Por haber retirado el recurso, la orden de la Contraloría de anular la contratación queda en firme.

El Poder Ejecutivo anunció está tarde que el director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Nelson Morera Paniagua retiró el recurso de revocatoria que había presentado contra la orden de la Contraloría General de la República que detuvo la contratación directa a Racsa y sus aliados comerciales para la compra de los Sistemas de Inspección no Intrusiva (escáneres de contenedores) que se pensaban colocar en varios puestos fronterizos del país.

La orden de la Contraloría había sido girada a Morera Paniagua y al ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras el pasado 20 de diciembre luego de que el ente contralor comprobara que el SFE pretendía hacer uso de una contratación directa entre entes públicos (excepción permitida por el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986) sin cumplir con los requisitos formales para poder aplicar dicha excepción.

Según informaron en las redes sociales de Casa Presidencial, que compartió un oficio del presidente Rodrigo Chaves Robles dirigido a la contralora Marta Acosta Zúñiga, la decisión de retirar el recurso se dio con el fin de permitirle a Acosta "discutir este tema transcendental para la seguridad nacional y el cumplimiento de un mandato legal que tiene el Gobierno, de operar escáneres en los puestos fronterizos del país".

La semana pasada la contralora había adelantado que en la reunión entre la Contraloría y Presidencia a realizarse este 1 de febrero no se abordaría “cualquier recurso planteado ante la institución por parte de la Administración”. Tras la decisión del Ejecutivo de retirar el recurso la orden de la Contraloría para detener el contrato quedó en firme, por lo que el procedimiento de contratación quedó sin efecto.

Ley no permite modelo pretendido por el gobierno para contratación de escáneres

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles aseguró el pasado 18 de enero que la decisión de la Contraloría General de la República de detener la contratación directa a Racsa para la compra de los Sistemas de Inspección no Intrusiva se daba por una interpretación de la Contraloría y no por lo que indica la ley.

Sobre la contratación de los escáneres por Racsa y la decisión de la Contraloría de detener ese contrato, Chaves señaló:

Estamos hablando de violencia, narcotráfico, etcétera. Ah, no, no se puede porque una interpretación de la Contraloría es que no se pueden hacer asociaciones público-privadas para que haya acuerdos entre las instituciones del Estado. Eso en ninguna parte en la ley lo dice, ella lo interpreta, porque hay dos artículos que dicen esta es una excepción, se puede, y esta otra es otra excepción. Y en esencia lo que dice, ah no, es que dos excepciones no se valen, la ley no dice eso”.

Sin embargo, el artículo 3 de la Ley Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), que es el que permite a entes públicos contratarse directamente de forma excepcional, expresamente indica lo contrario, señalando:

Las contrataciones con terceros por parte del ente público contratado deberán estar referidas a cuestiones especializadas y observar los procedimientos establecidos en la presente ley. Esta excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley”.

Dato D+: El artículo 3 de la Ley 9986, establece que los entes públicos pueden contratarse directamente de forma excepcional siempre y cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar y este realice al menos un setenta por ciento (70%) de la prestación del objeto contractual.

Para el caso de la compra de los escáneres de contenedores, Racsa formó una Alianza Comercial Estratégica con el consorcio Low Risk, representante local del fabricante de escáneres ASTROPHYSICS, posterior a lo cual la Contraloría señaló el pasado 21 de diciembre que “el procedimiento especial utilizado por Racsa en la escogencia del socio, dentro de la excepción de alianzas estratégicas, no es equivalente a un procedimiento ordinario”, lo que es equivalente a una contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley, y por tanto contrario a la Ley 9986.

Por tal motivo, la Contraloría encontró que el SFE y Racsa estaban tratando de utilizar de forma simultánea dos excepciones que son incompatibles. Ahora que la orden de la Contraloría quedó en firme, el Ejecutivo deberá cumplir con el marco jurídico en materia de contratación pública, de manera tal que la selección de cualquier contratista se ajuste al marco legal y reglamentario aplicable.