Arias recordó que los funcionarios tienen el deber constitucional de acudir cuando sean llamados a una comisión legislativa
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Liberación Nacional, Rodrigo Arias Sánchez rechazó las intenciones de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquive Rodríguez de no volver a comparecer ante el Congreso por supuesta falta de seguridad.
El pasado 25 de enero la jerarca de la Caja asistió a la Comisión de Ingreso y Gasto Público junto con dos oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI). A la salida de su presentación, fue abordada por periodistas a quienes los oficiales de la UEI empujaron repetidamente impidiéndoles realizar su trabajo.
Tras esto Esquivel Rodríguez envió una carta a la presidencia del Congreso en la que describió que los comunicadores pusieron en "peligro su integridad física" ya que se "abalanzaron" sobre ella, la empujaron y le obstruyeron la salida.
Además dijo que no es la primera vez que sucedían altercados de ese tipo y que “se repite el mismo patrón de acoso, empujones, manotazos y hostigamiento”. En su carta, dada a conocer el 1 de febrero, la presidenta de la CCSS pidió protección para evitar periodistas luego de comparecencias y añadió:
Si no se garantiza la protección de mi integridad física, deberé abstenerme de asistir a futuras convocatorias de los diputados y diputadas”.
Ante esa amenaza, Arias Sánchez indicó que no podía aceptar esa aseveración y le recordó que la división de Poderes, establecida en la Constitución Política, otorga a la Asamblea Legislativa el control político sobre todas las actuaciones de los órganos y funcionarios del Estado.
Puntualizó que el deber de asistir a las comparecencias tiene además rango constitucional, según lo dispuesto en el inciso 23 del artículo 121. Este dispone que las comisiones legislativas “podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla” y señala que:
"Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes".
El liberacionista agregó:
Es un deber constitucional de cualquier persona, especialmente si es funcionario público, acudir al llamado que le haga una comisión legislativa y, en caso de que la persona llamada a comparecer se negare a hacerlo, deberá hacerse responsable de sus actos, con las consecuencias que ello genere".
Arias Sánchez también solicitó a los departamentos de Seguridad, de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo del Congreso realizar una investigación sobre lo acontecido y brindar un informe.
Además, aseguró a Esquivel Rodríguez que durante sus comparecencias tendrá garantizada su seguridad de conformidad con los reglamentos y protocolos adoptados por la Asamblea.
