Del 2014 a la fecha, la Defensoría ha atendido 300 quejas relacionadas con violencia obstétrica.
La Defensoría de los Habitantes anunció, este miércoles, que va a investigar la atención de partos de alta complejidad en las zonas rurales del país, luego del caso de la bebé recién nacida que no fue atendida de manera correcta esta semana, en el Hospital La Anexión, en Nicoya.
Preocupa a la Defensoría de los Habitantes las limitaciones para recibir atención de calidad que tienen las mujeres embarazadas, particularmente en los hospitales periféricos, al enfrentar casos de alto riesgo en el momento del parto, como el que motivó la situación actual y cuyas redes de servicios de atención registran una presunta saturación de los mismos. Situaciones como la presente, podrían estar generando barreras de acceso, condiciones de exclusión y desigualdades violatorias de los derechos humanos entre las mujeres gestantes de la Gran Área Metropolitana y de las zonas rurales del país. Resulta demandante, por tanto, diagnosticar las condiciones de prestación de los servicios, los recursos disponibles y la articulación que existe en las redes para la atención de la población".
La entidad reportó que del 2014 a la fecha, han atendido un total de 300 quejas, entre consultas e investigaciones, relacionadas con violencia obstétrica.
Entre las situaciones expuestas se encuentran la falta de atención médica, maltratos verbales, falta de información y de acompañamiento a las pacientes, violaciones al derecho a la intimidad, trato humillante y degradante, utilización de técnicas obsoletas, falta de equipo médico y falta de atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, entre otras.
Según la Defensoría:
Todas estas acciones y omisiones de parte del personal de salud son un trato deshumanizado y discriminatorio que constituyen graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres y de sus bebés".
El ente agregó que la violencia obstétrica "refiere a la atención irrespetuosa, ofensiva y negligente en los servicios de salud ginecoobstétrica, incluyendo el proceso de atención del embarazo, el parto y el post parto, que pone en riesgo el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la no discriminación de las mujeres".
Los casos de violencia obstétrica que sí se han comprobados entre las denuncias, describen situaciones de humillación, maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento, culpabilización, violación al derecho de acompañamiento, incumplimiento del consentimiento informado, negativa a administrar analgésicos durante procedimientos dolorosos o u otros procedimientos, así como violencias estructurales visibles en el rechazo en la admisión en centros de salud, incluso en casos de emergencia, además del incumplimiento de los protocolos de atención durante el parto y para la prestación de servicios adecuados para las mujeres y sus bebés.
Las líneas de investigación de la Defensoría respecto a este caso irán dirigidas a determinar si esta fue una situación de violencia gineco-obstétrica; dar seguimiento a la evolución de la salud de la madre y del bebé; y a identificar las carencias del sistema de salud "que propician dificultades para la atención en salud fuera de la Gran Area Metropolitana".
El ente agregó que:
Como todos los niños y las niñas, la bebé del caso del Hospital de la Anexión, tuvo y tiene el derecho a la atención médica del más alto nivel y a recibir el auxilio requerido según su condición de salud y desde la óptica de la vulnerabilidad y el riesgo para su vida. Es inaceptable que la atención médica de urgencia en Costa Rica para cualquier ser humano y, particularmente para las y los neonatos, se vea condicionada por el lugar del nacimiento, y que sus oportunidades de sobrevivencia dependan de esta circunstancia".
