Vecinos alegaron que el AyA lesionó múltiples derechos de la comunidad como el derecho a la salud y al agua potable.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha recibido tres recursos de amparo presentados por vecinos de Tibás y de Moravia contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por el caso del agua contaminada con hidrocarburos que han sufrido en la última semana. 

El departamento de prensa de la Sala IV detalló a Delfino.cr que los tres expedientes son: 24-002064-0007-CO, 24-02183-0007-CO y 24-02232-0007-CO.

Los recursos ya fueron tramitados y se le pidió un informe al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada Espinoza, y al jefe de la Oficina Local de Guadalupe.

Las personas recurrentes alegaron que el AyA lesionó múltiples derechos de la comunidad como el derecho a la salud y al agua potable, consagrados en el artículo 21 y 50 de la Constitución Política.

Esto al no tomar las acciones preventivas y esperar hasta confirmar que la contaminación existía, para emitir la orden de no utilizar el agua que llega a hogares de comunidades de Tibás, Goicochea y Moravia.

Quienes presentaron los recursos alegaron que el daño causado es imposible de reparar porque desconocen las posibles afectaciones a su salud que esto causó. Además, señalaron que el AyA reconoció hasta el 25 de enero que el agua estaba contaminada, cuatro días después de que se dieran las primeras alertas.

Al respecto, días atrás la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) compartió que AyA no respondió con la celeridad requerida cuando se presentó la emergencia.

Mientras que, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciaron que el director de Plantas Potabilizadoras, de la Gran Área Metropolitana (GAM), Óscar Ramírez Sánchez, habría omitido un reporte sobre los hidrocarburos en el agua realizado el lunes 22 de enero.

Las personas solicitaron a la Sala IV que se declare con lugar los amparos y que se ordene una investigación contra las personas funcionarias públicas del AyA que les correspondió atender las denuncias de contaminación de la red de servicio de agua potable.