La orden mandó a frenar las contrataciones que tienen siete instituciones con la agencia de comunicación estatal.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) señaló, este martes, que apelará la orden de la Contraloría General de la República (CGR) que mandó a frenar las contrataciones que siete instituciones del Poder Ejecutivo tienen con su agencia de comunicación.

En el oficio "Respuesta a oficios emitidos por la Contraloría General de la República" enviado por el sistema esta tarde, SINART señaló que:

Presentaremos los Recursos Ordinarios de Revocatoria con Apelación en Subsidio que la ley nos permita, la documentación que sea necesaria para justificar el accionar del SINART, S.A. con total transparencia, ante la seguridad de haber actuado a derecho, abrimos los canales de comunicación con el ente contralor".

La orden de frenar las contrataciones la anunció la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en audiencia ante la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre las contrataciones del SINART, la cual se realizó el día de ayer.

La orden pesa para los carteles que el sistema lleva con la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el Banco de Costa Rica (BCR) y con el Instituto Nacional de Seguros (INS), según consta en el informe DFOE-GOB-0498; y contra el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Cultura y Juventud y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), según el informe DFOE-GOB-0499 del ente contralor.

En el encuentro, Acosta adelantó que si bien el proceso de investigación no está concluido y no puede adelantar criterio, las órdenes giradas este lunes sí eran de conocimiento público.

Según el primer documento suministrado por la contralora, del resultado del análisis de los carteles con la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el INS y con el BCR se concluyó que en todos los procesos de contratación pública hay ausencia de elementos esenciales.

Entre ellos destaca la definición de las necesidades públicas que motivaron las contrataciones:

En consecuencia los contratos suscritos presentan indeterminación en el objeto contractual, es decir se presenta una deficiente definición del para qué se contrata y qué se obtendrá a cambio del precio, con un detalle que permita luego determinar si la prestación fue o no cumplida a satisfacción, con lo cual se producen graves incumplimientos al ordenamiento jurídico".

A su vez, y para las cuatro contrataciones restantes, la Contraloría señaló que los cuatro contratos carecían de la realización de un plan de medios; que las contrataciones del SBD y Procomer presentan un objeto contractual indeterminado por cuanto se señala que será la institución la que, en la fase de ejecución, indique los mensajes a comunicar, mientras que en el caso de la contratación realizada por el IFAM, del mensaje que se pretende difundir la Contraloría concluyó que no se deriva que refiera a un “mensaje relacionado con la gestión institucional, directamente vinculado con avisos al público en relación con el servicio” conforme al reglamento de la ley vigente.

Además, la Contraloría señaló que no consta en los documentos que integran el expediente administrativo en Sicop la indicación expresa de la necesidad pública (artículo 4 inciso b) de la Ley y su reglamento); de modo que dicha omisión "impacta negativamente no sólo la determinación del objeto contractual sino también el resto de los requisitos generales y específicos indispensables para la verificación de la correcta procedencia de la excepción e incluso del debido cumplimiento en las subsiguientes fases".

Ante lo anterior SINART respondió este martes señalando que la institución está "realizando un análisis profundo y meticuloso sobre las manifestaciones emitidas por la CGR":

Los procesos de contratación seguidos por el SINART, S.A. hasta el día de hoy cumplen con los procedimientos permitidos por la Ley General de Contratación Pública, (y su reglamento) siempre ajustados al cumplimiento de las normas y los valores éticos, prevaleciendo en todo momento el interés público".