La Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el financiamiento de los partidos políticos durante la campaña electoral del 2022 entregó este lunes su informe final en medio de los usuales pleitos entre los representantes de la oposición y el oficialismo por el contenido del documento, el manejo de la sesión y del reglamento legislativo.
Los diputados Ariel Robles Barrantes (FA), Francisco Nicolás Alvarado (PLN), Jorge Dengo Rosabal (PLP) y las diputadas Dinorah Barquero Barquero (PLN) y Vanessa de Paul Castro (PUSC) suscribieron un informe de mayoría con 390 páginas de extensión en el que abordaron el vídeo "Salto al vacío", las estructuras paralelas de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves Robles y el lío legal que Nueva República sostiene con el dueño de Pedregal.
El informe aprobado solo expone cinco puntos respecto al vídeo "Salto al vacío":
- Que Moisés Fachler Grunspan pagó mediante la sociedad Profeso S.A un monto de $9875 a la sociedad El Drim Tim SA para la producción de un video para promover la venta de un inmueble (según su dicho), aunque Marcos Blanco Campos, gerente de la agencia La Tres dijo que dinero se utilizó para la producción del video y cuyo guionista fue Giovanni Bulgarelli Rojas, contratado por esa misma agencia de comunicación, la cual daba servicios a la campaña de Liberación Nacional.
- Que el TSE calificó el video como una evidente propaganda político-electoral.
- Que el video no fue reportado como donación en especie o similar.
- Que los testigos que comparecieron sobre este tema reflejaban evidentes contradicciones entre sí.
- Que al no ser reportado el video al TSE como donación en especie o similar, se violentó la normativa nacional en materia de regulación de las contribuciones partidarias, lo que debía ser atendido por ese tribunal.
Respecto al financiamiento de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, el informe de mayoría contiene 19 conclusiones, entre ellas que en la campaña de Progreso Social Democrática operaron dos estructuras paralelas de financiamiento, siendo la primera operada por Sofía Agüero Salazar quien recibió en sus cuentas del Banco Nacional de Costa Rica la suma de $195.816.27 proveniente de Jack Loeb Casanova para gastos de campaña del PPSD, los cuales fueron utilizados con fines electorales para apoyar las candidaturas de Waldo Agüero Sanabria (padre de Sofía) para ocupar el cargo de diputado y de Rodrigo Chaves Robles como candidato a la presidencia.
La segunda estructura paralela señalada por el informe operó bajo la figura del fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue administrado por parte de la fiduciaria ATA Trust Company S.A en la cual figuró como presidente de la misma el hoy canciller Arnoldo André, y quien se encargó de la administración del fideicomiso según confirmó bajo juramento Alonso Vargas Araya, representante legal de la fiduciaria y quien firmó la constitución y liquidación del fideicomiso. Vargas y André son, además, socios en la firma legal Lexincorp.
De acuerdo con las conclusiones del informe, el fideicomiso Costa Rica Próspera fue utilizado para recibir fondos y pagar gastos de campaña del PPSD, según se desprende de una nota enviada por el propio Rodrigo Chaves al TSE, donde dijo que las cuentas del fideicomiso estaban recibiendo fondos para campaña. Para arribar a esa conclusión, además, la comisión citó como prueba una convocatoria a una cena de campaña en donde figuraban los logos y colores del PPSD y la candidatura de Rodrigo Chaves, aunque en la misma se indicaban las cuentas del fideicomiso para recibir los fondos de dicha actividad.
El informe apuntó directamente al mandatario Chaves como "actor intelectual" de la estructura paralela de financiamiento de su campaña:
El señor Rodrigo Chaves Robles fue actor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del Fideicomiso Costa Rica Próspera como una fuente ilegal de financiamiento de su campaña.
Además el informe señala que el fideicomiso fue utilizado para pagar gastos de campaña del PPSD como lo fue el personal de call center, según confirmaron personas que trabajaron allí y que asistieron en calidad de testigos a la comisión.
Asimismo el documento indica que el fideicomiso fue utilizado para pagar gastos de campaña del PPSD como el alquiler de Casa Progreso, pago de viáticos y servicios profesionales a candidatos como los actuales diputados Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca, así como pago de material audiovisual para la campaña por un monto total de $310.666.42 y ₡35.747.749,42 según el informe IDI-DFPP-001-2021 del Tribunal Supremo de Elecciones.
Por otro lado el informe concluyó que el fideicomiso en cuestión, mediante su fiduciario ATA Trust Company S.A, pagó a la empresa Madisson Revolution S.A facturas por un monto cercano a los $83.724,36, y una factura pagada a la misma empresa por Jack Loeb Casanova por $49.861,25 en función de la campaña electoral a favor del PPSD y utilizados entre otras cosas para pautar en los canales de televisión de Repretel y Teletica Canal 7.
Dichos montos se pueden verificar también en el expediente 22-000027-1623-CI, incoado por la empresa Madisson Revolution S.A contra Rodrigo Chaves Robles, Pilar Cisneros Gallo y el Partido Progreso Social Democrático, por adeudarles aún sumas por concepto de productos audiovisuales de la misma campaña electoral del 2022.
De seguido el documento cuenta con cuatro conclusiones adicionales que apuntan directamente hacia Chaves: que fue la figura que unió los diferentes participes del fideicomiso en todas las facetas e instancias; que aparece en diversas acciones y situaciones relacionadas con el fideicomiso, además de ser uno de los constituyentes de dicho fideicomiso; que aparece en relación constante con los diferentes actores involucrados en el fideicomiso; y que figura como tomador de decisiones en todos los alcances del fideicomiso, que constituyó una fuente ilegal de financiamiento.
De igual forma el informe afirma que el canciller André administró, al margen de la legalidad, el fideicomiso en cuestión bajo tutela y orientación de Chaves; y que el fideicomiso recibió dinero de personas jurídicas para ser usado en gastos de campaña del PPSD, violando el artículo 128 del Código Electoral.
Además los miembros de la oposición afirmaron que tanto Chaves como el vicepresidente Stephan Brunner Neibig "tenían conocimiento de la ilegalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera en el uso para la campaña electoral 2022, como lo confirma un audio difundido y posteriormente aceptado por el mismo Brunner".
Como otros aportes ilegales a la campaña de Chaves se citó la compra de bonos por interpósita persona (su hijo, De Dheng Lin Hu) hecho por la pareja Zufan Lin y Weiwen Hu; así como la donación en especie de big data por el argentino José Norte, sin que fuera reportado al Tribunal Supremo de Elecciones.
Se determinaron gastos ordinarios en la campaña como alimentación y publicidad, que se cancelaban con bonos, desnaturalizando esta figura de financiamiento, al no reportarlo ante el TSE, concretamente en el caso del pago de 25 mil almuerzos al señor Fengliang Zheng Zheng y el pago de Alejandro Brokke Álvarez, que brindó servicios de comunicación para la campaña del señor Rodrigo Chaves Robles, ambos cancelados con bonos electorales contra sus voluntades.
Finalmente el informe concluyó que se comprobó que la campaña del entonces candidato utilizó dos centros físicos paralelos de campaña, no reportados ante el Tribunal Supremo de Elecciones; con bienes, colaboradores asalariados, equipo informático y de comunicación: una casa del exdiputado Humberto Vargas Corrales y el Hotel Aurola, según confirmó Calixto Chaves Zamora durante una sesión en la comisión.
Finalmente, sobre la campaña de Nueva República el informe de mayoría concluyó que ocurrió una posible utilización de doble garantía (bonos electorales y pagaré) en el crédito otorgado por Rafael Zamora Fernández, dueño de Pedregal, a través de la empresa Hacienda Solimar S.A en beneficio de NR durante la campaña de 2022, violentando el artículo 128 del Código Electoral y pudiendo configurar los delitos previstos en el artículo 276 del mismo cuerpo normativo, además, la posible comisión del delito de fraude de ley de conformidad a los artículos 5 y 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los firmantes del informe pidieron al Plenario tramitar iniciativas de ley que permitan fiscalizar a profundidad el financiamiento a favor de partidos políticos, procedencias o no de responsabilidades políticas y el uso adecuado de tecnologías de información y redes sociales, en virtud de que se documentaron transferencias de fondos provenientes de extranjeros a un ciudadano costarricense, para que este, a su vez se lo donara a un partido político, o bien, comprara bonos electorales, en clara intención de eludir la prohibición de ley; y porque se evidenciaron casos donde gastos ordinarios como alimentación se cancelaron con bonos electorales, desnaturalizando esta figura de financiamiento.
En igual sentido el informe pide al Congreso dictaminar y dar prioridad a iniciativas de ley que permitan cerrar portillos a comportamientos y prácticas delictivas o de insana participación y competencia; remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para que valoren si existen elementos que contribuyan a las investigaciones instruidas por cada instancia; y crear normativa y mecanismos de fiscalización para que se prohíba utilizar a ciudadanos costarricenses como testaferros de personas extranjeras.
En ese sentido, debe obligarse a que los donantes nacionales declaren el origen de sus recursos, de manera que, si provienen directamente de manos extranjeras, igualmente les cubra la prohibición.
Además la comisión recomendó regular o prohibir la cesión de bonos electorales a cambio de bienes, servicios o créditos que pretendan eludir los controles de donación ante el Tribunal Supremo de Elecciones y que la Asamblea presente y apruebe prioritariamente tres propuestas de ley en materia de regulación de financiamiento y las campañas electorales, así como uso de campañas de desinformación electoral y noticias falsas por cualquier red social con fines electorales; crear sanciones más rigurosas ante el uso de fideicomisos irregulares y sin aval del Tribunal Supremo de Elecciones para el financiamiento paralelo de campañas electorales, así como reformar el artículo 115 del Código Electoral para regular los descuentos otorgados por los partidos políticos y la compra de bonos electorales con excesos como los demostrados durante la investigación.
Al Tribunal Supremo de Elecciones el informe recomienda que incorpore las reformas que consideren para el adecuado financiamiento de partidos políticos y que en conjunto con la Asamblea Legislativa cree los marcos normativos que permitan robustecer la fiscalización; así como valorar la ampliación de hechos en los respectivos expedientes de investigación, mediante la inclusión y análisis de las actas de la comisión que señalan nuevos actos delictivos y estructuras paralelas de financiamiento que incluyen donación de personas extranjeras, pago de facturas por servicio de alimentación y publicidad mediante bonos de deuda pública, pago de servicios públicos, salarios, viáticos, alquileres y combustible para uso exclusivo de un partido político y una campaña electoral, mediante un fideicomiso no reportado ante el TSE y donaciones no reportadas a ese ente electoral, para su posterior remisión al Ministerio Público.
También se le pidió al ente electoral replantear mecanismos de fiscalización, control, seguimiento y sanciones más robustos para quienes incurran en pago, donación o cualquier prestación de servicios no declarados en beneficio de un partido político; y ampliar todas las investigaciones realizadas.
Por último al Ministerio Público se le hacen siete solicitudes, empezando por investigar los hechos descritos en el informe con el fin de determinar la constitución de delitos y la apertura de nuevos expedientes; considerar una solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales; y adjuntar a los expedientes abiertos en el Ministerio Público sobre la campaña electoral 2022 el informe, las actas de todas las sesiones, así como la documentación aportada al mismo.
También se le recomendó solicitar el levantamiento del secreto bancario contra Rodrigo Chaves Robles, Arnoldo André Tinoco, Pilar Cisneros Gallo, Sofia Agüero Salazar, Jack Loeb Casanova, Calixto Chaves Zamora y Federico Cruz Saravanja con el fin de verificar los movimientos financieros en favor de la campaña electoral 2022 que no se encuentran reportados dentro al TSE.
Además se le pidió al Ministerio Público investigar si Adrián Torrealba Navas, Calixto Chaves Zamora, Bernal Jiménez Chavarría, Jack Loeb Casanova, Arnoldo André Tinoco, Damaris Robles Aguilar, Roberto Batalla Gallegos, Luis Diego Soto Clausen, Helen Valerie Loeb Casanova, José Antonio Yock Fung y cualquier otra persona ligada al fideicomiso Costa Rica Próspera o el financiamiento paralelo del Partido Progreso Social Democrático recibió alguna ventaja indebida directa o indirecta del actual gobierno como lo podría ser nombramientos en ministerios, instituciones autónomas, políticas económicas que beneficien los negocios personales, o bien, cualquier disposición que configure el delito de tráfico de influencias tipificado en el numeral 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, sin perjuicio de otras calificaciones que pueda emitir la Fiscalía.
Finalmente, respecto al video "Salto al vacío" se pidió que prosiga la investigación por presunto perjurio y falso testimonio dadas las contradicciones entre Moisés Fachler Grunspan y Marcos Blanco Campos, mientras que respecto a la campaña de Nueva República se pidió investigar el posible delito de fraude de ley en el préstamo otorgado por la empresa Hacienda Solimar S.A a esa agrupación.
El informe de mayoría no fue suscrito por Fabricio Alvarado Muñoz de Nueva República, quien aún no responde a las preguntas remitidas por la prensa a través del chat de la fracción de NR, ni por la oficialista Ada Acuña Castro, quien durante la sesión causó interrupciones reiteradas, como ha sido costumbre desde hace meses, entorpeciendo el debate del informe y luego abandonando el salón de sesiones antes de que éste fuera votado.
Acuña, desconociendo el reglamento legislativo, pretendió que su informe de minoría se leyera, discutiera y votara, pese a que los procedimientos son claros: se conoce siempre primero el informe de mayoría y solo si este es rechazado, se pasa a la propuesta minoritaria. Aún así, y por cortesía parlamentaria pese a sus reiteradas malacrianzas, la diputada Vanessa Castro leyó las conclusiones del informe de minoría.
La legisladora, que sostiene que hubo una estructura paralela de financiamiento en la campaña del PLN evidenciada por el vídeo de "Salto al vacío" y el viaje del entonces candidato José María Figueres a República Dominicana, señaló en sus conclusiones que no hubo falta ni delito alguno con el fideicomiso Costa Rica Próspera, y que en la campaña de Progreso Social Democrático no se cometió ningún delito por financiamiento ilegal de la campaña de Chaves.
El fideicomiso Costa Rica Próspera fue constituido al amparo de las libertades de expresión, información, asociación y de pensamiento crítico, con la finalidad de captar recursos para financiar los gastos durante un proceso de construcción de alianzas y consolidación de pensamientos, por un grupo conformado inicialmente por amigos empresarios y pensadores, que con un sentido patriótico dieron sus aportes intelectuales y económicos para plantear propuestas de mejora ante la situación socioeconómica en que estaba el país y buscar alianzas para impulsar una candidatura capaz de liderar el rumbo del país hacia un buen puerto.
Ambos informes deberán ser programados para ser discutidos en el Plenario. Al igual que en la comisión, primero deberá discutirse y votarse el de mayoría, y solo si este es rechazado se discutiría y votaría el de minoría.
Breves
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó un minuto de silencio en memoria de Bryan Josué Rivera Oviedo, oficial de Fuerza Pública, destacado en la delegación policial de Puntarenas, quien fue asesinado en cumplimiento de su deber en Barrio Las Parcelas, Herradura, cuando llegó a atender una emergencia del 9-1-1
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó suspender la sesión de Plenario del miércoles 6 y jueves 7 de marzo de 2024 y en su lugar sesionar de forma extraordinaria esos días de 9 am a 12 md. Para la sesión del 6 de marzo el orden del día será el correspondiente al de la sesión ordinaria. La sesión del 7 de marzo se realizará en el auditorio del campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara de San Carlos para realizar un debate reglado sobre el Mes de la Mujer y la problemática y soluciones para los distintos sectores económicos de la Zona Norte.
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.508 "Reforma a la Ley N.° 9427, del 27 de febrero de 2017, Autorización a la Municipalidad de Aserrí para que segregue y done un inmueble de su propiedad".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.986 "Ley para incorporar la representación del cantón de Puerto Jiménez en Judesur".
