Ejecutivo pretende modificar artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para construir Ciudad Gobierno con el BCIE.

El Poder Ejecutivo presentó el día de ayer dos proyectos de ley que pretenden modificar la Ley General de Contratación Pública de manera que les permita construir el proyecto de Ciudad Gobierno utilizando un modelo financiero tipo Construir, Arrendar, Transferir (BLT, por sus siglas en inglés) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los proyectos presentados pretenden modificar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que la modalidad escogida por el Gobierno para otorgar el proyecto al BCIE era imposible de aplicar por ser contraía a la legislación vigente.

La Contraloría advirtió al Poder Ejecutivo que el uso del artículo 67 de la LGCP no puede aplicarse a la construcción de una obra en terrenos del Estado, ya que lo que autoriza es el arrendamiento o la compra de bienes inmuebles, siempre que se presenten una serie de supuestos, a partir de los cuales la promoción de un procedimiento ordinario de contratación no resulte ser la mejor vía para solventar una necesidad latente.

Adicionalmente, la Contraloría advirtió al Ejecutivo que el proyecto presentado no se trata de un fideicomiso financiero, señalando que “la adquisición de un inmueble a plazos, mediante pagos es un arrendamiento financiero y por ende deuda pública”, lo que significa que el financiamiento requeriría la aprobación de una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa para ser aprobado.

En su advertencia, dada desde el pasado 7 de setiembre, la Contraloría recordó la importancia del proyecto pero señaló al Ejecutivo que lo que procede es “someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”.

Para evitar las advertencias de la Contraloría y no someter el proyecto de Ciudad Gobierno a los los procedimientos ordinarios de contratación el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativas dos opción: hacer una interpretación auténtica de los artículos 66 y 67 (expediente 24.100) o modificar esos dos artículos (expediente 24.099) para ajustarlos a su necesidad.

Dato D+: La interpretación auténtica es una ley especial mediante la cual la Asamblea Legislativa clarifica las intenciones reales con las cuales se emitió una ley y por ende tiene carácter retroactivo.

Sobre los proyectos presentados el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, señaló en la conferencia de prensa el miércoles anterior:

Le estamos dando a los diputados los dos únicos proyectos para que Ciudad Gobierno sea una realidad, les estamos dando dos caminos para que ellos escojan el que les parece mejor para desarrollar el proyecto. Consideramos que el mejor de los caminos es el Proyecto de Interpretación Auténtica, pero esa es una decisión política de la Asamblea Legislativa y si los diputados prefieren otro camino, también tienen el texto a su disposición”.

Desde el Poder Ejecutivo han señalado que el proyecto de Ciudad Gobierno tiene un costo estimado de 450 millones de dólares, y pretende albergar 35 instituciones públicas y espera ser desarrollado en las inmediaciones de Plaza González Víquez.

Uno de esos terrenos había sido traspasado por el Liceo de Costa Rica a favor del Gobierno, sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José (TCA) emitió una medida cautelar para suspender ese traslado en virtud de una demanda entablada por el presidente estudiantil de dicho colegio y de un egresado.