El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate y por unanimidad un proyecto de ley de la socialcristiana María Marta Carballo Arce para endurecer el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a personas condenadas por más de 18 delitos.
Se trata del expediente 23.737 cuyo texto enmendado quedó listo antes del receso de fin de año y que tras haberse publicado en La Gaceta y haberse agotado el plazo para la contestación de las audiencias escritas fue sometido a discusión y votación del Plenario.
La propuesta adiciona dos párrafos al artículo 64 del Código Penal que regula el quién puede solicitar la libertad condicional, y cuya versión actual dispone que puede hacerlo "todo condenado a pena de prisión" cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta.
Los textos que se añaden son un endurecimiento a ese requisito previo de modo que en delitos como homicidio simple y calificado, violación, abusos sexuales, trata de personas, robo simple en su modalidad con uso de violencia, robo agravado, secuestro extorsivo, tráfico de órganos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, el beneficio solo pueda solicitarse cuando hayan transcurrido dos tercios de la pena impuesta.
La misma medida aplicará para quienes hayan sido condenados por los delitos de femicidio o femicidio en otros contextos, así como por el delito de divulgación de información de la Plataforma de Información Policial, y los delitos contemplados en la Ley 7786 contra estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, cuando las conductas tipificadas involucren actividades de terrorismo, financiamiento del terrorismo o legitimación de capitales o hayan sido cometidas con violencia contra las personas o con el uso de armas o por personas que ejerzan dirección o autoridad o tengan un rol de participación significativo dentro de una organización criminal.
Crédito para obras en riesgo inminente pasa el trámite de comisión
La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente y por unanimidad el crédito de $700 millones entre Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a reconstrucción, construcción y mejora de infraestructuras críticas como carreteras, puentes, escuelas y viviendas que se encuentran en estado deficiente y enfrentan riesgos inminentes.
En su evaluación, los legisladores establecieron una serie de condiciones y controles para respaldar la aprobación de este crédito, entre ellas la condición de que los recursos del préstamo se incorporen mediante un presupuesto extraordinario, el cual posteriormente será transferido a la Comisión Nacional de Emergencias. También se ha introdujo un cambio que requiere que las obras planificadas se presenten ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación desde la fase de inversión.
Adicionalmente se añadió un nuevo artículo que exige informes semestrales de auditoría por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, evaluando aspectos como la planificación, desempeño de las firmas ejecutoras de los recursos y avances físicos y financieros de los proyectos. En este contexto, la comisión también dispuso que esos informes de auditoría semestrales se remitan con copia a la Contraloría, para un seguimiento efectivo del proceso de ejecución de los recursos.
Asimismo, excluyó de la aplicación de la regla fiscal los recursos del contrato y los fondos para la relocalización de servicios públicos; y se modificó el artículo 12 del proyecto para hacer indispensable la autorización de la tala de árboles y la limpieza de terrenos, siempre que se cuenten con planes de compensación correspondientes que mitiguen los efectos de dichas actividades.
