El diputado de Nueva República, José Pablo Sibaja y la diputada del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo presentaron a la corriente legislativa un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios municipales que no emitan o actualicen los planes reguladores de sus cantones.
Un plan regulador es un instrumento de planificación local que define la política de desarrollo y los planes para la distribución de la población, los usos de la tierra, las vías de circulación, los servicios públicos y las facilidades comunales. Fueron creados por la ley 4240 del año 1968 y pese a ello, aún hoy existen gobiernos locales que no cuentan con un instrumento de ese tipo, y ni siquiera han iniciado las primeras etapas para tenerlo.
De acuerdo con el sitio web oficial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de los 82 cantones del país menos de la mitad (40) cuentan con plan regulador, mientras que más de la mitad de los cantones que sí tienen uno lo promulgaron antes del año 2000 y solo 21 toman en cuenta todo el territorio del cantón. Asimismo, solo 21 tienen la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y apenas cuatro tienen un matriz de vulnerabilidad hidrogeológica.
De los cantones que aún no tienen plan regulador, 15 ni siquiera han iniciado el proceso para contar con uno de ellos.
"Es necesario que nuestro país avance hacia una adecuada planificación urbana, la cual permita contar con estas herramientas en todo el territorio nacional y con adecuadas actualizaciones ajustadas a la normativa ambiental y general.
Entonces, es prioritario que el legislador establezca dentro del marco jurídico costarricense, plazos determinados para que las municipalidades inicien las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y este último, dentro de sus competencias, mejore los procesos y reglamentos relacionados con los planes reguladores, siempre buscando la eficiencia y agilidad", señala la exposición de motivos del proyecto de Sibaja y Cisneros.
La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 24.108 adiciona dos párrafos finales al artículo 15 de la Ley 4240 para establecer que la inacción de la Administración Municipal para promover la formulación o actualización del plan regulador y la no adopción del mismo por parte del Concejo Municipal sin el debido respaldo técnico y científico representará un incumplimiento de deberes y será penado de conformidad con lo que establece el artículo 339 del Código Penal, el cual dispone una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta cuatro años.
Otra de las medidas contenidas es una reforma al artículo 70 de dicha ley, el cual establece un impuesto de hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones a favor de las municipalidades, de modo que se establezca que los ingresos por concepto de ese tributo deberán ser utilizados prioritariamente en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes reguladores.
Asimismo dispone que las municipalidades deberán tomar las previsiones necesarias para financiar la etapa de formulación del plan regulador, si el ingreso por concepto de impuesto de construcción no es suficiente para sufragar el costo total del mismo; y que cuando la municipalidad haya cumplido con lo anterior, los fondos se podrán usar en otros destinos que esta decida.
El proyecto queda pendiente de ser convocado a sesiones extraordinarias y de que se le asigne una comisión encargada de su estudio.
Breves
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó una moción "para que el Plenario manifieste su solidaridad con el pueblo ecuatoriano en espera de que se reestablezca el orden y la paz en esa nación".
— Los miembros de los Supremos Poderes se reunieron esta mañana en la Asamblea Legislativa para avanzar en un texto sobre prisión preventiva, con la finalidad de poner un freno a la inseguridad que vive el país. En la reunión estuvieron presentes Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia; Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Randall Zuñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial y la diputada Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Los jerarcas se reunirán de nuevo el próximo viernes.
