-000, para se autorice a ese gobierno local a donar el terreno a la Fundación.
El Instituto Andrea Jiménez es la única entidad en el país que atiende a personas con necesidades especiales que van desde un rango de cero años hasta los 64 años. Este centro opera desde hace más de 35 años, con una edificación construida con gran parte con fondos del sector privado y de la Junta de Protección Social (JPS).
Alvarenga calificó la situación como "catastrófica" ya que el Estado costarricense ha suscrito tratados y convenios internacionales donde se compromete a atender estas personas con necesidades especiales.
Además, mencionó que existen intenciones de construir un parque en el terreno donde están ubicados "en una comunidad que ya cuenta con tres parques y en donde la Municipalidad de San José tampoco tiene una partida presupuestaria para hacer un parque".
La fundación ha atendido a 1800 alumnos desde su creación en el año de 1974 y cerrarla produciría unos daños de imposible reparación, compartió Alvarenga.
Actualmente, Andrea Jiménez da atención a 79 alumnos. Entre las condiciones de estos están Síndrome de Down, Ataxia Telangiectasia, Microcefalia, Parálisis Cerebral, Síndrome Phelan McDermid, Síndrome Trisomía parcial de cromosoma 11 y Espectro Autista, entre otras.
En el evento realizado en esta mañana, las personas participantes recalcaron que en el país no existe ninguna institución pública o privada que atienda a personas con discapacidad a partir de los 21 años.
Ante esto, Alvarenga agregó que:
Las consecuencias cognitivas sociales y también socioeconómicas de esta población con el cierre del Instituto serían absolutamente catastróficas".
Camino en el plenario
La legisladora Delgado Ramírez señaló que su iniciativa de ley ha sido dispensada de trámites y que cuenta con el apoyo de la mayoría de fracciones.
El proyecto de la liberacionista, además, modifica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) que actualmente establece que los terrenos destinados a facilidades comunales y parques, no pueden utilizarse para otros fines, a menos de que sean compensados con unos en mejores condiciones.
La iniciativa de ley eximiría el requisito de esa compensación cuando se trate de proyectos destinados a temas en materia de educación, salud y atención a personas adultas mayores o con discapacidad
Sin embargo, existen más de 30 mociones del Frente Amplio (FA) que dificultan el avance la propuesta de ley.
Desde el despacho de Delgado Ramírez mencionaron que el FA propuso reformar el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana con el objetivo de eximir a la Fundación Andrea Jiménez de la compensación del área de parque; sin embargo agregaron que la ley no puede desaplicarse para un caso específico.
Adicionaron que la Procuraduría General de la República respalda esta posición y que el ente enfatizó en que desaplicar una norma para un caso concreto va en contra del principio de legalidad.
La diputada del PLN en un comunicado enviado a la prensa, señaló que su propuesta de reforma al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, según la Procuraduría, no constituye una desaplicación concreta de la normativa, ya que la misma norma expresa excepciones para determinados casos:
Esto legitima la excepción propuesta para la Fundación Andrea Jiménez, permitiendo la eliminación de la compensación del área de parque en situaciones relacionadas con proyectos educativos".
Desde la Fundación puntualizaron que recientemente un informe del Instituto Nacional de Urbanismo de Urbanismo determinó que el sitio donde trabajan ya cumple con las exigencias de destinación de áreas para parques y facilidades comunales, superando incluso el porcentaje requerido.
El pasado 24 de octubre el Concejo Municipal de San José apoyó el Proyecto de Ley para donar el inmueble a la Fundación Andrea Jiménez, con la salvedad de que el área de cancha de juegos de multiuso siga siendo del municipio para ponerlo a disposición de la comunidad.
Al respecto la diputada comentó que:
El terreno ocupado por la Fundación Andrea Jiménez no afecta negativamente el equilibrio ambiental, ya que existen suficientes áreas para garantizar un ambiente sano y equilibrado".
La verdiblanca resaltó que es una oportunidad histórica para demostrar nuestro compromiso real con los derechos de las personas con discapacidad.
