El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y por unanimidad el proyecto de ley de la socialcristiana María Marta Carballo Arce para endurecer el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a personas condenadas, por primera vez, a alguno de 18 delitos considerados 'graves' con esta reforma.
Se trata del expediente 23.737 cuyo texto enmendado quedó listo antes del receso de fin de año y que tras haberse publicado en La Gaceta y haberse agotado el plazo para la contestación de las audiencias escritas fue sometido a discusión y votación del Plenario.
La nueva ley, pendiente de la sanción respectiva del Poder Ejecutivo, adiciona dos párrafos al artículo 64 del Código Penal que regula el quién puede solicitar la libertad condicional, y cuya versión actual dispone que puede hacerlo "todo condenado a pena de prisión" cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta.
Los textos que se añaden son un endurecimiento a ese requisito previo de modo que en delitos como homicidio simple y calificado, violación, abusos sexuales, trata de personas, robo simple en su modalidad con uso de violencia, robo agravado, secuestro extorsivo, tráfico de órganos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, el beneficio solo pueda solicitarse cuando hayan transcurrido dos tercios de la pena impuesta.
La misma medida aplicará para quienes hayan sido condenados por los delitos de femicidio o femicidio en otros contextos, así como por el delito de divulgación de información de la Plataforma de Información Policial, y los delitos contemplados en la Ley 7786 contra estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, cuando las conductas tipificadas involucren actividades de terrorismo, financiamiento del terrorismo o legitimación de capitales o hayan sido cometidas con violencia contra las personas o con el uso de armas o por personas que ejerzan dirección o autoridad o tengan un rol de participación significativo dentro de una organización criminal.
Por otro lado y siempre en agenda de seguridad, la presidencias de las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, y la de Asuntos Jurídicos acordaron que el proyecto de ley de ejecución de la pena que estaba siendo estudiado y tramitado en la segunda comisión, pase al primer foro para continuar su trámite durante un plazo de seis meses.
Breves
— Con 35 votos a favor y 8 en contra el Plenario aprobó una moción para condenar el reciente ataque contra Joao Maldonado, activista político nicaragüense exiliado, y su esposa Nadia Robleto, ocurrido en San Pedro de Montes de Oca el 10 de enero; así como instar a las autoridades a esclarecer el motivo del atentado y determinar si en el país operan grupos criminales vinculados a la dictadura nicaragüense. Además, se exige al Gobierno de la República que condene claramente al régimen Ortega-Murillo por violar derechos políticos, reprimir a la sociedad, encarcelar a disidentes, perseguir a la prensa independiente, usurpar propiedades y despojar de nacionalidad a opositores; y se expresó solidaridad con los obispos y sacerdotes nicaragüenses que fueron encarcelados y desterrados por la dictadura.
— Con 47 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.012 "Ley para autorizar a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños el traslado de los fondos destinados por la Ley N°8793 a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el pago directo de las obras de construcción y el equipamiento del Proyecto Torre Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños, denominado Torre de la Esperanza".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.470 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública".
— La bancada de Liberación Nacional solicitó este martes, en control político de su jefe de fracción, Oscar Izquierdo Sandí, la renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, por considerar que ha incumplido sus funciones de resguardo a la salud y la Seguridad Social del país.
